Vivienda estudia eliminar el IPC como referencia para la subida de todos los alquileres
El desahucio de Maricarmen, de 87 años, ejecutado esta semana por la empresa Urbagestión, ha reavivado la presión social y política para sacar adelante el nuevo decreto en materia de vivienda que el Gobierno negocia con sus socios y que espera llevar al Consejo de Ministros del martes. En ese contexto, entre una batería de medidas que van más allá del drama de los desahucios, fuentes conocedoras de las conversaciones con los socios parlamentarios explican que el Ejecutivo estudia dar forma a un nuevo mecanismo para contener las subidas de los alquileres firmados antes de 2023, cuya renta todavía está vinculada al índice de precios al consumo (IPC). Los contratos posteriores a esa fecha, en cambio, se rigen por un indicador que establece subidas más moderadas y estables. Esta herramienta que negocian los partidos, cuyos detalles técnicos aún no se han definido, permitiría activar el tope si los precios se desbocan.
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