El Gobierno justifica contratos millonarios a Indra y Escribano en la “seguridad nacional” y la “falta de competencia” | Empresas

El Gobierno sale en defensa de las adjudicaciones militares por valor de más de 7.240 millones de euros a la alianza formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) para el desarrollo de la nueva artillería móvil del Ejército de Tierra sobre ruedas y cadenas. Se trata de fondos que se asignaron directamente y sin proceso competitivo, lo que ha motivado que Santa Bárbara, filial española de la estadounidense General Dynamics, presentase un recurso contencioso-administrativo contra las ayudas públicas a estos programas (unos 3.002 millones de euros), a lo que ha sumado un recurso de alzada contra los contratos en sí mismos.

El Ejecutivo explica que recurrir al procedimiento negociado sin publicidad “se justifica por razones de interés nacional vinculadas a la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y a la naturaleza altamente sensible y tecnológica de los Programas Especiales de Modernización” (PEM), según una respuesta parlamentaria enviada al Congreso de los Diputados. Además, añade que estos programas PEM “afectan a capacidades críticas declaradas estratégicas […] en los ámbitos de la defensa y de la seguridad”.

La respuesta también argumenta la decisión de no tener en cuenta a ningún competidor de Indra. El Ejecutivo afirma que “la inexistencia de competencia efectiva se fundamenta en el peso estructural de Indra en la base industrial y tecnológica de la defensa y en su condición de empresa integradora de referencia en capacidades esenciales definidas en la Estrategia Industrial de Defensa. Su experiencia en grandes programas, solvencia técnica y financiera respaldan la contratación directa”. La compañía Santa Bárbara cuenta con capacidades industriales en el ámbito de las plataformas militares terrestres, pero tiene en contra ser de capital estadounidense. El Ejecutivo español prefiere apostar por tecnología y empresas de capital europeo.

Indra, cuyo máximo accionista es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con el 28% del capital social, está negociando la adquisición de EM&E, propiedad del presidente de Indra, Ángel Escribano, dueño a su vez junto con su hermano Javier del 14,3% de la propia Indra, lo que les convierte en el segundo máximo accionista de la empresa.

En su respuesta parlamentaria sobre la adjudicación directa a Indra y EM&E, el Gobierno también considera “la necesidad de salvaguardar intereses esenciales de seguridad relativos a la producción y desarrollo de material de defensa” como argumento para invocar la excepción del régimen en materia de contratación pública del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Las adjudicaciones, según explica el Gobierno a las preguntas parlamentarias de Vox en el Congreso, se articulan a través del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa (PITSD). Ese instrumento integra el incremento progresivo del gasto en defensa hasta el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) en una planificación plurianual, otorgándole carácter estructural, alineado con los compromisos asumidos por España en el marco de la Unión Europea y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Está orientado a fortalecer la base tecnológica e industrial de la defensa.

Sin embargo, las respuestas del Ejecutivo no han apaciguado las dudas de los parlamentarios de Vox. El partido de ultraderecha, que cuenta con el tercer grupo más numeroso de la Cámara baja, ha realizado nuevos cuestionamientos.

Compromisos con la OTAN

En este sentido, menciona directamente el conflicto judicial entre Santa Bárbara y la unión empresarial formada por Indra y EM&E por la adjudicación “supuestamente indiscriminada de varios programas”. Pregunta Vox si “existe riesgo de retraso o paralización de los programas industriales vinculados a los compromisos con el Gobierno de España con la OTAN debido al citado conflicto judicial”.

Hasta ahora, dichas preguntas aún están por responder. Por ahora, desde el Gobierno se limitan a señalar que “el plan persigue movilizar las capacidades industriales locales y regionales, generar empleo cualificado y talento, y favorecer una distribución equilibrada de los retornos en el conjunto del territorio, todo ello condicionado a los planes industriales presentados por las empresas contratistas y a su efectiva ejecución”.

Estas adjudicaciones financian principalmente Programas Especiales de Modernización en los ámbitos terrestre, naval, aeroespacial y espacial, así como modernización, sostenimiento, infraestructuras, ciberdefensa, digitalización e Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), y los plazos se fijan en cada contrato.

“La legalidad y la competencia se garantizan mediante la normativa de contratación pública, programación presupuestaria y concurrencia empresarial”, concluye el Ejecutivo, que añade que “el impacto económico y el acceso equitativo a los programas se articulan a través del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa y la Estrategia Industrial de Defensa, mediante la exigencia de Planes de Participación Industrial a los contratistas principales.

Estos planes comprometen la generación de empleo cualificado, el refuerzo de la competitividad y el retorno tecnológico, así como la integración de pequeñas y medianas empresas, start-ups, centros tecnológicos y universidades en la cadena de valor. Por último, dado el carácter plurianual y complejo de los programas, estos efectos se concretan y verifican progresivamente mediante el seguimiento y supervisión de los Ministerios de Defensa e Industria, asegura el Gobierno.