El Congreso tumba la reducción de la jornada laboral con los votos de PP, Vox y Junts | España

Tras un debate muy crispado, con un enfrentamiento inédito hasta ahora entre el Gobierno y Junts, las derechas han unido este miércoles sus votos en el Congreso para tumbar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, proyecto nuclear del ministerio que dirige Yolanda Díaz. PP, Vox, Junts y UPN han dado luz verde a las enmiendas a la totalidad de la ley presentadas por el partido de Carles Puigdemont, los populares y Vox, que han salido adelante con 178 apoyos (frente a 170 noes) y ha propiciado la primera gran derrota parlamentaria de la coalición este curso. En una intervención durísima contra Junts, un socio de investidura al que el Ejecutivo necesita para sostener la legislatura, Díaz ha subido el tono como nunca al afear a los catalanes su rechazo a la norma, acusándoles de “colocarse en contra de la historia de su pueblo” y “de lo que quiere” la mayoría de sus votantes. “Señora Nogueras”, se ha dirigido de manera reiterada la vicepresidenta a la portavoz de Junts, “ustedes hoy creen que están representando el independentismo catalán. No es verdad, representan los intereses de la patronal española en sus sectores más reaccionarios”, ha atacado en la víspera de la Diada la titular de Trabajo, que durante meses había evitado esa confrontación pública para dar espacio a las negociaciones. Frente a la ofensiva de la vicepresidenta, y después de seguir muy atento su grupo cada uno de los embates de Díaz, Míriam Nogueras ha respondido igualmente dura. “Su único argumento es situarnos a nosotros a la derecha y lo hacen porque no tiene datos ni fundamentos para defender lo indefendible”, ha arremetido.

El debate en el hemiciclo se ha producido tras la protesta convocada por los sindicatos frente al Congreso y con la presencia de los líderes de UGT, Pepe Alvárez; y CC OO, Unai Sordo, en la tribuna de invitados. Todos los ministros de Sumar han arropado a la vicepresidenta en su intervención, pero solo Félix Bolaños, por el PSOE, ha acudido a escucharla unos minutos.

“Usted está representando al capital. El Gobierno de España está representando a las gentes trabajadoras catalanas. Usted no se pone del lado del trabajador o el autónomo, sino de quien hoy en España se está forrando“, ha criticado la líder de Sumar en un discurso dirigido fundamentalmente a la diputada de Junts y después de enumerar una serie de datos sobre la bonanza del mercado laboral español y catalán, como el récord de 3,4 millones de autónomos. “El ultimo debate sobre la reducción de la jornada laboral fue hace 42 años. ¿Cree que la España de 1983, en la que usted tenía tres años, es la España en la que trabajamos y vivimos hoy?“, le ha preguntado la responsable de Trabajo.

“Las personas que suben la persiana cada día no deben de dar crédito de su ignorancia de la realidad catalana. Quizás yo tenía tres años, pero yo vivo en Cataluña y usted no”, le ha respondido una enfadada Nogueras, que el lunes trasladó oficialmente a Trabajo que mantendrían su rechazo a la ley.

“Se equivocan. Con esta votación no están defendiendo al autónomo, al carnicero, sino los intereses de Mercadona y de las grandes empresas”, ha rematado Díaz. ”Las encuestas la sitúan en un lugar residual. Si algún día quiere hablar con respeto de Cataluña, del tejido productivo y la clase trabajadora, nosotros estaremos ahí“, ha concluido el rifirrafe la portavoz de Junts. ”El trabajo está avanzado en muchos folios, empecemos mañana”, ha recogido el guante en el cierre del debate la vicepresidenta.

Por el PP, Juan Bravo ha tachado la ley sobre la reducción de jornada de “ciencia ficción”. “La gente no es tonta. Como por arte de magia vamos a trabajar menos y cobrar lo mismo. Trabajemos la mitad y cobremos el doble, o el triple”, ha ironizado el vicesecretario de Hacienda de los populares, partido que, como Vox, ha presentado su propia enmienda a la totalidad. “Dejen de engañar a los españoles, convoquen elecciones y sométanse a las urnas”, ha proclamado en su primera intervención el diputado de la formación ultra José María Figaredo.

