El Gobierno incluye a Huawei en el organismo público que controla el 5G | Economía

El Gobierno ha incluido a Huawei en el Centro de Operaciones de Seguridad 5G, conocido como SOC 5G (por sus siglas en inglés), un organismo público encargado de supervisar y certificar la seguridad de los sistemas, redes y servicios de la nueva generación de telefonía móvil 5G. El fabricante chino forma parte de un consejo consultivo en el que están representadas el resto de empresas de infraestructuras 5G como la sueca Ericsson y la finlandesa Nokia. El Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, de quien depende el comité, ha admitido a EL PAÍS que Huawei se integra en el SOC 95 pero solo a efectos consultivos, sin tener ningún poder de decisión y sin acceso a información crítica.

Huawei ha participado en varias reuniones de ese órgano consultivo junto a representantes del resto de fabricantes, operadores de telecomunicaciones y los organismos públicos que integran el SOC 5G desde que este comité se constituyó en mayo de 2024, informaron a EL PAÍS fuentes solventes conocedoras de este organismo.

Precisamente, el origen del veto al fabricante asiático por la Administración estadounidense en 2019 fue la acusación de que el Gobierno chino tenía acceso a los datos y comunicaciones de las redes y los teléfonos móviles 5G comercializados por Huawei. Un veto al que se unieron posteriormente varios países mientras que la Unión Europea ha recomendado repetidamente a sus Estados miembros que no contraten equipos 5G con Huawei. Algunos de ellos como Alemania, Suecia, Estonia, Lituania, Reino Unido (antes del brexit), Rumanía y Dinamarca han incluido a la firma china en una lista de suministradores de riesgo prohibiendo expresamente su contratación por los operadores de telecomunicaciones. Una lista cuya creación contemplaba también el Gobierno español en un principio, pero que nunca ha llegado a concretar en ninguna norma.

Debido a que las autoridades españolas nunca han vetado oficialmente a Huawei, su presencia en las redes 5G en España es muy importante a diferencia de otros países europeos, en particular en las de MasOrange y Vodafone y, en mucha menor medida, en la de Telefónica.

El Ministerio de Transformación Digital que dirige Óscar López, a preguntas de EL PAÍS, ha admitido que Huawei participa en el SOC 5G, pero aclarando que lo hace solo a efectos consultivos como suministrador de información al igual que otros suministradores de red como Ericsson o Nokia, sin que tenga ningún acceso a información crítica. “Huawei está presente en el SOC 5G, que es un centro pensado para ayudar a las empresas a cumplir la normativa europea de seguridad de la red del 5G, formando parte del comité técnico a efectos consultivos, de forma voluntaria y sin remuneración alguna, como por otra parte lo están todas las empresas que están implicadas en el desarrollo de equipos 5G. Pero este fabricante no forma parte del Consejo Asesor donde se toman las decisiones estratégicas ni tiene acceso alguno a la información sensible o confidencial que se pueda manejar en cada momento en el seno del SOC 5G″, asegura a EL PAÍS Matías González, secretario general de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital.

Financiación europea

Las directrices del SOC 5G las fija el Ministerio de Transformación Digital junto con todas las entidades relevantes en la ciberseguridad nacional, desde el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC), el Centro Criptológico Nacional (CCN), el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC). Todos ellos junto a las cuatro grandes operadoras de telecomunicaciones que cuentan con redes 5G (Telefónica, MasOrange, Vodafone y Digi) forman parte del Consejo Asesor que guía la actuación del organismo.

Entre las funciones del SOC 5G, marcadas por el decreto de 2024 de creación del Esquema Nacional de Seguridad 5G, está la de certificar la seguridad de los equipos de los llamados “sujetos obligados”: los suministradores de red como Huawei, los operadores de telecomunicaciones y cualquier empresa o usuario privado que monte una red 5G. El organismo también proporciona capacitación y asesoramiento a los operadores, lleva un servicio de auditoría técnica, y está obligado a elaborar planes de gestión de crisis y de contingencia. En caso de incidencias o ciberataques tiene potestad para reunir un comité de crisis que evalúe la situación y determine las medidas a adoptar.

La financiación del Centro de Operaciones de Seguridad 5G proviene de los fondos europeos NextGenerationEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia española, por lo que las autoridades comunitarias pueden supervisar su uso. Aunque el organismo no se ha llegado a presentar públicamente, el SOC 5G se constituyó a comienzos de mayo de 2024 con una dotación presupuestaria de 15 millones de euros, informaron fuentes conocedoras del programa. La mayor inyección de fondos fue aprobada por el Consejo de Ministros del 6 de mayo pasado. En conjunto, en esa partida se asignaron 255 millones de euros a diversos programas del Ministerio de Transformación Digital en materia de ciberseguridad, siendo el SOC 5G el mayor destinatario del gasto. Uno de los objetivos de esos fondos es dotar al centro de personal cualificado en la tecnología 5G, desde ingenieros a abogados, para alcanzar una plantilla de 150 personas, informaron las mismas fuentes.

Tecnología crítica

La seguridad en los sistemas 5G es crítica dado que esta tecnología móvil está llamada no solo a gobernar las comunicaciones de los usuarios, sino a implementar todo tipo de soluciones para la industria, como la conducción autónoma tanto de automóviles como de otros transportes (trenes, metros, aviones, etcétera) o la conexión inalámbrica automática de miles de máquinas, desde la cadena de ensamblaje de una factoría hasta la cirugía a distancia. Eso es posible tanto por su alto poder de conexión (hasta un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado) como la capacidad de respuesta o latencia casi instantánea (1 milisegundo). Debido a todos estos factores, un ciberataque a las redes 5G podría tener consecuencias desastrosas.

La polémica con Huawei saltó el pasado mes de julio tras conocerse que el Ministerio del Interior había adjudicado a la firma china un contrato de 12,3 millones euros para almacenar digitalmente comunicaciones interceptadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado con autorización de jueces y fiscales. Los presidentes de los comités de inteligencia de la Cámara de Representantes y el Senado de EE UU, Tom Cotton y Rick Crawford, remitieron el 16 de julio una carta a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, en la que le pedían revisar los acuerdos de intercambio de información secreta con España ante el riesgo de que esta caiga en poder de China. El Gobierno español respondió que no existe ningún riesgo porque se trata de un sistema totalmente estanco, un almacén de grabaciones digitales sin conexión alguna con el exterior y que no afectan a la seguridad nacional. La oposición, encabezada por el PP, acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de ponerse al servicio del Gobierno chino por intereses de miembros del PSOE como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y de lobistas vinculados al partido dentro de otra “trama de corrupción”.