Una intervención razonable ante la escalada del precio del gas
El Gobierno estudia mover ficha ante el incremento de los precios del gas y su consiguiente impacto en la factura eléctrica. La idea es contener un problema que ya está encima de la mesa, pero que puede agravarse de cara al otoño. No hay que olvidar que el mercado en España se basa en un modelo marginalista, en el que la tecnología más cara fija el precio para todas las demás, y el gas es habitualmente la más onerosa en momentos de alta demanda. Un episodio puntual, como fue la invasión rusa de Ucrania o el cierre de Ormuz en pleno conflicto entre Estados Unidos e Irán, impulsa el coste del gas y, en ausencia de sol y viento, tiende a disparar el precio del pool y a generar para el resto de las tecnologías los llamados windfall profits —beneficios llovidos del ciel—-. Esa distorsión tiene un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos y, también, de las empresas intensivas en el uso de electricidad. Parece razonable, en este punto, que el Ejecutivo busque dar un paso al frente para paliar sus efectos.
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