El Gobierno enfría incluir medidas sobre vivienda en el primer plan de respuesta a la guerra de Irán | Economía

El PSOE, ala mayoritaria del Gobierno y batuta en cuestiones económicas, enfría la inclusión de medidas en materia de vivienda en el primer plan de respuesta a la guerra de Irán, que el Ejecutivo aprobará este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario. El diseño del paquete, según trasladaron ayer tanto el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como fuentes del ala socialista, se reducirá a actuaciones “proporcionadas” al impacto macroeconómico observado hasta la fecha, con rebajas fiscales y ayudas focalizadas en los sectores más afectados. Ese diagnóstico inicial dejaría fuera, al menos en este momento, las demandas de Sumar y de socios parlamentarios habituales como Bildu o ERC, que reclaman una prórroga automática de los alquileres a punto de vencer y topes a la actualización de las rentas.

Esta posición se explica por el análisis de la situación que manejan en las principales áreas económicas del Gobierno. Cuerpo insistió este martes, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en que la respuesta debe ser “flexible” y adaptarse a la evolución del conflicto, pero también ajustarse en cada momento a los efectos reales que se están registrando en la economía. Y esos efectos, a día de hoy, se concentran de forma muy clara en el encarecimiento de la energía y de determinadas materias primas, especialmente los carburantes y los fertilizantes. “Esto no es como Ucrania”, sintetizó el ministro para relativizar el golpe que, por ahora, están causando las tensiones geopolíticas en el cómputo general.

En el Gobierno no descartan aprobar medidas sobre vivienda y otras áreas si la situación lo requiere más adelante, pero las fuentes consultadas deslizan que el primer paquete se centrará únicamente en evitar que el encarecimiento de los carburantes y los fertilizantes produzca los temidos efectos de segunda ronda, que podrían generar una espiral inflacionista en el resto de sectores y actividades y lastrar a hogares y empresas.

En su intervención, Cuerpo insistió en que el plan no está cerrado ni definido y que se irá adaptando a la situación económica observada en cada momento. Pero recalcó que por ahora, tras algo más de dos semanas de conflicto, el impacto “dista de ser el que vivimos tras el inicio de la guerra de Ucrania”. Los precios del crudo y del gas, por ejemplo, han crecido con fuerza tras la escalada bélica propiciada por el ataque ilegal de Estados Unidos e Israel sobre Irán, pero muestran una evolución mucho más contenida que en 2022, lo que da a entender que todavía hay espacio para calibrar una respuesta pública de mayor orden.

A ello se le suma, insistió Cuerpo, que España llega a este episodio “más preparada”, tanto por su avance en transición y soberanía energéticas como por la fortaleza de su economía y del mercado laboral. De nuevo, en comparación con la situación relativa a la guerra de Ucrania, “vemos cómo se está conteniendo el impacto en materia de los precios de la electricidad para España”, aseguró Cuerpo, lo que supone un bálsamo tanto para el sector productivo como para las economías domésticas. Con una coyuntura todavía relativamente estable, asegura el ala socialista, hay margen para tomar decisiones si la situación se enquista.

Más allá de las razones macroeconómicas, fuentes conocedoras de las conversaciones en el seno del Gobierno aluden también a cuestiones de aritmética parlamentaria. Según explican, el último escudo social aprobado en Consejo de Ministros ―que incluía,entre otros, la revalorización de las pensiones― cayó en febrero en el Congreso por la falta de apoyos y el Ejecutivo no tuvo más remedio que trocearlo para llevar por separado las medidas relativas a vivienda. En el PSOE quieren evitar un nuevo varapalo en las Cortes y, al menos en la primera fase, prefieren asegurar la aprobación de las medidas que contrarresten el encarecimiento de los combustibles y los fertilizantes, y que previsiblemente se dirigirán a sectores como el del transporte o el agroalimentario y pesquero, aunque sin descartar algunos alivios fiscales a los hogares.

El diagnóstico del área económica del Ejecutivo parece responder sutilmente a las demandas de Sumar y de los socios de izquierdas del Gobierno, además de a organizaciones como Comisiones Obreras o los sindicatos de inquilinos. Todos ellos reclaman, por un lado, una prórroga automática de los contratos de alquiler firmados hace años y a punto de vencer, cuyos precios amenazan con dispararse dado el sobrecalentamiento que rodea al mercado de la vivienda. Si la crisis energética se agrava, explican, la situación puede volverse mucho más complicada de lo que es ya para las familias más afectadas, que afrontan subidas de hasta el 60%.

En paralelo, Sumar y los socios exigen también un tope a las renovaciones anuales de las rentas, que, en los alquileres firmados antes de 2024, tienen como referencia el índice de precios al consumo (IPC). El miedo de estas formaciones es que la inflación se dispare ―en febrero cerró en el 2,3%, pero se prevé que suba con fuerza ya en marzo hasta el 3% o 4%― y que las actualizaciones de las rentas se vuelvan inasumibles para muchos hogares.

Con todo, el socio mayoritario no cierra la puerta a actuar más adelante. La propia filosofía del plan, insistió Cuerpo, es mantener un margen de flexibilidad que permita ampliar o adaptar las medidas en función de cómo evolucione el conflicto y sus consecuencias económicas. Un esquema que recuerda al seguido tras el inicio de la guerra en Ucrania, cuando el Ejecutivo fue aprobando sucesivos paquetes a medida que se intensificaba el impacto. “Nos guardamos un elemento de flexibilidad para ir adaptando la respuesta”, dijo el ministro.