mié. Ago 13th, 2025

El contrato de la Policía con el mayor fabricante de armas de Israel

Aunque el Gobierno insiste en cortar todo vínculo con Israel, en abril de este año la Dijin renovó un contrato con Elbit Systems para el mantenimiento de su sistema de interceptaciones.

A poco más de un año de que Colombia rompiera relaciones diplomáticas con Israel, un nuevo contrato volvió a tender un puente. Esta vez en inteligencia militar. En abril de este año la Policía Nacional firmó un acuerdo por 9 mil millones de pesos con Elbit Systems C4I, el mayor fabricante de armas israelí, para brindar soporte y mantenimiento a una herramienta clave de interceptación y análisis de comunicaciones.

El documento lleva la firma de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) y aparece en medio de un clima tenso  entre ambos países: mientras el presidente Gustavo Petro exige sanciones penales contra Israel por los ataques en Palestina, y tras un decreto que prohíbe exportar carbón colombiano a ese país. 

“La relación con Israel está pasando por su peor momento en dos niveles. Uno, es el diplomático, pues ninguno de los estados tiene conversación directa. Lo segundo, en las relaciones comerciales bilaterales”, explica Enrique Prieto, abogado experto en derecho internacional. 

Sin embargo, a pesar del distanciamiento público, los vínculos, al menos en el terreno militar, siguen operando por fuera de los reflectores.

El acuerdo con único oferente 

El 30 de abril de este año la Policía firmó el contrato con el que se hace mantenimiento al sistema Target 360 que utiliza Colombia para las interceptaciones y es de propiedad intelectual de Elbit Systems. Este es uno de los otros 13 acuerdos comerciales que ha firmado el Ministerio de Defensa y la Dijin con la empresa israelí en los últimos ocho años. 

Los registros públicos indican que estos acuerdos han sido por contratación directa con ofertas, a excepción de los últimos cuatro, registrados desde  2021 a la fecha, donde no hubo más oferentes. La justificación dispuesta en los documentos es que “no existe pluralidad de oferentes en el mercado”. 

Esta relación comercial tiene historia. En 2015 empezó a operar en Colombia el sistema Target 360 a través de un contrato con la estadounidense Nice System Ltd que luego vendió sus activos a Cyberbit Solution Ltd. En 2018 esta empresa cambió su razón social y pasó a llamarse Cyber Intelligence Ltd y un año después se fusionó con Elbit Systems C4I. 

En 2021, el Ejército Colombiano le compró a la compañía israelí un sistema de vigilancia y monitoreo fronterizo por alrededor de 30 millones de dólares. Esto incluía cámaras, sensores térmicos, radares de barridos y drones. 

Actualmente la compañía israelí, según el último contrato con la Dijin, es la única facultada para realizar modificaciones o actualizaciones al sistema de interceptaciones. “Lo que imposibilita a otros fabricantes de esa industria tener acceso a la arquitectura, diseño de la base de datos” o cualquier información fundamental para manipular Target 360, según se lee en el documento. 

El licenciamiento y mantenimiento adquirido finalizó en diciembre de 2021 y la Dijin renovó el contrato el 22 de abril de 2023, un mes después de que el presidente Petro anunció, a través de sus redes sociales, que suspendía toda compra de material militar a empresas israelíes. El acuerdo también fue renovado en 2024 con una vigencia hasta abril de 2025. 

En los últimos 16 meses, la institución ha reportado la interceptación de más de 26.000 números telefónicos mediante esta herramienta, además de la incautación de 38 armas, 38 vehículos y la captura de al menos 11 personas.

Elbit Systems: referente de fabricación de armas

La empresa israelí además de fabricar armamento, se encarga de desarrollar software y hadware para sistemas de vigilancia y coerción, como programas de reconocimiento facial, drones inteligentes, cohetes guiados, entre otros. Esta producción le ha dado un lugar entre los principales fabricantes de armas en el mundo, según la ONU. 

Más del 32 % de sus ingresos provienen del estado israelí y, desde que inició la ofensiva sobre Gaza en 2023, sus ganancias se han disparado más de un 30 %. Su portafolio para Israel incluye drones armados, bombas inteligentes, municiones guiadas, robots terrestres y sistemas navales. Los contratos firmados ya superan los mil millones de dólares. En 2024, el gobierno israelí le entregó el Premio Nacional de Defensa: un galardón que, en este contexto, premia “la eficacia bélica”.

En un reciente informe, Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos, detalla cómo “los drones, en gran parte desarrollados y suministrados por Elbit Systems (…) han volado durante mucho tiempo junto a los aviones de combate, vigilando a los palestinos y entregando inteligencia sobre ciertos objetivos”. 

Incluso, señala que los departamentos de ciencia y tecnología de las universidades israelíes se han aliado con el ejército y contratistas de Elbit Systems para el desarrollo de herramientas de vigilancia, control de multitudes, guerra urbana, reconocimiento facial y asesinatos selectivos. Su señalamiento es contundente: Elbit Systems ha vuelto del genocidio una empresa rentable y por eso es responsable del mismo. 

