El Gobierno aplaza el grueso de las medidas para contener la crisis energética hasta después del Consejo de Ministros | Economía

El Gobierno de coalición se concede unos días más de margen antes de activar el primer paquete de medidas para amortiguar el impacto económico que empieza a provocar en España la guerra desatada en Oriente Próximo. El Ejecutivo trabaja en un plan de respuesta que incluirá medidas fiscales, energéticas y sociales, pero ha optado por aplazar más allá del Consejo de Ministros del próximo martes la aprobación del grueso de iniciativas. Para ello necesitará un real decreto (o varios), que debe ser convalidado posteriormente por el Congreso en el plazo de un mes, lo que obliga al Gobierno a recabar todos los apoyos posibles para asegurarse la luz verde.

La Moncloa quiere evitar precipitarse en un contexto muy cambiante, marcado por la inestabilidad y los continuos vaivenes que llegan desde la Casa Blanca. La escalada bélica tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán ya empieza a dejar huella en la economía española, pero por ahora lo hace de forma limitada. A diferencia de lo ocurrido tras el estallido de la guerra de Ucrania, en 2022, el impacto se concentra de momento en los carburantes, cuyos precios se han disparado en apenas una semana. Mientras tanto, los precios de la luz y los alimentos ofrecen cierta tregua, lo que en el Ejecutivo interpretan como una señal de que todavía hay margen para calibrar la respuesta. A eso se le añade que el Consejo Europeo reunirá a los máximos mandatarios europeos el 19 y 20 de marzo, a finales de la semana que viene y tan solo dos días después del próximo Consejo de Ministros.

Por eso, según explican fuentes conocedoras de las conversaciones, el grueso del paquete anticrisis podría retrasarse algunos días más, posponiéndose incluso hasta después de la reunión de los líderes comunitarios. No obstante, el Gobierno no descarta taxativamente aprobar ya el martes algunas medidas paliativas dirigidas a los sectores más expuestos al encarecimiento de la gasolina y el diésel, como el transporte o la agricultura. Las fuentes consultadas confirman que, en la tarde del viernes, los ministerios implicados seguían sin concretar las posibles medidas de cara al martes.

La cuestión de acertar los tempos en la respuesta a la crisis energética cobra una importancia creciente al constatarse que, de entrada, no hay unanimidad en el seno del propio Gobierno a la hora de determinar cuándo y qué iniciativas aprobar para mitigar los efectos de la escalada bélica. Además, el Ejecutivo está haciendo malabares para negociar la distribución de las futuras medidas en distintos instrumentos legales para facilitar que estos sean aprobados por una mayoría en el Congreso. El objetivo es evitar que lo aprobado en el Consejo no decaiga un mes después, como ya sucedió con el escudo social que se prorrogaba desde la pandemia y la guerra de Ucrania, y que al final hubo que trocear a principios de este año para salvar al menos una parte.

La fricción principal dentro del Ejecutivo surgió en la mañana de este jueves, después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunciara a primera hora que las primeras medidas se aprobarían el próximo martes. Horas después, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, enfriaba esta posibilidad y se limitó a asegurar que el Gobierno actuaría “con celeridad” y daría luz verde a las medidas en los “próximos días”, sin concretar fechas.

Alguna de las medidas esbozadas este jueves por Cuerpo —que avanzó que se utilizarán “elementos fiscales” específicamente para los sectores del campo y el transporte por carretera, más afectados por el encarecimiento de los carburantes— sí podrían aprobarse este mismo martes. Así, algunas fuentes consultadas no cierran la puerta a que se dé el visto bueno a algún alivio para la factura del gasóleo de los transportistas que, agrupados en el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), ya se reunieron de urgencia el miércoles con el ministro de Transportes, Óscar Puente. La principal demanda de los transportistas es un mínimo de 25 céntimos de bonificación por litro de gasóleo, gasolina, AdBlue (un complemento para vehículos diésel) o por kilogramo de gas comprimido.

Se trata de una ayuda muy similar a la otorgada en 2022 por la crisis originada tras el comienzo de la guerra de Ucrania. Si bien Cuerpo insistió el jueves en reiteradas ocasiones en que la situación actual no es comparable a la de hace cuatro años. Esto le llevó a rebajar las posibles necesidades en materia de apoyos, precisando que la fórmula de las bonificaciones no era la preferida por el Ejecutivo. El titular de Economía, no obstante, dijo que “no se descarta ninguna medida”. En la celeridad de adoptar una respuesta para los transportistas influye también la fuerte capacidad de presión del colectivo, por el que pasa buena parte del suministro de bienes y que en el pasado ha protagonizado sonoras protestas.

Además de la asistencia al campo y el transporte, el Gobierno baraja otras medidas fiscales como la reducción del IVA de la energía, para abaratar el recibo doméstico, además del despliegue de los expedientes de suspensión temporal de empleo (ERTE) o la reactivación de parte del escudo social. El Ejecutivo, sin embargo, ha descartado ya recuperar la bonificación universal de 20 céntimos por litro de combustible desplegada en 2022, que generó muchas críticas en su día por generar efectos perniciosos y por no ser una medida progresiva.