El juego de salarios, márgenes e impuestos para frenar la inflación | Opinión

Ya sabemos que el Índice de Precios de Consumo (IPC) dará un espectacular salto en todas las economías desarrolladas este mes, que a buen seguro tendrá continuidad en los siguientes, pero sólo conoceremos la cuantía la última semana de marzo con la publicación provisional de Estadística. Poca defensa pueden oponer los agentes económicos ante una primera oleada de precios energéticos que marca un mercado internacional agitado por la guerra. Pero tendrán mucha responsabilidad en cómo evolucionen los precios en el medio plazo, en cómo de rígida o de manejable sea la espiral inflacionista y en cómo de severa, la política de tipos de interés. El comportamiento de salarios, márgenes de las empresas e impuestos es clave para minimizar los riesgos, y cada una de las tres variables deberá ceder parte de su factura para lograrlo.

El pasado, incluso el más reciente, nos enseña cómo se engorda la serpiente inflacionista. En tres oleadas sucesivas, la energía inflama los precios, las subidas se filtran a la producción de bienes y servicios y ceban la inflación subyacente, y la reacción defensiva de salarios y márgenes empresariales cierran el círculo que sólo se combate con la dolorosa restricción monetaria de los bancos centrales. Tres rondas agresivas enlazadas cuyo vínculo conviene cortar cuanto antes para evitar que la inflación eche una raíz profunda que devalúa la riqueza, independientemente del origen de la misma, y acerca las economías al estancamiento.

Pero el esfuerzo de los agentes económicos debe extenderse a todas las economías, especialmente a las más dependientes de una energía que no tienen, para ser efectivo, dado que España solo es una provincia más de una zona monetaria única en la que se fijan las condiciones de financiación de la economía de manera unitaria, en la que no hay soluciones a la carta, y en la que unas veces la actividad se desenvuelve con tipos más bajos de los óptimos y en otras, con tasas más elevadas de las convenientes.

Con el barril de petróleo por encima de los 100 dólares sólo ganan las economías con monocultivo del crudo, muchas de ellas en el área geográfica del conflicto bélico de Irán. Vía exportaciones reciben una jugosa transferencia de renta desde los países dependientes de la energía para mover sus industrias y mantener la movilidad de sus moradores, sobre todo los europeos, puesto que las alternativas verdes a las energías fósiles no generan suficiencia y autonomía, y algunos han renunciado demasiado pronto a la opción nuclear. Y el coste del crudo y del gas sólo bajará con fuerza y se estabilizará cuando Donald Trump quiera, porque, como ha dejado claro, la guerra acabará “cuando yo quiera”.

Así las cosas, cuándo y cuánto bajará el precio de la energía se decidirá en mercados internacionales, y su penetración en la actividad industrial y en los servicios será en parte inevitable. Pero hay otra parte que dependerá de cómo se comporten los costes que sí pueden controlar, como los salarios, y los márgenes del negocio. Y la tercera variable que tiene una incidencia directa, por marginal que parezca, es la imposición fiscal tanto sobre la producción como sobre el consumo, y que dependerá de los gobiernos. Del mix que jueguen estas tres variables dependerá el éxito en la lucha contra la inflación, en el bien entendido de que las tres deben ceder una pequeña parte en beneficio del todo y de todos.

El Gobierno en España tiene bien avanzado el plan de alivio de las rentas con pequeñas renuncias fiscales, como ya hizo en 2022 y 2023, aunque las rebajas no tengan carácter general, sino para determinados colectivos seleccionados (transportes, agroalimentación, fertilizantes), y no siempre con criterios objetivos. Pero su activismo puede ser más intenso, puesto que cuenta con margen fiscal suficiente sin gran daño a los límites presupuestarios exigidos por la Unión Europea, dado que sigue acumulando recaudaciones récord en buena parte de las figuras impositivas. Algunos países solo han necesitado una semana para bajar e incluso eliminar determinados impuestos que gravan el consumo de energía, una materia en la que España dispone de generoso margen, hablemos de electricidad, gas o carburantes.

Pero tales decisiones, de tomarse, pueden quedarse en una pequeña gota en el estanque inflacionario si no van acompañadas de medidas paralelas de reducción de los costes y los márgenes, que incluso pueden aprovechar la holgura fiscal para reforzar la renta de trabajadores y empresarios. La semana pasada quien ejerce el liderazgo en materia de distribución alimentaria reclamó abiertamente una rebaja de la imposición sobre la alimentación, del Impuesto sobre el Valor Añadido, pero nada dijo de los márgenes del negocio, que también tiene muchas posibilidades de merma en beneficio de los precios finales.

Como recordaba el mes pasado un detallado artículo de Manuel Alejandro Hidalgo en estas mismas páginas, los márgenes están estabilizados en los últimos años, y la mayoría de su avance se concentró en los años de fuerte inflación y en actividades oligopolísticas. Pero no ayudaría poco a la lucha contra los precios finales que se mantenga, o se intensifique, el control de los márgenes empresariales, asunto en el que insiste por obligado credo ideológico la extrema izquierda que habita en el Ejecutivo.

Y quién más puede contribuir a tal control, y a la moderación de los precios, es el rigor en la determinación de los salarios en una economía cada vez más terciarizada e intensiva en el uso del factor trabajo. El marchamo de los salarios en los últimos años ha sido moderado, como lo es el mostrado en los primeros meses de este año, con avances en las tablas salariales de los convenios del 2,91%, y muy ligeramente superiores en los firmados este mismo año. La negociación para un nuevo acuerdo salarial que se prolongue hasta 2028 queda ahora pendiente de cómo evolucionen los precios, que será muy alcista por la embestida de la energía. Los sindicatos demandan, o demandaban antes de la guerra, subidas del 4% cada uno de los años, con primas adicionales variables en función de las franjas remunerativas, y con mecanismos de revisión de las desviaciones del IPC.

Con el coste financiero, el energético y el de las materias primas fuera del alcance de la economía nacional, el coste laboral (salarios y cotizaciones) es la primera herramienta de la caja en la que hay autonomía, y la que más puede condicionar, para bien o para mal, la evolución de los precios finales. Los sindicatos gustan de modelos generales de determinación de los salarios, reforzados con la restricción en el uso de convenios de empresa en la última reforma normativa; un mecanismo que quiere asegurar el café para todos, y que desprecia la situación de las empresas que pueden pagar más, y de las que no resisten el ritmo de los costes fijados fuera de su dominio. Seguramente luchar contra el avance de una oleada de inflación, si se tiene tal convicción, es más coherente hacerlo con pactos nacionales que maniaten los costes aguas abajo; pero para acoplar los salarios a la situación de cada empresa o actividad es precisa una negociación asimétrica que gusta poco o nada en las cúpulas sindicales.