El nuevo decreto de vivienda obliga a las administraciones a asumir la deuda de inquilinos vulnerables para frenar desahucios
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles los dos reales decretos que concentran el paquete de medidas diseñado por el Gobierno de coalición para hacer frente a la crisis de la vivienda, y que fueron aprobados ayer por el Consejo de Ministros. El contenido del primero, el más extenso, apenas difiere del texto que naufragó el pasado viernes en el Congreso. Junto con la extensión de la limitación de compra de vivienda por parte de los fondos buitre hasta el 31 de diciembre de 2030 ―dos años más de lo que recogía el anterior marco―, y la necesidad de que estos tengan que presentar un informe de tasación independiente que refleje que el precio por el que se ejecuta esa compra es superior al 70% del valor del mercado del inmueble, la principal novedad del nuevo marco hace referencia al blindaje de los inquilinos vulnerables frente a los desahucios, mediante un régimen de enervación extraordinaria más exigente para las administraciones y que dificulta la ejecución de los lanzamientos cuando estas no hayan facilitado una alternativa habitacional.
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