El Gobierno aleja un escudo fiscal amplio incompatible con las reglas actuales de Bruselas | Economía

El impacto de la crisis bélica en Oriente Próximo ya empieza a dejar huella en la economía española, y ante este nuevo foco de incertidumbre, el Gobierno prepara un primer paquete de medidas destinado a amortiguar sus efectos. Pero, a diferencia de lo ocurrido hace cuatro años, cuando golpearon la guerra en Ucrania y la crisis inflacionaria, la respuesta pública será —al menos por ahora— mucho más limitada. Y no solo porque el impacto, de momento, no es tan fuerte como entonces, sino porque el margen de maniobra se estrecha en términos fiscales.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, avanzó este jueves que las medidas que despliegue el Gobierno tendrán un carácter “quirúrgico”. Nada que ver con el amplio escudo desplegado en 2022, cuando se aprobó una batería de iniciativas que abarcaba desde la bonificación de los carburantes hasta la rebaja del IVA de los alimentos y la energía. Esas medidas, que se sumaron a otras que se habían puesto en marcha durante la pandemia, tuvieron un impacto en las arcas públicas de varios miles de millones. La diferencia con aquel momento, según sostiene el Ejecutivo, es que el contexto económico hoy es sustancialmente distinto. Además, Bruselas asegura que no se dan las condiciones de recesión económica para que se active la cláusula de escape, que permite a los Estados miembros desviarse de sus objetivos de sostenibilidad fiscal.

“El punto de partida de las variables fiscales es mejor en este momento, lo que le otorga al Gobierno un cierto margen para adoptar medidas. Pero es pequeño”, considera Raymond Torres, responsable de Coyuntura en el centro de análisis Funcas. La deuda y el déficit públicos se han corregido con fuerza con respecto a la primera ola inflacionaria de 2022, como ha recordado el propio responsable de Economía, quien ha subrayado que España llega a este nuevo episodio de tensión geopolítica con “las tareas hechas”. Pero la corrección se ha producido más bien por la inercia del crecimiento, la inflación y la progresiva retirada de las medidas anticrisis que por la puesta en marcha de medidas de consolidación.

Y ahí es donde las reglas fiscales europeas, que volvieron a aplicarse el año pasado con algunos cambios tras el parón obligado por la pandemia, se configuran como un freno adicional al despliegue de ayudas. El nuevo marco pone el foco en el crecimiento de ciertos gastos (no contempla los intereses de la deuda o los subsidios de desempleo), con el objetivo de que los Estados miembros reduzcan la deuda pública en el medio plazo. El plan fiscal presentado por España prevé que el aumento de los desembolsos no supere el 3% en promedio de aquí a 2031, pero la Autoridad Fiscal ya ha alertado de que en 2025 y 2026 habrá pequeñas desviaciones, aunque dentro de los límites permitidos.

Judith Arnal, investigadora principal para Economía Del Real Instituto Elcano, también da cuenta de ello. Explica que, del déficit público registrado en 2022 ―del 4,8%― alrededor de 1,7 puntos se explicaron por medidas para amortiguar el impacto de la guerra en Ucrania. Hoy España llega en una situación fiscal más holgada, pero un esfuerzo temporal de la misma magnitud sería manejable solo con el aval de Europa, es decir, “si se concibe como excepcional y se acompaña de una senda creíble de consolidación posterior”.

En el caso de que no haya suspensión de reglas fiscales, prosigue, el margen es mucho menor. Con el nuevo marco, España cumpliría la regla sobre el crecimiento del gasto público neto y computable en 2025 y 2026 solo en cómputo plurianual y con poco margen, y, en ausencia de nuevas medidas de ajuste, dejaría de cumplirla a partir de 2027. Es decir, “sin cláusula de escape, el margen fiscal de España sería mucho menor y serían necesarias medidas de ajuste, bien en reordenación del gasto, bien en aumento de impuestos o ambos”.

Además, aunque España siga ocupando un lugar destacado entre los países avanzados, la previsión oficial de crecimiento para este ejercicio es del 2,3%, casi un tercio menos que hace cuatro años (6,4%). “Eso implica que tengamos menos capacidad para absorber cualquier aumento de gasto o rebaja de impuestos”, contextualiza Torres.

Al margen de la capacidad fiscal, el analista de políticas públicas y director del centro de estudios EsadeEcPol, Jorge Galindo, sugiere que las medidas que se adopten deben ser muy concretas. “Lo importante es que respeten, en la medida de lo posible, el espíritu de los impuestos”, asegura. Por ejemplo, hay que tener cuidado con aquellas políticas que puedan resultar contraproducentes para la descarbonización. En este sentido, es preferible usar transferencias directas para redistribuir renta en lugar de aplicar rebajas generales, como bonificaciones al combustible, aunque algunas reducciones puntuales, como la rebaja del IVA eléctrico, pueden ser útiles por ir a favor de la transición energética y beneficiar más a los hogares con menor poder adquisitivo.

Economía más robusta

La comparación con 2022 —cuando el mundo se vio sacudido por la crisis energética e inflacionaria— ayuda a entender parte del cambio de escenario. Entonces, la economía española seguía muy condicionada por las secuelas de la pandemia. El PIB se situaba aún por debajo del nivel registrado antes del estallido sanitario, un síntoma claro de que la recuperación estaba lejos de completarse. Cuatro años después, esa brecha ha desaparecido por completo. España cerró 2025 con un crecimiento del 2,8%, un ritmo que contrasta con el avance a medio gas que ha afectado a varias de las principales economías de la zona euro y que refleja una mayor capacidad de la economía para absorber perturbaciones externas.

También ha cambiado la composición del crecimiento. En 2022, la actividad estaba lastrada por las disrupciones en las cadenas de suministro y por un consumo privado debilitado por la incertidumbre energética y bélica. En 2025, en cambio, el dinamismo de la demanda interna y la ejecución de los fondos europeos se convirtieron en los principales motores de la expansión y se prevé que sigan dando impulso a la economía en 2026, aunque han surgido nuevas amenazas de carácter exógeno, como la guerra arancelaria y el conflicto en Oriente Próximo.

Donde el contraste resulta más evidente es en el comportamiento de los precios. La inflación fue, en gran medida, el elemento que definió el año 2022. El encarecimiento del gas y del petróleo tras el estallido de la guerra en Ucrania llevó el índice de precios al consumo a registrar picos del 10,8% durante el verano, uno de los niveles más altos en décadas. La mecha se prendió en toda Europa y llevó a una subida abrupta en los tipos de interés. Cuatro años más tarde, el panorama es muy distinto. La inflación media de 2025 se situó en el 2,7% y actualmente ronda el 2,3%, aunque algunos analistas anticipan un repunte temporal que podría llevar el índice al 3% en marzo y abril. Aun así, la economía se mueve todavía muy lejos del escenario de espiral inflacionaria que llegó a temerse entonces y la política monetaria ha aflojado.

“En 2022 no solo no había reglas fiscales, sino que la política monetaria era más acomodaticia y reaccionó con retraso. Ahora puede ser más reactiva”, matiza Torres. “No sería una buena noticia que el déficit superara el 3%, teniendo en cuenta las presiones que se podrían producir sobre la cotización de la deuda y las primas de riesgo. Hubiéramos tenido más margen si hubiéramos procedido a medidas de reducción de desequilibrios estructurales en este trienio extraordinario”, concluye.