El caso Alessandro Lecquio: así es la letra pequeña de los contratos de los tertulianos en televisión | Negocios

El despido fulminante de Alessandro Lecquio de Mediaset ha puesto el foco en un aspecto que normalmente queda fuera de los platós: la letra pequeña que rige la vida de los tertulianos en televisión. Y es que detrás de cada opinión incendiaria, análisis político o chascarrillo sobre un tema espinoso, se esconde un contrato que estipula qué pueden decir, cómo deben comportarse y hasta dónde llega la paciencia de las cadenas televisivas. La reciente salida del colaborador —tras la reactivación de antiguas acusaciones de maltrato por parte de su expareja, Antonia Dell’Atte— pone de manifiesto que, más allá del espectáculo, los focos y el maquillaje, la televisión funciona bajo un andamiaje legal férreo con mecanismos que pueden provocar despidos exprés.

Por regla general, la relación contractual de los tertulianos con las cadenas se rige por un acuerdo mercantil. No tienen horario de empresa y trabajan como colaborador externo o freelance. Estos contratos pueden ser extensos y abarcar varias páginas ya que, según los expertos consultados, las productoras vigilan el más mínimo detalle para evitar cualquier tipo de problema. “Las cadenas suelen exigir una redacción minuciosa para cubrir aspectos reputacionales, derechos de imagen, cumplimiento normativo y responsabilidad por declaraciones”, afirma Sara Gutiérrez, abogada en Singular Law.

Las productoras suelen ser especialmente quisquillosas con pactos que permitan blindar su reputación. “Intentan protegerse al máximo porque un tertuliano no es solo un trabajador, sino también una figura pública cuya conducta puede impactar directamente en la marca y reputación del programa o cadena en general”, señala Pilar Sánchez-Bleda, socia directora del área media & tech de Auren Legal. Por ello, es habitual firmar contratos en los que que se incluyen las llamadas cláusulas de moralidad o moral clauses, “que permiten a la cadena resolver el contrato si la conducta del tertuliano, incluso en su vida privada, genera un perjuicio para la imagen del programa o de la empresa”, explica.

Ejemplos no faltan. Uno de los casos más mediáticos fue el de Marta López, tertuliana del programa Sálvame, que fue despedida por tener una “actitud irresponsable” durante la pandemia en 2020. La colaboradora fue vista en un festival de Marbella sin mascarilla y sin respetar la distancia de seguridad, lo que provocó que Mediaset lanzara un comunicado anunciando la rescisión del contrato de la colaboradora. Otra situación similar ocurrió con Paz Padilla, que fue despedida del mismo programa en 2022 tras una discusión en directo sobre las vacunas contra la covid-19, donde supuestamente afirmó que “no servían para nada” y abandonó el plató antes de que se terminara la emisión. Su salida, que la cadena justificó por mala praxis, se resolvió tres meses después con su reincorporación a los platós.

Pero contar con una cláusula que permita despedir a un tertuliano por su conducta no suele bastar para las productoras. “En los contratos también se suelen incluir indemnizaciones, tasadas o sin cuantificar, en aquellos casos en los que las declaraciones provoquen perjuicios a la imagen de la cadena o del programa”, señala Raúl Rojas, socio de Ecija. En los supuestos más graves —como acusaciones de violencia de género o comentarios discriminatorios— se añaden además cláusulas de indemnidad, por las que el tertuliano asume toda la responsabilidad por lo que dice y exonera a la cadena ante posibles demandas por injurias, calumnias o vulneración del honor.

Sin embargo, la práctica demuestra que ese blindaje tiene límites. Como recuerda Iban Díez, socio de Menta Legal, aunque el contrato establezca que el tertuliano es responsable de lo que dice, lo normal es que, ante un conflicto, la demanda se dirija primero al medio y no al colaborador. ¿Por qué? Porque la cadena es la responsable editorial de supervisar el contenido. “Las cláusulas sirven para reclamar después [al colaborador], pero no evitan la exposición inmediata, ni la obligación de responder ante terceros, ni reparan la imagen de la cadena”, afirma Díez.

Además de blindarse mediante contrato, muchas cadenas recurren a rótulos o disclaimers en pantalla para advertir de que no se hacen responsables de las opiniones vertidas por sus tertulianos. Estos avisos —más frecuentes en debates políticos o en programas del corazón— buscan minimizar el riesgo legal ante posibles demandas por difamación, vulneración del derecho al honor o por comentarios que puedan considerarse discriminatorios. No obstante, este tipo de mensajes tiene un efecto legal limitado. “La cadena puede responder si existe falta de diligencia en el control editorial, si se difunden hechos falsos o si se vulneran derechos fundamentales de terceros”, advierte Sara Gutiérrez.

“Las cadenas o las productoras no pueden exonerarse de responsabilidad frente a hechos ilícitos mediante un simple aviso o disclaimer”, afirma Iban Díez. “La mera fórmula de ‘no nos hacemos responsables’ no impide que una cadena sea considerada responsable por vía civil o penal según el caso”. En palabras del experto, el hecho de que la responsabilidad recaiga únicamente en el tertuliano que colabora en un programa vulnera el derecho “a la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho todos los ciudadanos de acuerdo con nuestra Constitución”, asegura.

Pilar Sánchez Bleda coincide: tanto el director del programa o de la cadena televisiva podrían ser considerados responsables por los comentarios que emitan sus tertulianos o colaboradores en el marco de sus programas, según el control que ejerzan. No obstante, la experta advierte de que la responsabilidad principal recae primero en el autor de la ofensa, o en el guionista en caso de haber preparado un diálogo.