La CNMC renuncia a elaborar el informe que prometió sobre el apagón eléctrico | Empresas

El 13 de mayo, la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, prometió, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados sobre el apagón ocurrido 15 días antes, que este elaboraría “un informe con las conclusiones, recomendaciones, resultados y propuestas que considere oportunas, una vez que se examinen los hechos que llevaron al apagón eléctrico en la Península Ibérica”. Y añadió: “Este documento que pensamos emitir podrá no limitarse al ámbito eléctrico”, pues el incidente también había afectado “gravemente a telecomunicaciones, transporte ferroviario y otros servicios”.

Este informe abierto nada tenía que ver con el expediente informativo, que la presidenta anunció también ese mismo día, para determinar si los hechos podrían ser motivo de sanción, lo que se traduciría, en su caso, en la incoación de un expediente sancionador a los posibles culpables, con multas de hasta 60 millones de euros o la posibilidad de inhabilitación que señala la Ley del Sector Eléctrico. Los expedientes son habituales en los casos de incumplimientos de la ley por parte de sectores regulados, como la distribución o el transporte de electricidad, o, por ejemplo, manipulaciones de precios.

A dos meses y medio de cumplirse un año del apagón, la Comisión no ha puesto fin al citado expediente informativo, aunque estaría a punto de hacerlo, según fuentes conocedoras del proceso, que dan por descontado que este podría derivar en expedientes sancionadores contra algunas generadoras y/o el operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE). Sin embargo, el organismo que preside Cani Fernández ha descartado elaborar un informe abierto y general que prometió en sede parlamentaria, según fuentes conocedoras de la decisión.

En estos meses ha habido una confusión (que aún se mantiene) sobre esta cuestión. Y, de hecho, muchos de los afectados dispuestos a acudir a los tribunales y sus propios abogados están esperando al “famoso” informe de la CNMC, que se esperaba el pasado otoño, para utilizarlo como argumento ante los jueces. Fuentes del sector eléctrico y de distintos ámbitos políticos aseguran que el organismo no ha dejado claro ni oficial ni extraoficialmente que haya renunciado a elaborar el informe. Lo cierto es que los responsables de la Dirección de Energía de la CNMC están centrados únicamente en la investigación destinada determinar qué instalaciones aisladas pudieron incumplir la normativa.

La Ley 3/2013 de Creación de la CNMC otorga al organismo esa potestad. Concretamente, en su artículo 7.13, esta norma señala que la Comisión podrá “determinar los sujetos a cuya actuación sean imputables deficiencias en el suministro a los usuarios, proponiendo las medidas que hubiera que adoptar”. Un poder que heredó de la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE), que desapareció en 2013, pero que esta nunca utilizó en los dos grandes apagones ocurridos hasta ahora: el cero de Canarias en noviembre de 2005 (que, el algunas zonas, se prolongó durante varios días) y el de la ciudad de Barcelona, en julio de 2007, por la caída de un cable de Endesa sobre una subestación de REE, que terminó en los tribunales.

Fuentes empresariales aseguran que la CNMC ha descartado hacer uso de la competencia que le otorga ese artículo de la ley, porque prejuzgaría el resultado de un procedimiento sancionador, pero sin las garantías jurídicas de este”, lo cual, “podría ser recurrido”. Y es que atribuiría responsabilidades al margen de los procedimientos sancionadores. Las mismas fuentes consideran, asimismo, que si la Comisión ha evitado el informe es porque, tanto ella como el Ministerio para la Transición Ecológica “podría quedar mal parada” por “omisión regulatoria”, pues hay procedimientos de operación (OP), o reglas de funcionamiento de REE, que no se revisan desde hace décadas, por ejemplo, el llamado PO 7.4.

Según un portavoz de la CNMC, la Dirección General de Energía “está trabajando en distintos expedientes y elevará sus conclusiones al consejo”. Respecto al informe en cuestión, “tiene la firme voluntad” de elaborar uno global “sobre recomendaciones de resiliencia más allá de las conclusiones del sector eléctrico”, como el ferroviario o las telecos. La CNMC no especifica el plazo y, en cualquier caso, no será para identificar a los responsables, tal como señala el citado artículo 7.13 de la ley, sino de recomendaciones.

En este punto del proceso, y dado que nadie ha asumido responsabilidades políticas, lo que esperan los afectados (esencialmente, grandes industrias o aseguradoras) es saber contra quién deben ir ante los tribunales. Fuentes jurídicas aseguran que, a efectos de reclamar indemnizaciones en los tribunales, se podrá alegar la responsabilidad administrativa que la CNMC pueda declarar tras los expedientes sancionadores. Un proceso que irá para largo pues las afectadas podrán recurrir ante la Audiencia Nacional. Por cierto, que la reclamación por daños y perjuicios caduca al año del incidente, si bien, el plazo se va ampliando en la medida en que la CNMC siga solicitando información a las empresas investigadas, por el momento, reservada.

El problema para los abogados de las reclamantes es que, si la Comisión decide imponer sanciones a algunas instalaciones aisladas, por considerar, por ejemplo, que han incumplido el control de tensión, será difícil establecer la causalidad entre este hecho y el apagón general, que ha afectado a los usuarios por toda la geografía. Otra cuestión es que se atribuyan responsabilidades claras a REE, que gestiona el conjunto del sistema y, desde mayo del año pasado, de un modo reforzado, programando centrales de ciclo combinado, que son más seguras pero más caras.

Aluvión de informes

Tras el apagón se publicaron dos informes relevantes: el del ministerio que dirige Sara Aagesen (que carece de valor a efectos de reclamaciones, pues se elaboró para la Comisión de Seguridad Nacional) y el de la propia REE, que se vio obligada a hacerlo porque se lo exige uno de sus procedimientos de operación y se considera un informe de parte.

A finales del año pasado, el organismo europeo que aglutina a los reguladores nacionales, ENTSO-E, publicó uno en el que únicamente se relataban los hechos, que se consideró provisional en tanto se publicaba el definitivo, que se espera para antes del aniversario del apagón. En el panel de expertos creado ad hoc participa la CNMC, por lo que, en opinión de las grandes eléctricas, debería “enviar su informe a ENTSO-E y la Comisión Europea”.

También las grandes del sector, han encargado multitud de estudios, si bien, con sus propios datos, ya que no cuentan con los globales que están en manos del operador. Uno de ellos es el encargado por Endesa e Iberdrola al Instituto de Investigación Tecnológica (IITE), de la Universidad de Comillas.