Competencia exige recortar costes y burocracia en el plan de emergencia digital | Economía

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe determinante sobre el proyecto de Real Decreto de seguridad y resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, enviado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. El organismo supervisor ha lanzado una advertencia central que debe guiar la redacción final de la norma: la imperiosa necesidad de evitar solapamientos regulatorios. La CNMC advierte que, si bien el objetivo de blindar las infraestructuras digitales ante catástrofes y ciberataques es loable, el diseño actual corre el riesgo de crear un marco jurídico confuso y redundante que podría asfixiar operativamente a las empresas del sector al obligarlas a cumplir con normativas que se pisan entre sí.

El eje principal del análisis de la CNMC es la coherencia normativa. El supervisor recalca que España se encuentra en pleno proceso de transposición de directivas europeas fundamentales, como la NIS2 y la Directiva CER (Resiliencia de las Entidades Críticas). Por ello, el informe es claro: no se puede legislar en el vacío.

La CNMC pide al Ministerio de Transformación Digital que garantice que este nuevo Real Decreto encaje con precisión quirúrgica en el puzle legislativo europeo para evitar que los operadores se vean obligados a duplicar trámites, planes de seguridad y sistemas de notificación. Según el organismo, un exceso de capas regulatorias no necesariamente se traduce en mayor seguridad, sino en una mayor carga administrativa que podría detraer recursos precisamente de donde más se necesitan: la inversión técnica en las propias redes.

El proyecto de Real Decreto surge como una respuesta defensiva del Estado tras incidentes que pusieron en jaque la conectividad nacional, como la dana de octubre de 2024 y el apagón eléctrico masivo que afectó a la Península Ibérica en abril de 2025. El Gobierno pretende que las redes de telecomunicaciones dejen de ser vistas como un simple servicio comercial para ser tratadas, a todos los efectos, como instalaciones esenciales en situaciones de emergencia.

Esto implica que los operadores de redes y servicios, junto a gestores de infraestructuras críticas como cables submarinos o puntos de intercambio de Internet, deberán someterse a un régimen de vigilancia y preparación sin precedentes. Sin embargo, para la CNMC, este refuerzo debe ser proporcionado y no generalista, sugiriendo una revisión de los umbrales de los operadores obligados para que las exigencias sean proporcionales al riesgo real de cada entidad.

Uno de los puntos donde más fricción se genera es en la exigencia de autonomía energética. El borrador del Ministerio establece que las instalaciones críticas deben ser capaces de funcionar de manera autónoma durante 24 horas ante un corte de suministro. Las infraestructuras de nivel intermedio tendrían una exigencia de 12 horas y el resto de emplazamientos un mínimo de cuatro horas. En el caso específico de las redes móviles, esta autonomía de cuatro horas debe asegurar la cobertura al 85% de la población.

Aquí, la CNMC vuelve a apelar a la sensatez regulatoria para evitar solapamientos con otros planes de protección civil, proponiendo que esta autonomía se implante de forma progresiva. El regulador sugiere que, en lugar de obligar a una inversión masiva en baterías y generadores en cada torre, se exploren vías más eficientes como la itinerancia forzosa entre operadores en zonas de crisis o el uso de redes satelitales como respaldo a medio plazo.

Impacto económico

El impacto económico de este blindaje digital es otro de los campos de batalla. Mientras que el Gobierno estima que la factura total para el sector será de unos 73 millones de euros —una cifra que califica de “proporcional y equilibrada”—, los operadores y las compañías de torres de telecomunicaciones, como Cellnex, calculan que el coste real se elevará a cientos de millones.

La dificultad técnica de instalar baterías pesadas o generadores de gasóleo en las azoteas de edificios urbanos, que requieren permisos vecinales y refuerzos estructurales, supone un desafío logístico que el sector considera infravalorado en la memoria económica oficial.

La CNMC, consciente de esta brecha, recomienda que las medidas se modulen para no comprometer la capacidad inversora de las telecos en otras áreas críticas como el despliegue del 5G o la mejora de la cobertura en zonas rurales, donde precisamente la autonomía energética es más difícil de asegurar.

En cuanto a la gestión de incidentes, el Real Decreto impone una disciplina de hierro en la comunicación de fallos. Se exige que las empresas den un primer aviso a la autoridad en un tiempo récord de máximo una hora tras iniciarse el suceso. La CNMC, aunque valora la necesidad de información rápida, pide que este sistema de notificación no duplique los canales ya existentes para ciberseguridad, reforzando una vez más su mensaje de evitar el laberinto administrativo.

La norma busca que tras cada crisis se elabore un informe detallado que sirva de lección aprendida, calificando los incidentes como “significativos” o “menores” según el impacto en la población y la geografía. Para el regulador, este sistema de notificación debe ser claro y único, evitando que las empresas tengan que informar a múltiples organismos sobre el mismo evento.

Finalmente, el supervisor recuerda una cuestión institucional pendiente: la designación formal de una autoridad específica en ciberseguridad para los flujos eléctricos transfronterizos, una función que la propia CNMC está ejerciendo de manera temporal.