Las constructoras pedirán ayudas en la obra pública ante el miedo a una inflación disparada | Empresas

La mala experiencia vivida recientemente por el sector de la construcción ante la fuerte escalada de precios de materiales básicos, que derivó de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania, vuelve a atenazar a las mayores referencias de la obra pública española. En los principales despachos se analizan opciones para reclamar medidas excepcionales de ayuda a la Administración, como es la instauración de mecanismos de revisión de precios en las obras y proyectos que carecen de ellos.

Los ataques que se producen desde el pasado sábado por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, y la respuesta de este país contra territorios vecinos con objetivos norteamericanos, se traducen ya en tensión sobre los precios energéticos y previsiones de estrangulamiento de la logística marítima, con el paso de Ormuz en el epicentro del conflicto en Oriente Próximo y China con necesidades de importar petróleo por nuevas vías. Todo ello, según se extiende entre las compañías de construcción, apunta hacia un salto en los precios de materias primas y de la energía que amenazaría a la estabilidad de los contratos en ejecución y de los que están en rampa de licitación.

La disposición del Gobierno de Pedro Sánchez a poner en pie medidas que mitiguen el impacto de la guerra sobre la economía hace que las asociaciones de constructoras piensen ya en la referida recuperación de la revisión excepcional de precios en la obra pública, mecanismo que ya funcionó tras la anterior escalada inflacionaria. La patronal CNC estimó que solo en 2022 quedaron desiertos más de 2.000 contratos de obra pública por un valor total de 982 millones ante el riesgo que suponían los precios desbocados.

Antes de esta nueva crisis, las previsiones de inflación para España iban del 2% al 2,4% (Banco de España, Funcas, CaixaBank Research o Bankinter), pero en la asociación Seopan, que agrupa a referencias como ACS, Ferrovial, FCC, OHLA, Sacyr, San José o Comsa, ya se avista el referido escenario similar al vivido durante la pandemia o los primeros años de la guerra de Ucrania. “Hubo un alza desproporcionada e imprevisible del precio de las materias primas, materiales de construcción y energía”, recuerda el presidente del colectivo, Julián Núñez. Con el coste de los materiales disparados, el Gobierno aprobó en 2022 el Real Decreto-ley 3/2022 y posteriores de medidas compensatorias, incluyendo la regulación de una revisión excepcional de precios. “La medida fue activada para asegurar la continuidad de la obra pública, cuyos pliegos de contratación, entonces, carecían de sistemas de revisión por los cambios regulatorios realizados en 2015 con la Ley de Desindexación de la Economía Española”, apunta Núñez.

Precisamente fue esa última norma la que eliminó, de facto, la fórmula de revisión de precios de buena parte de la contratación pública al dejar de hacerla obligatoria. El sistema había funcionado de forma ininterrumpida entre 1965 y 2015.

En una inminente petición de diálogo a los ministerios de Transportes y de Hacienda, que también partirá de la asociación de constructoras no cotizadas Anci y de la patronal CNC, el sector constructor reclamará la articulación de un escudo que incluya ciertas actualizaciones, según explican diversas fuentes consultadas. Ante un descontrol de los precios energéticos, Seopan ve imprescindible que se recoja esta vez en la citada fórmula de revisión. También se defenderá que se elimine el límite del 20% revisable, impuesto en 2022, sobre el presupuesto de adjudicación.

Año récord

El esperado incremento de costes de ejecución de las obras coincidirá con un momento de fuerte contratación por parte de las distintas Administraciones. Los registros de licitación de obra pública en 2025 alcanzaron los 33.143 millones de euros, produciéndose adjudicaciones por 21.316 millones de euros, las mayores cifras vistas en España en los últimos 15 años. A favor de la maquinaria de contratación ha jugado el impulso de los fondos europeos para la recuperación de la economía, además del fuerte ritmo alcanzado por Transportes en la obra ferroviaria.

Importantes órganos de contratación de la Administración Central, como son Adif y la Dirección General de Carreteras, en el perímetro del Ministerio de Transportes, o la Dirección General del Agua, en Transición Ecológica, incluyen en sus pliegos fórmulas de revisión de precios. Pero estos mecanismos de reequilibrio están ausentes en la práctica mayoría de los contratos promovidos por comunidades autónomas y ayuntamientos, administraciones de las que depende el 71% de la licitación de obras y un 69% de lo adjudicado en todo el país el año pasado.

Las constructoras están atentas al comportamiento de una cesta de materiales entre los que se encuentran el acero, aluminio, madera, vidrio, productos bituminosos, cobre, plásticos, materiales cerámicos o productos químicos, entre otros. Lo que se va a reclamar en los próximos días es que se prepare el mecanismo de socorro por si fuera urgente activarlo, evitándose reacciones con la crisis ya desatada. En ese sentido se han pronunciado ya asociaciones del transporte profesional por carretera como CETM y Astic, que solicitan al ministerio de Óscar Puente un paquete de medidas como el que en 2022 y 2023 ayudó a paliar la subida de los combustibles.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anticipó el martes en una entrevista concedida a TVE que el Ejecutivo analiza las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Próximo: “Si acaba viéndose un efecto negativo sobre nuestra economía, estamos preparados para reaccionar y poner sobre la mesa las medidas necesarias, igual que hicimos en 2022”. Posteriormente, el presidente Pedro Sánchez indicó en su declaración institucional del miércoles que “el Gobierno de España está estudiando escenarios y posibles medidas para ayudar a los hogares, a los trabajadores, a las empresas, a los autónomos, y que puedan mitigar con ello los impactos económicos de este conflicto, si es que fuera necesario”. Sánchez añadió que el país cuenta “con los recursos necesarios para hacer frente también de nuevo a esta crisis. Tenemos la capacidad, también la voluntad política, y lo haremos de la mano de los agentes sociales, como lo hicimos durante la pandemia, la crisis energética o, recientemente, la crisis arancelaria”.

Entre los sectores empresariales damnificados por subidas en la factura energética también se encuentran la industria metalúrgica, la química o la de materiales de construcción, todos ellos intensivos en el consumo de electricidad. Desde Economía se han monitorizado los precios del transporte profesional y los energéticos. Desde el BCE ya se advierte de que el impacto de la guerra de Irán en la inflación dependerá de cuánto se prolonguen los ataques y la escala del propio conflicto.