“Bien que siento el interés, es ironía, que muestra el PP por esta materia”, ha contestado Díaz a Bravo antes de calificar su voto en contra de “bofetada sonora” a los 12,5 millones de trabajadores que se verían beneficiados por la reducción.

Golpe al Gobierno

Aunque el varapalo es importante para el Ejecutivo, la coalición lleva días preparando el terreno para la derrota. El Gobierno busca minimizar el daño, asegura que este asunto “moviliza” a la ciudadanía y argumenta que esta misma semana han sacado adelante otros avances importantes, como el decreto de permisos aprobado 24 horas antes. El golpe, con todo, afecta particularmente al departamento de Díaz, que ha convertido esta medida en bandera central de Sumar y había fiado buena parte de su rearme a la aprobación de la ley. La vicepresidenta ya ha anunciado que seguirá trabajando para sacar adelante, al menos, la parte de la norma que se refiere al registro horario.

“Nos quieren deprimidos, nos van a encontrar luchando”, ha zanjado la vicepresidenta. “Hoy vamos a perder esta votación, pero la reducción de la jornada y la subida de salarios ya la hemos ganado en la calle”.

El proyecto rechazado este miércoles en el Congreso era fruto de meses de negociaciones del Ministerio de Trabajo con sindicatos y patronales. El texto empezaba respondiendo a la principal promesa electoral de Sumar, recogida después en el acuerdo de coalición: cambiar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que establece que la jornada ordinaria máxima semanal es de 40 horas. Inicialmente planteaba dos recortes, a 38 horas y media en 2024 y a 37 y media en 2025. La dilación de las conversaciones en el diálogo social acabó borrando el paso intermedio y en el texto que llegó al Congreso solo cristalizaba el objetivo final.

Registro horario

El proyecto del ministerio, respaldado por los sindicatos y rechazado por las patronales, no se limitaba a ese recorte de jornada. Es más, el nombre formal de la norma es proyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo y la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión. Empezando por ese último elemento, Trabajo planteaba un cambió del artículo 20 bis del Estatuto, el que regula el derecho de los trabajadores a la intimidad en relación con el entorno digital y a la desconexión. La propuesta profundiza en esa idea: fijaba como irrenunciable el derecho a la desconexión, establecía el deber empresarial de garantizarlo y precisaba que la no atención de la comunicación fuera de la jornada laboral “no podrá generar consecuencias negativas” al empleado.

La otra pata de la ley era el refuerzo del registro horario, una baza negociadora que no ha dado resultados a Trabajo. Díaz venía amenazando con que lo endurecería con un reglamento (según el ministerio esta parte no necesita convalidación parlamentaria) si el paquete completo fracasaba en el Parlamento, como ha terminado sucediendo. Si Díaz cumple lo prometido —y que los sindicatos le reclaman—, el registro horario pasará a ser obligatoriamente digital y se impedirán por tanto las anotaciones en papel que, según los especialistas, tanto fraude generan.

Además, Trabajo propone un sistema interoperable al estilo de las cotizaciones a la Seguridad Social, de manera que Inspección pueda auditar los horarios cuando le parezca oportuno. Por último, el departamento plantea una multiplicación de las sanciones, un recargo en los castigos que sí exigiría tramitación parlamentaria, ya que la elevación de las multas está regulada en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS), y cualquier cambio en esta norma requeriría la aprobación de una mayoría parlamentaria.

La idea del ministerio es que en vez de darse un único castigo por empresa incumplidora, independientemente del número de empleados, con el nuevo reglamento la compañía afronte una sanción por cada trabajador en el que haya habido incumplimientos. Este es un problema que afecta al menos a medio millón de empleados. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, 420.300 trabajadores no cobran ni una de sus horas extra y 71.400 solo reciben emolumentos por una parte de las horas de más que laboran.