El falso dilema: pensiones versus salarios | Economía nacional e internacional

En el fragor del debate público español sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, una narrativa seductora ha cobrado una fuerza inusitada: el problema fundamental no radica en que las pensiones sean excesivamente generosas, sino en que los salarios de los trabajadores son demasiado bajos. Esta tesis, repetida como un mantra desde tribunas políticas y sindicales, goza de una lógica aparente y un innegable atractivo popular. Apunta a una solución aparentemente indolora y justa: si logramos que los activos cobren más, sus cotizaciones sociales aumentarán y el sistema volverá a ser solvente.

Sin embargo, este enfoque simplifica la realidad y erige un espejismo. Pasa por alto una diferencia categórica entre las dos variables que contrapone: la naturaleza profundamente estructural y multifactorial de los salarios (a pesar de lo que se cree) frente al carácter eminentemente político y discrecional de las pensiones. Creer que podemos decretar una subida de sueldos para resolver la demografía es como intentar curar una enfermedad crónica ajustando únicamente el termómetro.

Para empezar, es crucial desmitificar la naturaleza de un salario. Lejos de ser una cifra arbitraria que un gobierno puede ajustar a voluntad, un salario es, en esencia, el reflejo del valor que un trabajador es capaz de generar por unidad de tiempo. Y este valor no depende solo de su esfuerzo o talento individual, sino de la constelación de herramientas, conocimientos y estructuras que lo rodean. La productividad es la palabra clave. Un ingeniero en una farmacéutica alemana no cobra más que uno español por una superioridad innata, sino porque opera dentro de un ecosistema de innovación, inversión en I+D y capital tecnológico que multiplica el valor de cada una de sus horas de trabajo. Los salarios son, por tanto, una consecuencia, el síntoma visible de la salud de todo un organismo económico. Y puede que la salud no sea buena, pero no deja de ser eso, una consecuencia.

Dicho esto, sería ingenuo afirmar que el mercado español funciona a la perfección. Anque nuestros salarios agregados se corresponden a grandes rasgos con nuestro nivel de productividad, el diseño institucional de nuestro mercado laboral introduce distorsiones que los deprimen artificialmente. La más grave ha sido nuestra endémica dualidad, que ha precarizado el empleo y el salario de determinados grupos de trabajadores. Y a pesar de la reforma, las consecuencias perduran a largo plazo. Un sistema de negociación colectiva a menudo rígido y alejado de la realidad de cada empresa y una serie de rigideces burocráticas que desincentivan la contratación y el crecimiento empresarial se han sumado a esos condicionantes. Seguir reformando estas estructuras es, sin duda, una tarea prioritaria que podría liberar un potencial de crecimiento salarial latente. Y no, la distribución entre el excedente bruto de las empresas y salarios es similar al de otros países, por si lo estaba pensando.

Pero incluso un mercado laboral perfectamente diseñado seguiría siendo solo una pieza del inmenso rompecabezas de la productividad. Para comprender la magnitud del desafío que supone incrementar los salarios de forma estructural, permítanme que le invite a un vertiginoso viaje por los condicionantes de la productividad. El sueldo de un programador en Málaga no empieza en su teclado, sino décadas antes, en la calidad de la educación primaria que recibió, en si sus profesores de secundaria fomentaron el pensamiento crítico y en el nivel de exigencia de su universidad. Depende de la salud de sus padres, reflejo de todo un sistema sanitario, pues el capital humano es también capital físico y mental. Y, de forma crucial, depende de la calidad de nuestras instituciones. Un sistema judicial lento o impredecible, por ejemplo, desincentiva la inversión extranjera, lo que se traduce en menos empresas punteras, menos competencia por el talento y, en última instancia, salarios más bajos para todos.

A todo ello hay que sumar el capital físico y tecnológico. El salario de un agricultor murciano depende tanto de su esfuerzo como de la eficiencia del transporte que lleva sus productos frescos a Europa en tiempo récord, de la infraestructura hídrica que riega sus campos en plena sequía y de la inversión en biotecnología que crea semillas más resistentes. De igual modo, el sueldo de una diseñadora gráfica está ligado a la penetración de la fibra óptica en su barrio, a la adopción de la inteligencia artificial por parte de las empresas clientes y a la existencia de un ecosistema de capital riesgo dispuesto a financiar la innovación.

Finalmente, sobre esta doble base de capital humano y tecnológico, se asienta la propia estructura de nuestro tejido productivo. Nuestros salarios también son un reflejo de una economía dominada por pymes con enormes dificultades para crecer, escalar e internacionalizarse. Reflejan una especialización en sectores de valor añadido medio, como el turismo, con menor capacidad de arrastre salarial que la industria de alta tecnología. La lista podría seguir casi hasta el infinito, abarcando desde la regulación de la competencia en sectores estratégicos hasta los valores culturales que fomentan o desincentivan la asunción de riesgos y la calidad y cualificación del empresariado. Cada uno de estos factores es un mundo en sí mismo, un transatlántico que requiere décadas de consenso político, inversión sostenida y reformas profundas para apenas virar unos pocos grados su rumbo. Eso hace que, si miran la figura que acompaña, el salario esté “en medio” de los observados para otros países, como la productividad, pero inferior al nivel de otros países igualmente productivos. Las reformas nos harían movernos en la dirección noreste. Cuanto más mejor.

En contraste dramático con esta realidad oceánica, el volumen de las pensiones se decide en un tablero mucho más pequeño y manejable. Sus parámetros fundamentales son un puñado de decisiones políticas explícitas: la edad de jubilación, una cifra que ha oscilado en el debate durante décadas; el número de años de cotización requeridos para acceder al 100% de la prestación; el periodo de cómputo para calcular la base reguladora, cuya ampliación o reducción puede alterar drásticamente la pensión final; o la fórmula de revalorización anual, epicentro de la batalla política, que hoy vincula las pensiones al IPC por decisión parlamentaria, no por una ley económica inmutable. Todas y cada una de estas variables pueden modificarse, y de hecho se han modificado repetidamente, con la celeridad de un Real Decreto Ley aprobado en una mañana de Consejo de ministros y publicado por la tarde en el Boletín Oficial del Estado. Y al contrario que la productividad/salario, la relación entre generosidad de las pensiones y productividad está al lado contrario. Este desequilibrio, por lo tanto, es una espada de Damocles para la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

La honestidad intelectual nos obliga, por tanto, a dejar de usar los salarios como coartada. Centrar el debate en ellos es una forma de procrastinación política, una maniobra para evitar la conversación necesaria sobre el diseño de nuestro sistema de pensiones: su generosidad, su equidad intergeneracional y su sostenibilidad a largo plazo. La verdadera pregunta no es cómo podemos subir los sueldos por decreto para pagar las pensiones del mañana, sino qué sistema de pensiones podemos permitirnos hoy, de forma honesta y sostenible, con la riqueza que como país somos capaces de generar. Y si queremos ser más generosos, hagamos las reformas necesarias.