El Gobierno aprueba la factura electrónica obligatoria en los pagos de empresas y profesionales | Economía

El Gobierno ha impulsado este martes un real decreto que obliga al uso de facturas electrónicas entre empresas y profesionales, conocido como sistema B2B. La medida, aprobada en el Consejo de Ministros, busca reducir la morosidad, agilizar los cobros y pagos, y fortalecer la competitividad del tejido empresarial, especialmente de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

España, según explica una nota difundida por el Ministerio de Economía, se encuentra actualmente entre los países de la Unión Europea con mayores periodos medios de pago, alrededor de 80 días, muy por encima del límite de 60 días que marca la ley de morosidad. Esta situación ha frenado durante años el crecimiento de muchas empresas. La nueva normativa permitirá registrar electrónicamente la emisión, aceptación y pago de cada factura, ofreciendo un control mucho más preciso sobre los cobros y permitiendo a la Administración monitorizar el cumplimiento de los plazos de pago.

El real decreto establece que las empresas podrán intercambiar facturas electrónicas a través de dos vías: las plataformas privadas, que deberán estar interconectadas entre sí para que ninguna empresa se vea obligada a pertenecer a la plataforma de su cliente, o la solución pública gratuita que ha diseñado la Agencia Tributaria (AEAT). Además, el formato estructurado de las facturas permite que los datos se integren automáticamente en el software contable, eliminando el trabajo que implica introducir información desde los clásicos archivos Excel, los PDF o el papel. Sectores como el gran consumo, la automoción o la hostelería ya aplican sistemas similares con éxito, generando ahorros millonarios en tiempo y recursos.

La implantación, explica Economía, será escalonada. Las empresas con una facturación superior a 8 millones de euros tendrán un año para adaptarse, mientras que el resto contará con un plazo de dos años, comenzando a computarse desde la publicación de la orden ministerial de Hacienda, prevista antes del 1 de julio de 2026.

Aunque el real decreto coincide en el tiempo con otro proyecto del Ministerio de Hacienda, Verifactu, ambos tienen objetivos distintos. El Gobierno recuerda que la factura electrónica B2B (business-to-business, o de empresa a empresa) se centra en la eficiencia en los pagos entre compañías, mientras que Verifactu busca combatir el fraude fiscal, estableciendo requisitos para los softwares de facturación y facilitando el reporte de información a la AEAT. Este proyecto entró en vigor recientemente, pero sus efectos prácticos se aplazaron hasta 2027 para dar algo más de margen de adaptación a los afectados.