España necesita presupuestos | Negocios

La actualidad informativa está inevitablemente marcada por el terrible accidente ferroviario de Urda. Una tragedia que exige esclarecer lo sucedido y adoptar las medidas necesarias para mitigar lo más posible que vuelva a repetirse. Pronto, previsiblemente, la atención volverá a centrarse en la contienda electoral. Pero, entre titulares, no deberíamos perder de vista una cuestión fundamental para nuestras finanzas públicas: la necesidad de recuperar la normalidad presupuestaria. Sea cual sea el Gobierno que la aritmética electoral nos arroje, aprobar unos Presupuestos Generales del Estado para 2027 debería ser una prioridad.

Los presupuestos son mucho más que una autorización anual de ingresos y gastos. Constituyen el principal instrumento de planificación de la política económica y permiten traducir las prioridades políticas en compromisos concretos, dotados de recursos y sometidos al control parlamentario. Su ausencia prolongada tiene consecuencias que trascienden la confrontación política.

La primera afecta a la inversión pública, de la que tanto se ha hablado estos días. La prórroga presupuestaria permite mantener la actividad ordinaria del Estado y continuar las inversiones ya previstas, pero dificulta la puesta en marcha de nuevos proyectos que, cuando no cuentan con crédito suficiente, requieren modificaciones presupuestarias y trámites adicionales. Todo ello puede añadir retrasos a unos procedimientos de ejecución de obra pública que ya son, de por sí, largos.

La segunda razón tiene que ver con nuestros compromisos europeos. El nuevo marco fiscal de la Unión Europea exige que las políticas presupuestarias nacionales sean coherentes con una senda plurianual de gasto público neto, vinculada a la sostenibilidad de la deuda. Los Presupuestos anuales deben trasladar esa planificación de medio plazo a decisiones concretas, distribuyendo los márgenes de gasto entre prioridades y administraciones. Mantener indefinidamente unas cuentas prorrogadas dificulta esa coherencia y resta credibilidad a nuestra planificación fiscal. Hasta ahora, con la recaudación a favor, no hemos sentido esa presión, pero debemos aprovechar los espacios fiscales cuando se generan. Es la única manera de contar con margen de maniobra cuando los vientos fiscales vengan de cara.

Existe, además, una dimensión institucional que no conviene olvidar. La aprobación parlamentaria de los Presupuestos obliga a explicitar prioridades, debatir alternativas y rendir cuentas sobre la asignación de recursos públicos a la ciudadanía. Su prórroga reiterada debilita ese ejercicio de transparencia y control democrático, y con él, desvirtúa el valor de la propia democracia.

La estabilidad de nuestras finanzas públicas no consiste únicamente en cumplir unas cifras comprometidas con Bruselas. También exige disponer de instituciones y procedimientos capaces de transformar las prioridades colectivas en decisiones de gasto coherentes, transparentes y ejecutables. Y para eso, aunque parezca una obviedad, necesitamos Presupuestos.