El Gobierno evita la tentación de intervenir el mercado eléctrico | Empresas

A falta de conocer el texto del real decreto ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros que recoge el Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio y que entra en vigor este sábado, se puede concluir que el Gobierno se ha limitado a aplicar lisa y llanamente recortes de impuestos (o, en algún caso, como el del 60% de los peajes de la luz que se aplicará a la industria electrointensiva) para aliviar la factura energética de los consumidores. A diferencia de la grave crisis de precios sufrida durante la invasión rusa de Ucrania, muy especialmente en España, donde los precios del mercado mayorista (con una media superior a los 200 euros/MWh solo en 2022) impactaron duramente en los hogares, en esta ocasión el Ejecutivo ha dejado a un lado la tentación de intervenir dicho mercado, como algunos venían reclamando. Tampoco ha optado por ayudas directas masivas, como en aquella crisis, cuando aprobó una subvención de 20 céntimos el litro de carburantes para todos los usuarios. En este caso, sí lo hará, como venían adelantando algunos ministros, para los sectores agrícola, pesquero y el transporte profesional, a los que se aplicará igual descuento.

Bien es verdad que en el caso de la electricidad tampoco resulta necesario, pues, como bien se ocupa de repetir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en España las renovables (también la nuclear, pero esto ya no se subraya) están logrando frenar al gas, cuyo precio marginal no ha logrado casar en el pool más de un 15% de las horas en lo que va de año, frente al 90% de Italia o el 40% de Alemania, según recordó Sánchez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ello está permitiendo precios (salvo algún repunte tras el comienzo de la guerra) por debajo de los 50 euros/MWh.

Si España fue a contracorriente (para mal) del resto de países europeos durante la crisis de Ucrania, lo que forzó al Gobierno a intervenir el mercado, imponiendo topes al precio del gas para producir electricidad y a los beneficios de las eléctricas, en la actual crisis provocada por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, vuelve de nuevo a ir a contracorriente (en este caso, para bien) de Europa. Al menos, en lo que a los precios de la electricidad se refiere, gracias a la abundancia de renovables, que alcanzaron el año pasado el 57% del mix de generación frente al 45% del año 2021-2022.

Una nueva intervención del mercado (la medida más famosa fue la llamada excepción ibérica) hubiese resultado innecesaria y excesiva y habría enfrentado de nuevo al Gobierno al escrutinio de Bruselas que consideró dicha medida una ayuda de Estado que tuvo que autorizar.

El paquete de medidas de la nueva crisis, cuyo mayor impacto está en el precio de los carburantes, se centra en un recorte de impuestos a la energía más fácil de gestionar y muy coyuntural. Las medidas fiscales se aplicarán hasta el 30 de junio y se resumen en una rebaja del 21% al 10% del IVA de la luz, del gas y los carburantes; una bajada del 5,5% al 0,5% del impuesto especial de la electricidad (que recaudan las comunidades autónomas), también el especial de hidrocarburos al mínimo que permite la UE y la suspensión de temporal del polémico impuesto del 7% al valor de la producción eléctrica (IVPEE). Un tributo, por cuya desaparición vienen clamando las compañías eléctricas, que se creó en 2013 para sufragar el grave déficit de tarifa y que también fue suspendido en la crisis anterior pero que volvió a resurgir.

Del coste de 5.000 millones de euros que tendrá el plan, la rebaja de impuestos supondrá la mitad, unos 2.500 millones, y de estos, 450 millones corresponderán a dicho tributo. Se da la circunstancia de que este es el único impuesto que se destina directamente a sufragar costes del sistema eléctrico, esto es, sale del sistema y vuelve al mismo pasando por Hacienda. El IVPEE se le cobra a todas las generadoras y estas lo trasladan al precio final del consumidor.

Por tanto, aunque el usuario se libre de este pago, el sistema eléctrico (que también son los consumidores) perdería esos 450 millones, que, o lo repone Hacienda o Transición sube la factura (ambas cosas improbables) o se aplaza su cobro generando un déficit.

Sacar del cajón

Como ocurre habitualmente con los grandes planes para hacer frente a crisis de distinta naturaleza, una buena parte de los mismos son intenciones o medidas que se decide impulsar o sacar del cajón. En el caso de decretos ómnibus, además, se aprovecha para dar rango normativo a medidas rechazadas, como algunas del llamado escudo social.

El plan presentado este viernes, con 80 medidas, no es una excepción. En el ámbito energético, el Gobierno ha metido en el mismo saco proyectos de electrificación o descarbonización que no son coyunturales, pero tampoco, en la mayoría de los casos estructurales. Así, plantea deducciones en el IRPF para impulsar la instalación de bombas de calor, placas solares, puntos de recarga, vehículos eléctricos y otras medidas de eficiencia, pero no dejan de ser temporales.

Y ha aprovechado para avanzar medidas para desbloquear el acceso y conexión a las redes eléctricas y evitar la especulación, para cuya reserva habrá que pagar. Nada que tenga que ver con la coyuntura de la crisis y en lo que ya venía trabajando con REE, que desde el mes pasado publica los llamados mapas de accesos a la red de transporte.

El Gobierno sí ha dejado claro que el objetivo último de este plan es controlar la inflación. De hecho, el real decreto ley establece una cláusula de desactivación del mismo: si el IPC de abril supera el 15% respecto a abril del año pasado se mantendrá hasta la fecha prevista, el 30 de junio. De lo contrario, se eliminará un mes antes. En la anterior crisis, centrada en el control de los precios eléctricos, la bajada del IVA se condicionó a que el precio del pool no se situase por debajo de los 45 euros/MWh.

Tampoco es estructural la recuperación de los descuentos extra del bono social de la luz (la última de las medidas heredada de la anterior crisis, que desapareció en enero). Precisamente, la regulación del bono, que pagan los consumidores no beneficiarios en un recargo en la factura, no incluye la reforma prometida por el Gobierno de ligarlo totalmente a la renta, lo que dejará fuera a las familias numerosas de ingresos altos.