El Consejo de Ministros aprueba la ley para compensar los gastos de los becarios no remunerados | Economía

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha iniciado su intervención tras el Consejo de Ministros de este martes leyendo varias ofertas de prácticas no laborales que ha recopilado su ministerio para ilustrar la necesidad de regular la situación de los becarios: “Ambiente joven, dinámico y con alma, esto es trabajar más de 12 horas”; “café gratis, equipo cercano y mucho espíritu de colaboración, esto es que no pagan”; “salario no disponible, otros que tampoco pagan”. Con el fin de aliviar esos niveles de precariedad en las prácticas, el Consejo de Ministros ha aprobado en primera ronda el anteproyecto de ley del estatuto del becario, la norma con la que el Ministerio de Trabajo espera evitar este tipo de situaciones. La norma necesita un aval parlamentario que se antoja dificilísimo.

El estatuto plantea limitar a un máximo de 480 horas (la mitad que ahora) las prácticas extracurriculares por alumno, figura en la que se concentra el fraude al no estar directamente vinculadas con la formación. También propone un régimen sancionador que penaliza los incumplimientos más graves con hasta 225.000 euros y la obligación de que las empresas cubran los gastos del estudiante, como el transporte al lugar en el que desarrolle las prácticas. Esta compensación no se aplica a los becarios con nómina, ya que con esa retribución ya se consideran nivelados los gastos. La normativa no obliga a retribuir al becario, una de las reclamaciones más insistentes de la izquierda política y sindical y que finalmente no formó parte del acuerdo con los sindicatos.

Al tratarse de un anteproyecto de ley, el mismo exige el visto bueno del poder legislativo para entrar en aplicación. En 2023, cuando se alcanzó el acuerdo con los sindicatos, ya parecía difícil que saliera adelante en el Congreso por las dudas que expresaron varios socios del Ejecutivo, como PNV, ERC y Bildu. De las elecciones que se celebraron seis semanas después resultó una mayoría aún más precaria para el Gobierno, con la necesaria participación de Junts para cualquier iniciativa.

El grupo liderado por Carles Puigdemont ya rechazó en septiembre la norma estrella de la legislatura, la prometida reducción de jornada laboral a 37 horas y media. La semana pasada dio un paso más con el anuncio de ruptura del pacto de investidura, avalado por la militancia de Junts. Esta novedad política complica aún más el camino de un proyecto que ya tenía pocas oportunidades de prosperar en el legislativo.

[Noticia en elaboración. Habrá ampliación en breve].