La UE apura las últimas horas del pacto pesquero con Mauritania sin acuerdo para renovarlo | Economía

La industria pesquera de la UE tiene marcado en su calendario el 14 de noviembre de 2026 desde hace cinco años. Esa es la fecha de vencimiento de la última versión del Protocolo de Mauritania, que, si nada lo remedia, dejará de estar en vigor la medianoche de este sábado. El acuerdo permite la entrada de buques comunitarios a aguas del país africano, en donde se pescan hasta 280.000 toneladas de especies de atunes, langostinos y calamares. Alcanzado ese plazo, una treintena de embarcaciones españolas se organizan ya para abandonar el caladero, cifra que se eleva al doble si se considera a todos los países miembros de la UE.

El Gobierno continúa presionando a la Comisión Europea para que “redoble los esfuerzos” en estas últimas horas y así se alcance un acuerdo in extremis, según comparte por teléfono una portavoz del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: “Tenemos hasta la medianoche del sábado”. Esta portavoz explica que los buques tendrán que salir de la zona pesquera al menos de forma temporal, independientemente de que se pueda alcanzar un nuevo pacto. Esto ocurre porque las embarcaciones deberán ajustarse a las nuevas condiciones, lo que puede tomar unas semanas. El acuerdo no llega por divergencias sobre la compensación económica que la UE paga a Mauritana por pescar en sus aguas.

El inminente cese de actividades inquieta al sector. Los armadores andaluces calculan unas pérdidas de 50 millones de euros, según las estimaciones de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Marisco (Anamar), que representa a 15 de estos buques. Un portavoz cuenta por teléfono que tienen previsto que “las embarcaciones partan el sábado para aprovechar la pesca durante el tiempo que les queda”.

Los gobiernos autonómicos también respaldan a la industria. La Junta de Andalucía anunció la semana pasada que se ponía a la disposición de las instituciones europeas para acelerar las negociaciones. Agregaba que la cadena de valor pesquera genera alrededor de 500 empleos directos e indirectos en la región. En el mismo comunicado, recogía que el vencimiento del protocolo tendrá un impacto económico importante, en especial en los puertos de Algeciras, Cádiz, Huelva y Sevilla.

Galicia se une a la solicitud de que se garantice la continuidad de las actividades para los 10 barcos gallegos que faenan en la zona. “Seguimos pidiendo a la Comisión Europea que haga un último esfuerzo para acordar una prórroga que permita a toda la flota amparada por el protocolo seguir faenando en Mauritania”, comparte por mensaje un portavoz de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia.

La Consellería también pide que “si finalmente no se consigue una prórroga, se ofrezcan caladeros alternativos”. Si esa opción tampoco es viable, reclama “medidas económicas para paliar el impacto de la parada forzosa.” El primer escenario está dentro de las consideraciones del ministerio que dirige Luis Planas. Una portavoz destaca que los armadores españoles podrán trasladarse a las aguas de Portugal y Guinea-Bisáu.

Pese a las alternativas, Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), considera que “este desplazamiento podría sobrecargar el caladero de Guinea-Bisáu, con lo cual lo más razonable sería que pararan, pero si se quedan parados, no tienen ingresos”. Además, no todas las embarcaciones podrán encontrar zonas sustitutas, como, según cuenta, es el caso de cuatro barcos de la flota gallega que descargan merluza cada semana en Cádiz.

La Comisión Europea avisó la semana pasado a los Estados miembro de que a partir de las 00.00 horas de este domingo “ya no estarán autorizados a realizar actividades pesqueras en la zona de pesca mauritana”. Esta ha sido la única comunicación que ha recibido el Gobierno desde que el mes pasado los ministros de pesca de España, Portugal, Países Bajos y Letonia firmaran una petición para que el comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, “acelerara las negociaciones” con la República Islámica de Mauritania.

Por su parte, los armadores solicitaron a Bruselas que se aplazara un año el vencimiento del Protocolo, como ya se había hecho en 2020. En esa ocasión se acordó una prórroga de un año del acuerdo pasado hasta negociar todos los puntos del nuevo pacto.

En esta ocasión, el nuevo capítulo de las relaciones de pesca entre la UE y Mauritania, vigentes desde 1987, se resiste a comenzar. Bruselas y Nuakchot han llevado a cabo cuatro rondas de negociaciones sin éxito en los últimos seis meses. El motivo de discordia es la compensación económica. En el acuerdo actual, el precio que pagan los buques por acceder al caladero varía entre 150 y 450 euros por tonelada según la especie. Garat explica que “Mauritania pide mucho dinero y la Unión Europea ofrece menos porque se han reducido las posibilidades de pesca, sobre todo para Holanda, Lituania y Polonia que deben respetar los volúmenes que garantizan la sostenibilidad de los pelágicos”. Ante este impasse, el Ministerio confía que se llegue a un acuerdo, mientras que los buques europeos recogen sus redes del caladero mauritano para volver a sus puertos.