Recordemos que casi 60.000 palestinos han sido asesinados por ataques del gobierno de Israel, en medio de un genocidio que el mundo ha visto en vivo y en directo. En días recientes,  la ONU reportó que fuerzas israelíes mataron a más de 1.000 personas que intentaban recibir ayuda alimentaria en Gaza. Con ello, Palestina ha quedado sumergida en una hambruna masiva. 

De hecho, existen registros que comprueban que ataques mortales contra la población palestina se han cometido con armamento de Elbit Systems. Es el caso del ataque con drones SkyStriker, en abril de 2025, al campamento de desplazados en Jabalia y en 2023 bombas MPR500 sobre campamentos y zonas residenciales. En total, según el Ministerio de Salud de Gaza y la ONU, en los últimos tres años ha habido 143.000 heridos en Gaza por estas ofensivas y el número de personas afectadas asciende a 200.000. 

Durante la reciente cumbre del Grupo de La Haya, del que Colombia hace parte, y que se realizó en Bogotá, la relatora pidió medidas a los estados miembro de la ONU: “Es absolutamente obligatorio implementar un embargo de armas. Esto es una obligación internacional. No es caridad, ni un acto de solidaridad. Se necesita un embargo de armas y la suspensión de cualquier otra fuente de energía que esté alimentando los crímenes israelíes”.

En Colombia, aunque el Gobierno ha hecho declaraciones públicas contra Israel, las medidas no se han traducido en acciones eficaces. “Esas relaciones (con Israel) se han mantenido. Se han mantenido en todos los aspectos, no solo en el comercio de armas, sino en otros ámbitos”, asegura una vocera del movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS). 

Los compromisos de Colombia 

Como resultado de la cumbre del Grupo de La Haya, 12 de los 32 Estados que participaron llegaron a acuerdos sobre medidas concretas contra Israel. Entre ellas, suspender toda provisión o transferencia de equipo militar, y revisar exhaustivamente los contratos públicos vigentes con ese país. En el caso colombiano, implicaría analizar acuerdos como el suscrito entre la Dijin y la empresa armamentista Elbit Systems.

“La gravedad de la situación exige que esos acuerdos sean suspendidos, y, con suerte, eliminados una vez se desmantele la ocupación permanente. También se debe asegurar que ningún actor o entidad privada —ya sean fabricantes de armas o empresas que produzcan bienes y servicios o que formen parte de las cadenas de suministro, bancos, fondos de pensiones e incluso universidades y organizaciones benéficas— continúe siendo cómplice de los crímenes que Israel comete”, declaró Albanese tras darse a conocer los acuerdos a los que se adhirió Colombia. 

Sin embargo, aunque el gobierno de Gustavo Petro ha anunciado medidas, como la prohibición de exportaciones de carbón hacia Israel, en la práctica esas decisiones han resultado ineficaces. Tal como reveló VORÁGINE, desde que se firmó el decreto 1047 de 2024, más de un millón de toneladas de carbón han salido de Colombia con destino a Israel, transportadas por al menos 30 embarcaciones. El pasado 24 de julio, un nuevo buque carbonero zarpó desde el puerto de Ciénaga, Magdalena —uno de los puntos desde donde Drummond exporta su producción— rumbo a ese país.

“Hay un problema grande y es que el Ejecutivo toma unas decisiones que el mismo Ejecutivo no cumple. No basta con que las decisiones estén tomadas”, señala una vocera del movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS). Una serie de excepciones, incluidas en el decreto, han permitido que empresas como Drummond y Glencore sigan enviando carbón a Israel sin mayores obstáculos.

El cumplimiento de los compromisos asumidos en la cumbre será aún más complejo. El vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir anunció que el gobierno revisará las excepciones del decreto y los contratos públicos suscritos con Israel, y que para ello se dará prioridad a los tratados de derechos humanos adscritos por Colombia, incluso por encima de acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio firmado con Israel en 2020. 

Pero el camino legal es estrecho. El abogado Enrique Prieto advierte que el Gobierno solo puede terminar, mediante decreto presidencial, los contratos que dependan directamente de la Rama Ejecutiva. Incluso en esos casos, la ruptura de contratos podría llevar a que empresas israelíes demanden a Colombia ante tribunales internacionales de inversión. “Si perdemos, el costo sería de muchos millones de dólares. Si Colombia no cumple, tendríamos unas repercusiones económicas enormes. Incluso, algunos activos del gobierno que no lleguen a tener protección diplomática, podrían ser embargados”, explica. 

Aunque las intenciones del Gobierno han sido presentadas como una postura ética y humanitaria, en el plano jurídico internacional los tratados de libre comercio y los acuerdos de derechos humanos tienen actualmente el mismo rango y validez. 

Colombia dice rechazar el genocidio en Gaza, pero sostiene contratos millonarios con una de las empresas que lo posibilita. Mientras lo denuncia ante el mundo, mantiene acuerdos de seguridad con Elbit Systems y exporta carbón hacia Israel. La distancia diplomática no ha frenado los negocios, y los compromisos humanitarios siguen chocando con la realidad de los acuerdos comerciales. 

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