La justicia italiana interviene Glovo por explotar a los repartidores | Economía

La empresa de repartidores Glovo se encuentra en el punto de mira de la justicia italiana por sus prácticas laborales. Las autoridades del país transalpino, por petición de la Fiscalía de Milán, han puesto bajo supervisión judicial a Foodinho SRL, la filial italiana de la multinacional fundada en Barcelona que gestiona el reparto a domicilio, a la que acusa de explotar a los repartidores. En la práctica, esta medida implica el nombramiento de un administrador judicial que supervisará y controlará la sociedad mientras se investigan los hechos. El organismo público ha emitido por la vía de urgencia un decreto para intervenir la empresa, al que ha tenido acceso EL PAÍS. El control judicial busca poner fin a una situación de ilegalidad y corregirla.

Glovo opera en Italia a través de la firma Foodinho, dirigida por el español Óscar Pierre Miquel, quien fundó en España en 2014 la plataforma de reparto, que pronto se expandió a numerosos países y ha afrontado problemas con la justicia en distintos lugares, principalmente por el trato a sus repartidores, su controvertido modelo de trabajadores autónomos y determinadas prácticas comerciales. En Italia, la empresa y el directivo están siendo investigados por presunta explotación laboral agravada. Entre otras cuestiones, la Fiscalía acusa a la compañía de ofrecer salarios por debajo del umbral de la pobreza, ejercer una supervisión constante de los riders a través de la aplicación, conceder descansos mínimos y establecer turnos de hasta 12 horas diarias, sin protección y en cualquier condición climática.

La justicia ha intervenido la empresa con carácter de urgencia porque los fiscales han conseguido presentar indicios sólidos de explotación laboral. La Fiscalía describe en su informe, en el que recoge decenas de testimonios de empleados, un supuesto sistema de explotación basado en las condiciones de necesidad de estos empleados, que en su mayoría son extranjeros. La empresa no ha respondido por el momento a las preguntas de este diario.

Según los fiscales milaneses, Pierre, y por consiguiente la empresa, habrían organizado un modelo de gestión que se sustenta en condiciones laborales abusivas para los repartidores, unos 40.000 en Italia, de los cuales 2.000 se encuentran en Milán, donde tiene su sede Foodinho. Según las reconstrucciones de los investigadores, los empleados que trabajan para esta empresa perciben salarios muy bajos, en algunos casos de alrededor de 2,50 euros por entrega, lo que se traduce en ingresos mensuales muy por debajo del umbral de pobreza. En algunos casos, sus retribuciones llegan a ser hasta un 80% inferiores a lo establecido en los convenios colectivos. Además, según la Fiscalía, están sometidos a un sistema de control constante mediante geolocalización, suelen trabajar seis o siete días a la semana y deben asumir íntegramente los costes y riesgos de las bicicletas que utilizan para las entregas.

Aunque formalmente se les clasifica como trabajadores autónomos, el sistema de gestión —que incluye la asignación de horarios y turnos o la geolocalización— apunta a que operan en la práctica como empleados, algo que podría vulnerar la normativa laboral italiana. La Fiscalía considera que Pierre habría logrado imponer estas condiciones a los repartidores “aprovechándose de la situación de necesidad de los trabajadores”.

El organismo italiano ha recabado numerosos testimonios de repartidores de Glovo que trabajan en Milán. Prácticamente todos son de origen extranjero y han declarado que tienen dificultades para mantenerse debido a los salarios muy bajos. Contaron que realizan entre 10 y 25 entregas al día, y que cada una se paga a unos 2,50 euros. Para algunos, la jornada laboral dura hasta 12 horas. Los empleados han señalado también que la compañía los supervisa continuamente a través de la aplicación, y que “si llegas tarde o te detienes, te contactan para pedirte explicaciones”.

El Ministerio Público de Milán menciona “una situación de auténtica explotación laboral, perpetrada durante años en detrimento de numerosos trabajadores, que perciben salarios desproporcionados en relación con la cantidad y calidad del trabajo realizado”. Y recalca que “es indispensable poner fin lo antes posible” a este escenario.

La empresa seguirá operando, pero la actual dirección no tendrá el control total mientras dure la investigación. El administrador judicial vigilará las cuentas, supervisará la gestión de Pierre y obligará a corregir prácticas ilegales. Además, su autorización será necesaria para cualquier decisión empresarial relevante y referirá periódicamente al juez.

Foodinho es una empresa italiana fundada en 2015 y controlada íntegramente por Glovo, una empresa con sede en Barcelona, cuyo 83% de las acciones pertenece al grupo alemán Delivery Hero. En España, Glovo anunció a finales de 2024 que renunciaba a su modelo de falsos autónomos y que emplearía a sus repartidores somo asalariados tras el endurecimiento de la regulación impulsado por el Ministerio de Trabajo.

El control judicial en Italia ha sido dictado por el fiscal Paolo Storari, que en los últimos años ha dirigido una serie de investigaciones contra grandes marcas de moda y lujo, logística y gran distribución, —entre las que se encuentran Dolce & Gabbana, Gucci, Prada, Versace y Saint Laurent, entre otras— acusándolas de no hacer lo suficiente para prevenir la explotación, o la evasión fiscal presentes en sus cadenas de producción, sobre todo en China.