La factura de la luz se encarecerá en 2.000 millones al año si descarrila el decreto de centros de datos | Economía

En plena batalla por el futuro del despliegue digital en España, la factura eléctrica de los hogares y las empresas se enfrenta a una amenaza silenciosa de dimensiones milmillonarias. Permitir la conexión sin restricciones de los centros de datos proyectados para la próxima década disparará el recibo de la luz en cerca de 2.000 millones de euros cada año si el Gobierno finalmente deja sin aprobar la normativa que obliga a estas macroinstalaciones a respaldar su consumo con energía limpia. Esa es la contundente conclusión a la que llegan los expertos académicos del ámbito internacional de PyPSA Labs en una modelización del sistema eléctrico español: a falta de una regulación que imponga una sincronización horaria estricta entre consumo e inyección renovable, atender la demanda eléctrica de los servidores forzará a las centrales térmicas a quemar gas fósil de forma continuada, encareciendo el precio de la electricidad en el mercado mayorista en casi ocho euros por megavatio-hora (MWh) para todos los consumidores del país.

Esta alerta económica surge en el momento de mayor tensión política en torno a la regulación del sector tecnológico. El Ministerio para la Transición Ecológica tramita un Proyecto de Real Decreto pionero en la Unión Europea destinado a fijar requisitos de sostenibilidad, resiliencia y soberanía digital a los centros de datos. La norma supedita la concesión de acceso a la red eléctrica a que estas infraestructuras aporten potencia renovable adicional y cumplan una condición técnica muy exigente: garantizar que en cada hora individual del año al menos el 80% de su consumo proceda de contratos limpios generados en ese mismo lapso de tiempo.

El texto, que superó una controvertida revisión técnica a finales de octubre y se encuentra actualmente a la espera del dictamen preceptivo del Consejo de Estado antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros, se ha topado con una frontal oposición de las grandes multinacionales tecnológicas y sus representantes del sector, aglutinados en Spain DC. Los operadores han calificado abiertamente el borrador de “ilegal” y contrario al derecho comunitario, lo que provocará a su entender, la fuga de inversiones multimillonarias hacia mercados vecinos más laxos como Portugal.

Frente al relato de la industria, las consecuencias físicas y financieras que acarrearía retirar o vaciar de contenido la normativa han sido cuantificadas por PyPSA Labs, una entidad científica de análisis y simulación de redes eléctricas complejas. La firma cuenta con una plataforma de modelización energética validada y utilizada por operadores de sistemas de transporte (TSO), universidades, centros de investigación y la propia Comisión Europea para diseñar las sendas de descarbonización energética.

El modelo simula un escenario de despliegue de 4.000 megavatios (MW) de centros de datos, una escala que coincide con los objetivos de potencia que fija la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial para el horizonte de 2030. De acuerdo con las simulaciones, si no se aprueba ninguna exigencia ambiental y se permite a los centros de datos abastecerse libremente de la red —el escenario bautizado técnicamente como No policy—, el sistema eléctrico peninsular se verá obligado a quemar 45,89 teravatios-hora (TWh) adicionales de gas natural al año en las centrales de ciclo combinado para cubrir la demanda nocturna y los valles de producción renovable, elevando las emisiones contaminantes en 9,25 millones de toneladas de CO2 anuales.

Esta quema intensiva de gas alterará por completo la formación de precios, según este paper académico. El gas marcará la pauta durante miles de horas adicionales al año, provocando un alza media de 7,74 euros por MWh en el mercado mayorista. Ese sobrecoste marginalista se trasladará al conjunto de la economía: hogares, pequeñas y medianas empresas e industrias sufrirán un impacto directo de entre 1.850 y 1.950 millones de euros anuales en sus recibos.

El investigador Paweł Czyzak que expone las conclusiones del estudio es categórico al contrastar estas cifras: “El emparejamiento horario es esencial; evita al menos cuatro quintas partes de los efectos adversos sobre el gas, las emisiones y los precios de la electricidad”. El analista subraya además la paradoja económica en la que incurriría el sector si logra tumbar la norma, pues a los propios operadores les sale más a cuenta financiar sus propios parques verdes que consumir de un mercado tensionado por ellos mismos: “Los centros de datos siguen pagando menos de lo que pagarían por la energía de la red, aunque su coste por MWh aumenta con la escala a medida que los mayores despliegues necesitan emplazamientos con menos viento y más almacenamiento”.

Frente a las anteriores conclusiones, un informe elaborado por la consultora EY defiende que la conexión masiva de demanda abaratará el recibo eléctrico de los hogares al repartir los costes fijos del sistema (peajes y cargos) entre un mayor volumen de consumo. EY estima que la entrada de entre 3,5 y 4 gigavatios (GW) de centros de datos aportaría entre 118 y 642 millones de euros en peajes en 2030, lo que según sus cálculos podría rebajar la tarifa doméstica entre 73 y 394 millones de euros anuales.

El cruce entre ambos estudios revela que este beneficio queda pulverizado por la factura de la energía. Los consumidores pagarían entre 1.250 y 1.800 millones de euros al año si la normativa decae. A ello habría que añadir el coste en factura de reforzar las líneas eléctricas para integrar a la red el despliegue de los hiperescalares.

El dilema, no obstante, no condena al Gobierno a elegir entre ahuyentar la inversión tecnológica o castigar el bolsillo de los consumidores. El propio modelo de PyPSA Labs constata que el actual texto del decreto peca de una rigidez técnica excesiva al obligar a cumplir un 80% estricto en todas y cada una de las 8.760 horas del año. Para no incurrir en penalizaciones en las peores noches de invierno sin viento ni sol, las empresas se verían forzadas a sobredimensionar sus baterías y parques, provocando que un 33% de la energía limpia generada termine vertida a la basura.

Los analistas técnicos apuntan a una vía intermedia de consenso: sustituir la guillotina del 80% hora a hora por una métrica de correlación horaria ponderada en media anual. Una solución técnica que consideran óptima desde el punto de vista económico y que garantizaría la viabilidad de las infraestructuras digitales sin pasarle la factura del gas a los ciudadanos.