Díaz premiará a las cooperativas de crédito “éticas” para reivindicarlas frente a la banca tradicional | Economía

El Ministerio de Trabajo quiere promocionar a la banca “ética” frente a las grandes entidades financieras, a las que acusa (concretamente al Santander y al BBVA) de invertir los ahorros de la ciudadanía en el negocio armamentístico o los combustibles fósiles. Para ello defiende un real decreto “de fomento y promoción de las entidades financieras de la economía social y de las finanzas éticas”. En concreto, afectará fundamentalmente a cooperativas de crédito, servicios financieros o fundaciones. El periodo de audiencia e información pública de esta norma acaba de terminar. Este jueves el departamento de Díaz ha informado del detalle de la propuesta: tomará en cuenta diez criterios de responsabilidad social corporativa y se premiará a las entidades que los cumplan con campañas de promoción y subvenciones. Además, ha acusado al Ministerio de Economía de rechazar inicialmente la norma.

Pese a tratarse del ámbito financiero, este proyecto entra en las competencias de Yolanda Díaz porque interpela a lo que denomina como economía social. Según establece el decreto, las entidades que podrán beneficiarse de las medidas planteadas son las citadas cooperativas de crédito, de servicios financieros y fundaciones que desarrollen su actividad financiera “exclusivamente desde la economía social”, así como asociaciones “que promuevan la concesión de ayudas reintegrables a colectivos en riesgo de exclusión financiera”. Un ejemplo de banca cooperativa en España es el Grupo Caja Rural o la catalana Coop57. Como solo interpela a ese tipo de entidades, las de banca tradicional que cumpliesen con los requisitos no serían reconocidas como “éticas”.

Entre los criterios establecidos por el ministerio para definir a una entidad como “ética” se encuentran: “Priorizar el impacto social y ambiental positivo sobre la maximización del beneficio económico”; “reinvertir el 75% de sus beneficios en el reforzamiento patrimonial de la propia entidad”; “evaluar con especial atención al impacto social y ambiental y a la economía social”; y “adoptar políticas de remuneración que reducen la diferencia salarial en la entidad, con una ratio retributiva entre el sueldo máximo y mínimo no superior a siete”. El ministerio trabaja con la posibilidad de lanzar incluso un sello que identifique a las empresas que cumplan estos criterios, pero de momento no se concreta en el decreto.

Las entidades que cumplan con estos criterios se beneficiarán de varias medidas, como subvenciones, estudios de interés para esas finanzas éticas, campañas de comunicación y otros mecanismos específicos “de fomento y financiación que se determinen para las entidades financieras de la economía social”. El proyecto está pensado para reivindicar la responsabilidad social y corporativa de esas entidades “éticas”, pero no contempla castigos ni sanciones ni señalamientos para las que no lo hagan.

Al tratarse de un real decreto, este proyecto no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados para entrar en vigor, en línea con otras iniciativas del ministerio . Trabajo no ha especificado cuando estima que podría entrar en vigor, pero sí subraya que ha sido objeto de debate con el Ministerio de Economía. El departamento de Díaz acusa al de Carlos Cuerpo de rechazar inicialmente esta nueva regulación.

Grupo de expertos

Este proyecto se enmarca en una estrategia mayor en materia de responsabilidad social y corporativa. En abril Díaz presentó un grupo de expertos al que encargó que analice y actualice el marco normativo “con el que dar un impulso a la responsabilidad social de las empresas” en España. Trabajo explicó que los expertos tomarían como base directrices internacionales como la directiva Europa 2024 sobre diligencia debida, “en la que se marcan objetivos tanto en materia de derechos humanos laborales y sociales como de medio ambiente”.

“La comisión analizará y actualizará el marco normativo con el que dar impulso a la responsabilidad social corporativa (RSC). Se analizarán las estrategias y planes de acción existentes y se buscará alinearla con los principios de justicia social, transición ecológica y democracia en el trabajo”, añadió el ministerio, que espera ese informe antes de diciembre.