El Gobierno publica el decreto que prorroga hasta dos años los alquileres y limita al 2% las actualizaciones | Economía

El Gobierno, tal y como prometió este viernes, ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este sábado los dos reales decretos con los que articula la primera respuesta pública a las consecuencias derivadas de la guerra en Oriente Próximo y que entran en vigor el domingo. El primero de ellos contiene el grueso de las medidas, valoradas en unos 5.000 millones de euros gracias a varias rebajas fiscales en el ámbito energético. El segundo se centra exclusivamente en la vivienda y, en concreto, en el mercado del alquiler. Dispone de dos grandes palancas para proteger a los inquilinos ante una crisis de acceso ya existente que podría agravarse mucho más por el incremento de la inflación. Por un lado, congela los contratos a punto de vencer; por el otro, se fijan topes del 2% a las actualizaciones anuales.

Sin embargo, el alcance real y efectivo de esta protección está todavía en el aire. Las medidas, reivindicadas desde hace días por Sumar y por los socios de izquierdas del Gobierno, se han incluido en un decreto propio ante el miedo del PSOE de que el Congreso las pueda tumbar, dadas las dudas que suscita en formaciones como el PNV y el rechazo frontal de partidos como Junts, PP y Vox. Sumar presionó al PSOE hasta el último momento de la negociación, llegando a retrasar incluso el Consejo de Ministros extraordinario del viernes, y finalmente consiguió dar forma al blindaje en un decreto que ahora se enfrenta al trámite parlamentario y que no tiene asegurada la luz verde.

La norma responde a un contexto de crisis inmobiliaria que podría agravarse por el incremento del índice de precios al consumo (IPC), dado el impacto que se está produciendo en el centro del tablero energético mundial. El objetivo, señala el BOE, es evitar que el coste del alquiler y los suministros básicos supere el 30% de los ingresos medios de los hogares, algo que, por otro lado, ya sucede en muchas de las zonas más tensionadas de España.

La prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler de vivienda habitual en los mismos términos y condiciones ―es decir, sin subidas de precios― podrá solicitarse por parte del arrendatario para contratos vigentes cuya finalización esté prevista antes del 31 de diciembre de 2027, y tendrá una duración máxima de dos años adicionales. Durante este periodo se mantendrán las condiciones del contrato en vigor, y el arrendador estará obligado a aceptarlas salvo en determinados supuestos previstos legalmente. Por ejemplo, no se aplicará esta prórroga si existe una necesidad de recuperar la vivienda por parte del casero (según los supuestos legales) o si ambas partes acuerdan un nuevo contrato con una renta inferior.

Por el otro lado, la norma fija una limitación extraordinaria a la actualización anual de la renta. También hasta el 31 de diciembre de 2027, el incremento del alquiler no podrá superar el 2% en ausencia de acuerdo entre las partes. En el caso de que el arrendador sea un gran tenedor ―más de 10 casas―, este límite se aplicará en todo caso, exista o no pacto con el arrendatario.

Los contratos de alquiler firmados antes de 2024 están, por regla general, indexados al IPC. Eso significa que, a medida que se cumplen las anualidades, el casero tiene derecho a revisar la renta que recibe conforme a la evolución de la inflación. El mecanismo que desarrolla el BOE, similar al que se puso en marcha tras la anterior crisis energética, topa esas actualizaciones ante el temor de que el IPC se desboque si la guerra en Oriente Próximo se enquista, como sucedió en 2022. En aquel entonces, miles de inquilinos se podrían haber enfrentado a revisiones de incluso el 10%.

La nueva salvaguarda también operaría en los contratos posteriores a 2024, que funcionan con un índice diferente que impide por sistema grandes encarecimientos, pero que en los últimos meses se ha situado ligeramente por encima del 2%.

Según el texto del BOE, la situación económica derivada de la guerra requiere una respuesta normativa inmediata para evitar un impacto prolongado en los hogares, especialmente en los inquilinos. En este punto, el decreto recuerda que este año está previsto que caduquen miles de contratos que se enfrentan a unos precios de mercado mucho más elevados. Además, el Gobierno insiste en que estos mecanismos responden a la negativa de diversas comunidades autónomas a declarar las zonas de mercado tensionado, lo que impide aplicar los controles de precios previstos en la ley de vivienda de 2023.