Bruselas flexibilizará las ayudas de Estado para facilitar la respuesta a la crisis desatada por la guerra en Oriente Próximo | Economía

La Comisión Europea está afinando su recetario de respuesta a la crisis energética que ha provocado la guerra en Oriente Próximo y en él figurará una medida ya clásica en estas situaciones: flexibilizar las ayudas de Estado −subvenciones, rebajas fiscales focalizadas, créditos en buenas condiciones− para que los Gobiernos puedan auxiliar al sector privado con más facilidad. “Esta semana consultaremos con los Estados miembros sobre unas normas de ayudas de Estado más flexibles”, ha anunciado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, tras una reunión del Colegio de Comisarios que ha abordado específicamente las consecuencias económicas del conflicto en el golfo Pérsico. En su intervención a la salida de este encuentro, la alemana ha cuantificado el coste directo la guerra para la UE hasta el momento: “Desde el comienzo del conflicto, hace 44 días, nuestra factura de combustible fósil ha aumentado en 22.000 millones adicionales”.

Ya hace casi un mes que los líderes europeos encargaron a la Comisión preparar un abanico de medidas que los Gobiernos puedan aplicar como respuesta al encarecimiento de las cotizaciones del petróleo, principalmente, y del gas natural licuado. El Ejecutivo de la UE todavía no la ha presentado, pero ahora ya ha puesto fecha a su presentación: el próximo 22 de abril. Al día siguiente, Von der Leyen defenderá su propuesta en la cumbre informal que se celebrará en Chipre, el país que preside el Consejo de la UE este primer semestre de 2026. Allí dará detalles de las líneas básicas enunciadas este lunes y que inciden en lo que, de un forma o de otra, ha ido ya lanzando Bruselas.

Von der Leyen ha subrayado que las iniciativas que adopten los Gobiernos deben ser “específicas y temporales”. Y ha explicado qué quiere decir que con estos adjetivos: “Deben dirigirse a los grupos vulnerables, ser oportunas. Es decir, deben aplicarse rápidamente, no dentro de un año, sino de inmediato. Y ser temporales, por lo que pueden aplicarse durante un breve periodo de tiempo, pero si se incorporan a la legislación, hay que asegurarse de que se eliminen a su debido tiempo“.

Por “grupos vulnerables” se entiende en Bruselas tanto familias con menos recursos como las empresas de sectores que más están sufriendo el aumento de las cotizaciones de los combustibles. Pide la Comisión que se tenga en cuenta lo aprendido durante la crisis anterior —“hace solo tres o cuatro años”—, cuando se dispararon los precios del gas natural tras la invasión de Ucrania por Rusia. Entonces se aprobaron paquetes de ayuda cuantiosos y muy generales por bastantes Gobiernos, que dispararon el gasto público justo cuando se estaba saliendo de la pandemia.

Aquello agravó la situación de las cuentas públicas de los Estados europeos. La suspensión de las reglas fiscales se mantuvo durante más tiempo del que se había pensado en principio, cuando se abrió la mano para amortiguar el impacto de la covid-19. Ahora, en cambio, Bruselas no está todavía por la labor de adoptar esta medida, que permitiría a los Gobiernos gastar más sin temor a que el déficit excesivo acabe con sanciones. No obstante, la Comisión sí que quiere facilitar que haya ayudas públicas, de ahí que plantee la flexibilización de las normas de ayudas de Estado.

Este elemento ha sido el más novedoso de lo que ha esbozado Von der Leyen al finalizar la reunión del Ejecutivo de la Unión. En sus declaraciones, la alemana ha repasado algunas de las medidas de las que ya ha hablado en las últimas semanas o que estaban previstas, como el incremento de derechos de emisión de carbono aprobado a comienzos de este mes —“mejorando la estabilidad y la previsibilidad de los precios sin perder la importante señal de precios”— o la revisión misma de ese sistema de derechos de emisión de carbono, previsto para mitad de 2026 en la propia norma vigente.

Junto a esto, ha retomado los argumentos de que hay margen para rebajar los impuestos a la electricidad y las tasas sobre las redes eléctricas. Desde que comenzó esta crisis energética, la Comisión ha tratado de aprovecharla para subrayar los peligros de depender de fuentes y combustibles externos, como es el caso del gas y el petróleo, y defender la estrategia de electrificar la economía. Ambas propuestas van en esa línea, ya que pretenden incentivar el uso de la electricidad frente a los hidrocarburos, que tendrían un tratamiento fiscal más favorable en varios Estados miembros. Y ahí encaja el hecho de que a Bruselas no le agraden, en absoluto, las rebajas del IVA a los hidrocarburos aplicadas por España o Polonia. Por un lado, no están contempladas en las normas comunitarias sobre este impuesto; por otro, tienen un carácter general que impulsa la demanda de combustibles, cuando debería de incentivarse el ahorro para no añadir más presión en los mercados.

La estrategia energética se completa con “los activos que también tiene Europa”, en alusión a “la electricidad producida en la UE a partir de energías renovables y nucleares”, ha concretado la presidenta de la Comisión. “Nos proporcionan independencia, previsibilidad y seguridad energética. La única salida duradera de la dependencia de los combustibles fósiles es modernizarnos, trasladando la generación de electricidad a las energías renovables y la nuclear, y electrificando la economía lo más rápidamente posible”, ha desarrollado.