El despacho que acusa a Hacienda de “carterista” busca nuevos clientes y lanza otra campaña en el ‘Financial Times’ | Economía

La escalada entre el despacho de abogados internacional Amsterdam & Partners y la Hacienda española acaba de sumar un nuevo capítulo a la saga. Hace un año, el bufete publicó un anuncio a doble página en varios periódicos internacionales acusando a la Agencia Tributaria española de “carterista” por, supuestamente, perseguir a los contribuyentes. Después llegó una inusual respuesta pública del organismo de Hacienda, defendiendo con firmeza a sus funcionarios. Ahora, meses más tarde, el despacho ha vuelto a la carga y acaba de sacar un nuevo anuncio en el Financial Times en el que insiste en sus acusaciones.

El despacho, con sede en Londres y Washington, está fundado por Robert Amsterdam y se dedica a proporcionar asesoramiento estratégico a empresas y personas físicas. En los últimos meses ha ganado notoriedad por representar a un grupo de inversores y residentes extranjeros y ha denunciado a España ante organismos como la ONU y la OCDE por supuestas vulneraciones del Estado de derecho.

En su nuevo anuncio, acusa al sistema fiscal español de incentivar prácticas injustas y penalizar a los contribuyentes extranjeros. Sostiene que los inspectores de Hacienda reciben bonificaciones “tanto si ganan como si pierden un caso injusto” y que las deudas tributarias consideradas abusivas deben pagarse de inmediato, lo que encarece la defensa de quienes recurren. El despacho presenta el sistema español como único en Europa por recompensar las regularizaciones, incluso cuando los tribunales corrigen las liquidaciones, y denuncia un entorno que, asegura, desalienta la justicia fiscal.

El primer episodio estalló hace aproximadamente un año, cuando el despacho publicó varios anuncios en el Financial Times, The Wall Street Journal y Le Soir para denunciar un supuesto acoso fiscal sistemático por parte de Hacienda a los contribuyentes extranjeros acogidos a la ley Beckham. Aquella campaña publicitaria, en la que se calificaba directamente de “pickpockets” (carteristas) a los inspectores y se invitaba a los afectados a contratar los servicios del despacho, generó un notable malestar interno en la Agencia Tributaria.

El organismo dependiente de Hacienda, poco acostumbrado a entrar en debates públicos, rompió su silencio. En declaraciones inusualmente contundentes, fuentes oficiales acusaron al bufete de lanzar “una campaña de desprestigio basada en acusaciones falsas y graves”. También defendieron la profesionalidad de sus funcionarios y rechazaron de plano la idea ―el eje central de la campaña del despacho― de que los inspectores reciban bonificaciones vinculadas al resultado de sus comprobaciones.

La Agencia Tributaria enfatizaba en la necesidad de vigilar la correcta aplicación de todos los regímenes fiscales especiales (como es el de la ley Beckham), ya que suponen una pérdida de ingresos para la Hacienda pública que hay que controlar. Es decir, cualquiera de estas fórmulas tributarias está sujeta a una comprobación por parte de la inspección si surgen anomalías. Y si se detecta un incumplimiento, enfatizaban estas fuentes, toca una regularización y liquidación. Según los números que dio a conocer la agencia, en los últimos 10 años se han acogido a esta fórmula casi 37.000 contribuyentes, de los cuales solo el 0,5% ha sido objeto de una inspección por posibles incumplimientos.

Varios inspectores y técnicos de Hacienda consultados sugirieron, además, que las diferentes iniciativas impulsadas por el despacho, cada vez más “agresivas” y basadas en “mentiras”, evidenciaban un intento de darse a conocer para captar clientes.

Lejos de moderar su discurso, Amsterdam & Partners ha decidido redoblarlo. El nuevo anuncio, publicado este fin de semana en el Financial Times, insiste en que “los inspectores de Hacienda reciben una bonificación tanto si ganan como si pierden un caso fiscal injusto”. El texto sostiene que el sistema español penaliza la equidad y que “luchar por la justicia te cuesta aún más”, debido a la obligación de pagar de inmediato las liquidaciones, incluso cuando se impugnan.