Las consecuencias económicas de la guerra | Economía nacional e internacional

Las guerras se libran en el campo de batalla, pero algunas de sus facturas terminan pagándose a miles de kilómetros de distancia, como estamos viendo con la guerra en Irán.

La incertidumbre es máxima en este momento. Trump y Netanyahu han desencadenado un conflicto bélico sin objetivos claros, con una estrategia errática y que no sabemos si durará semanas, meses, o si se traducirá en un escenario similar al de Irak en 2003. En todo caso, la respuesta del régimen iraní parece clara: apostar por un cierre prolongado del estrecho de Ormuz, uno de los puntos estratégicos del sistema energético mundial.

Desde que se inició la guerra, los precios del petróleo han subido más de un 40%, escalando hasta los 100 dólares el barril, y los precios del gas natural se han incrementado casi un 70%. El riesgo de que los mercados internacionales de energía entren en una fase de inestabilidad, con elevados precios sostenidos en el tiempo, es hoy evidente, y debemos estar preparados para este escenario.

Para ello, contamos con la experiencia reciente de la guerra en Ucrania. Cuando, en febrero de 2022, las tropas rusas invadieron dicho país, el incremento de los costes energéticos internacionales penetró rápidamente en toda la estructura de precios de nuestra economía, llevando la inflación hasta el 10,7% en el verano de ese año.

El Gobierno de coalición adoptó entonces numerosas medidas, en dos direcciones. En primer lugar, se desplegó un “escudo social” para amortiguar el impacto de la inflación en los hogares y empresas: se bonificó el consumo de combustible, se desarrollaron ayudas directas a sectores intensivos en energía y también a hogares vulnerables (cheque de 200 euros), se reforzó el bono social eléctrico y térmico, algunos transportes pasaron a ser gratuitos, y se limitó la subida anual de los alquileres al 2%.

En segundo lugar, se adoptaron medidas para atajar rápidamente la inflación: se redujo el IVA del gas y la electricidad, se suspendió el impuesto de generación eléctrica y, muy especialmente, se implementó la llamada “excepción ibérica”, acordada con la Comisión Europea y que topaba el precio del gas utilizado en las centrales de ciclo combinado para producir electricidad. Este mecanismo permitió que el precio del gas no elevase excesivamente los precios en el mercado eléctrico mayorista, ahorrándole a los consumidores españoles 5.100 millones de euros (209 euros de ahorro medio por hogar en tarifa regulada).

Sin embargo, y a pesar de estas medidas, durante el periodo 2022-2023 se produjo una pérdida de capacidad adquisitiva en los salarios españoles que alcanzó el 5% en término medio y que, varios años después, aún permanece en la memoria de muchos hogares. Ahora bien, de no haber sido por ese paquete de medidas, la pérdida de capacidad adquisitiva habría sido notablemente mayor.

La excepción ibérica ayudó a reducir rápidamente la inflación desde el 10,7% en verano de 2022 al 1,6% un año después, y la capacidad adquisitiva de los salarios consiguió recuperarse durante 2024 y 2025. Las medidas fueron eficaces, pero llevó meses negociarlas y ponerlas en marcha. Ahora, sin embargo, ya contamos con esa experiencia y no tenemos por qué perder un tiempo que puede ser precioso.

Hoy el gobierno —y el conjunto de la UE— deberían actuar en tres frentes. En primer lugar, y con carácter inmediato, es necesario proteger a los hogares frente al incremento de los costes energéticos que ya se está produciendo. Restaurar la gratuidad del transporte público de Cercanías y Media Distancia, y reforzar los descuentos en transporte urbano y metropolitano ayudará a reducir el gasto de los hogares.

En segundo lugar, es preciso adelantarse a la nueva ola de inflación que puede llegar y adoptar un nuevo tope al gas en el mercado eléctrico mayorista que evite —en la medida de lo posible, dado que no es tarea fácil— la penetración de los costes energéticos en la estructura de precios de la economía. Hoy los precios del gas no son tan altos como llegaron a ser en 2022, pero se sitúan ya en el entorno de los 50-60 €/MWh, por encima del precio de referencia que el gobierno estableció en su momento para la excepción ibérica (40 €/MWh). Entonces ya era un precio muy elevado, y hoy lo vuelve a ser.

Además, este mecanismo que en 2022 funcionó bien para España y Portugal, hoy se puede ampliar al conjunto de la UE, aprovechando que una de las personas que entonces la impulsó, Teresa Ribera, ahora es vicepresidenta de la Comisión Europea. Las buenas políticas públicas no entienden de fronteras, y lo que es útil para un país puede serlo también para sus vecinos.

Una nueva ola de inflación tendría importantes costes económicos. Pero, sobre todo, tendría enormes costes sociales y políticos, particularmente en un momento como este en el que una parte de la ciudadanía experimenta problemas de capacidad adquisitiva. No olvidemos que la inflación erosiona tanto el dinero como los gobiernos.

El tercer frente en el que el gobierno —y el conjunto de la UE— deben actuar es el relativo al despliegue de las energías renovables. Debemos pisar el acelerador en este desarrollo, afrontando aquellas inversiones necesarias para superar los cuellos de botella que hoy limitan su expansión.

Hay quien critica desde hace años el despliegue de las energías renovables, considerándolo “dogmatismo climático”. Esto es algo absurdo. En el actual contexto geopolítico las energías renovables proporcionan un activo incuestionable y de enorme valor: la autonomía estratégica. No depender de los vaivenes actualmente asociados al aprovisionamiento de energías fósiles, en lugares remotos, es crucial para asegurar la estabilidad monetaria, macroeconómica y social, tanto en España como en la UE.

Hoy podemos adelantarnos a los acontecimientos y empezar a embridar una inflación que se producirá en los próximos meses si los combustibles fósiles siguen aumentando de precio. Y, aún más importante, está en nuestra mano avanzar hacia una mayor autosuficiencia energética de España y la UE. Demos pasos en esa dirección.