La Audiencia Nacional amplía hasta febrero el plazo para que los acusados del ‘caso BBVA’ presenten sus escritos de defensa | Empresas

El caso BBVA, como se denomina a la investigación sobre los espionajes que el comisario jubilado José Manuel Villarejo realizó para el banco de origen vasco, continúa con los trámites de preparación para el juicio, aún sin fecha. El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que se ha encargado de investigar la macrocausa, tiene pendiente recabar los escritos de defensa de BBVA, del expresidente de la entidad Francisco González, así como de otra decena de personas, entre ellos, ex altos cargos del banco. El órgano que dirige Antonio Piña ha puesto como fecha límite el próximo 9 de febrero, de acuerdo a una diligencia de ordenación fechada el 9 de noviembre de 2026, a la que ha tenido acceso este periódico.

El juzgado ya amplió dicho plazo, después de que varias de las defensas denunciaran problemas para consultar toda la documentación del procedimiento. El magistrado Antonio Piña (nuevo titular del juzgado que ha investigado el caso Villarejo, tras la jubilación de Manuel García Castellón) dictó la apertura de juicio oral el pasado 9 de julio, en la que recogió las peticiones de penas de prisión de las acusaciones y elevó la causa a la Sala de lo Penal para que pusiera fecha para determinar los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y descubrimiento y revelación de secretos.

Entonces, el juez dio un plazo de 10 días para que los abogados presentaran sus argumentos de defensa, si bien las representaciones de BBVA, de Francisco González, del exdirector de los servicios jurídicos Eduardo Ortega, del exresponsable de riesgos Antonio Béjar y del ex máximo responsable de Regulación y Control Interno de la entidad Eduardo Arbizu se quejaron de que no podían preparar dicho escrito porque no tenían acceso al elevado volumen de documentación que consta en el sumario de la causa. En respuesta, el juzgado amplió el plazo de presentación hasta el 5 de noviembre, aunque, ante la insistencia de los letrados, el órgano judicial extendió 60 días hábiles el plazo y precisó que este no comenzaría hasta que se acreditara que “todos los acontecimientos y el resto de documentación de la causa esté correctamente subida a la plataforma”.

El juzgado ha revisado las incidencias señaladas por las defensas y las da ya por resueltas. Así, el reloj ha empezado a correr hasta febrero. Se ha “constatado que la totalidad de los acontecimientos procesales, documentos y demás materiales integrantes de la causa, se encuentran correctamente incorporados y accesibles para las partes, a través de la plataforma cloud justicia habilitada al efecto”, señala la última diligencia de ordenación, que mantiene los días extra por “la especial complejidad y difícil manejo de las actuaciones”.

El banco se sentará en el banquillo como persona jurídica ―la única empresa del Ibex 35 investigada por el caso Villarejo que irá a juicio― por delitos de cohecho y 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos. La Fiscalía Anticorrupción, que lleva el peso de las acusaciones como órgano público y por haber sido parte fundamental de la investigación, solicita para la entidad una multa de 181,1 millones de euros. El juez que instruyó esta causa, Manuel García Castellón (ya jubilado), y los fiscales concluyeron que el sistema de prevención de delitos no funcionó correctamente, ya que dejó al margen de control la actuación de la presidencia ejecutiva y la alta dirección en relación a los encargos que hicieron a Villarejo durante más de 10 años.

En el caso del expresidente Francisco González, a quien se le atribuye la orden de contratar a Villarejo, será juzgado por delitos de cohecho activo y pasivo, 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental. El Ministerio Fiscal pide para él 173 años de prisión.