¿Devolverá Hacienda esta vez los dividendos fiscales de la inflación? | Opinión

No hay que echar la vista demasiado atrás para conocer los efectos que una guerra tiene sobre la inflación y el daño que genera a la economía: el terremoto ruso con epicentro en Ucrania desató un tsunami inflacionista como no se conocía desde los setenta y ochenta del siglo XX, aunque su derrota ha sido ahora más rápida que entonces. Y ahora el epicentro iraní con réplicas en todo Oriente Próximo amenaza con otra escalada de los precios energéticos que se filtrarán en todas las actividades con el riesgo de una recesión si la guerra dura demasiado.

El Gobierno, que vela por nosotros, ha activado ya una respuesta como la activada en 2022-2023 financiada por nosotros mismos, aunque con no menos entusiasmo encajará la indisimulada alianza que históricamente tienen los gobiernos con la inflación, su amigo público número uno, del que han obtenido generosos dividendos en los últimos cinco años: récord de ingresos fiscales y fuerte caída de la deuda pública relativa. Es urgente una ley que obligue a deflactar tarifa y deducciones del IRPF y neutralizar el efecto sobre el IVA, para evitar el castigo a los contribuyentes y el premio para Hacienda.

La guerra de Irán, o de Oriente Próximo, o de Estados Unidos e Israel, que tanto da, nadie sabe cuánto durará, porque las armas las carga el diablo, se sabe cuándo se desenfundan, pero nunca cuándo se envainan. Tiene mala pinta y podría consolidar una subida no cuantificable de los precios de la energía y otras materias primas, oleada inflacionista, subida de tipos, contracción del crédito, alertas en los mercados de deuda, desplomes bursátiles, ajustes de empresas, desempleo… y vuelta a empezar después de una factura muy negra. Un ciclo crítico que perjudica a todos, pero a unos más que a otros. Los gobiernos suelen recoger calladamente con el oleaje inflacionista unos magníficos dividendos que lustran la gestión de sus cuentas, mientras se dejan maltrechas las de los particulares. En pequeñas dosis la inflación no mata a nadie, incluso alegra la buena marcha del negocio, pero a granel es letal para la economía.

Si el primer impulso de la recaudación récord cada uno de los últimos años ha sido el crecimiento, ni el Gobierno puede negar que, siguiendo la enfermiza in­dexación de la mayoría de las variables de la economía, ha practicado una política expansiva proinflacionista en materia de rentas, tirando siempre por elevación de salarios y pensiones, con el consiguiente incremento de las bases imponibles y de la demanda. Además, la Hacienda española es una de las que no recoge en sus normas la deflactación de la escala tarifaria del IRPF ni de cada una de sus deducciones fiscales, lo que genera un sobreingreso fiscal proveniente de lo que los fiscalistas denominan con el tecnicismo de la progresividad en frío.

Así, todo incremento nominal de la renta se somete a un tipo efectivo superior de la escala del impuesto sin que haya una ganancia real de los ingresos, y reporta para la caja común un incremento de la recaudación. En cuanto a los mínimos exentos, si no se produce una deflactación pierden atractivo fiscal cuantitativo para quien los disfruta, puesto que la deducción real experimenta una merma de la renta. Este fenómeno se repite año tras año, y Hacienda únicamente ajustó pequeños detalles en 2023 para algunos colectivos porque varias regiones le ganaron la mano en sus tramos del impuesto.

Mecanismo regulado de ajuste

Una política fiscal neutra debería disponer de un mecanismo regulado de ajuste de tipos, tramos y deducciones en función de la inflación, por moderada que fuese esta; pero es de urgente necesidad si se presentan, como en los últimos años, oleadas intensas de inflación. ¿Para cuándo una norma explícita sobre este asunto que corrija el daño a los contribuyentes? Hay muchos países que lo tienen reglado (los nórdicos, EE UU, Francia, Alemania o Irlanda) y España no puede seguir siendo diferente. El Gobierno ha corregido la erosión de la inflación porque dispone del margen que le proporciona la misma variable, pero lo hace de manera parcial y divisiva, siempre con intencionalidad más política que racional. La mejor muestra es la liberación fiscal del salario mínimo, que además sube más que el deflactor.

2025 ha bajado el déficit fiscal al 2,2% del PIB, mínimo en 18 años, con récord de ingresos fiscales (crecieron un 10,4%) en IRPF (alza del 10,1%), IVA (9,9%) y casi en Sociedades (8,1%). El margen de maniobra es descomunal, y la necesidad de deflactar tarifas y deducciones, de obligada decencia política. El Gobierno se niega porque lo reclama la oposición, que cuando gobernaba tampoco lo hacía; y así, unos por otros, los contribuyentes son víctimas de una especie de doble imposición sobre sus rentas: la de los impuestos y la de la inflación.

Hay mucha literatura sobre la prima fiscal generada por la renta no ajustada a la inflación, que proviene sobre todo vía IRPF, pero también por el avance natural de las ventas sujetas al IVA. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), encargada de fiscalizar las finanzas públicas, cuantifica la aportación de los precios al incremento de la recaudación en los últimos cinco años en cuatro de cada diez euros, tanto como el propio crecimiento real de las rentas. En el IRPF el aporte de los precios fue superior al real: 42,6% de media en el periodo, por el 33,2% del componente real. Del incremento de la recaudación por IVA son responsables por igual los precios y el crecimiento real. Sobre 2025, el nuevo ministro de Hacienda reduce a solo 1,3 puntos el incremento de recaudación inducido por la inflación, que no es poco, y que es mucho más de lo que con las ayudas recientes por la guerra ha devuelto Hacienda a los contribuyentes.

Pero este ciclo de generosa alianza entre el Gobierno y el amigo público número uno no ha sido suficiente para alcanzar los superávits primarios, y no ha impedido que la deuda pública nominal siga subiendo a renovados récords. Pero eso sí, y aquí está el segundo dividendo macroeconómico que la escalada de los precios de consumo proporciona a las finanzas públicas, la deuda pública relativa se reduce también a golpe de inflación.

El pasivo público ronda ahora el 100% del PIB, tras tocar techo en el 125,7% en 2021, y muy buena parte de la reducción es imputable al deflactor del PIB. Solo entre 2020 y 2023 el descenso generado por el avance nominal de la producción fue de 20 puntos, neutralizando con creces el de la carga de intereses, vigoroso por la subida del principal y de los tipos de interés. La prima proporcionada por el deflactor ha sido siempre más elevada que la del crecimiento real: en 2023 este redujo la deuda en 2,6 puntos, y el deflactor, en 6,2. Pero la mejor manera de proseguir con la reducción de deuda, con inflación o sin ella, es acumular superávits primarios, o gastar menos de lo que se ingresa, por mucho que tal requisito ponga en cuestión la primera prerrogativa de gobernar: gastar.

José Antonio Vega es periodista