La riqueza declarada por los mayores patrimonios de España acaricia ya el billón de euros | Economía

La riqueza declarada por los más acaudalados de España ha ido creciendo año tras año y roza ya el billón de euros. Los contribuyentes obligados a presentar el impuesto sobre el patrimonio reconocieron en 2024 bienes por valor de 986.985 millones de euros, la cifra más alta de la serie histórica que ha actualizado este miércoles la Agencia Tributaria. Eso significa que en apenas 13 años, desde los casi 450.000 millones registrados en 2011, la cuantía de esta gran fortuna conjunta se ha más que duplicado.

El avance ha sido prácticamente continuo durante todo el periodo. Tras superar los 600.000 millones en 2015, la riqueza declarada rebasó los 700.000 millones en 2019 y los 800.000 millones en 2021, después de haber permanecido casi estancada en el año de la pandemia, cuando la economía y la actividad se desplomaron. En 2023 la estadística anotó un gran salto, hasta rebasar los 934.020 millones. Y ahora acaba de sumar otros 50.000 millones de euros.

Se da la circunstancia de que el último impulso anual ha venido acompañado de una tímida caída del número de declarantes. Si en 2023 tuvieron que rendir cuentas con Hacienda unos 228.500 acaudalados, en 2024 la cifra ha caído levemente, hasta los 227.424 contribuyentes. Por eso, los últimos coletazos reflejan, entre otros factores, la magnitud de la revalorización de los activos financieros y el aumento del patrimonio focalizado entre quienes atesoran las mayores fortunas del país.

La estadística del impuesto sobre el patrimonio ofrece una de las mejores radiografías oficiales de la concentración y la composición de la riqueza en España. Por norma general, están obligados a presentar el gravamen los contribuyentes con una fortuna superior a los dos millones entre bienes y derechos, por lo que de sus declaraciones se pueden extraer datos de diversa índole. Uno de los más reveladores es dónde tienen depositada su riqueza. Por ejemplo, lejos de concentrarse en el ladrillo y en los artículos de lujo tradicionales, la mayor parte está vinculada a los activos financieros.

En 2024, unos 758.500 millones, lo que supone aproximadamente un 77% del patrimonio total declarado en aquel año, se correspondieron exclusivamente con bienes mobiliarios, entre los que se incluyen acciones, participaciones en fondos de inversión, depósitos bancarios y títulos de deuda. Dentro de este bloque destacaron especialmente las acciones empresariales, que acumularon 525.000 millones de euros en un año en el que el Ibex 35 progresó cerca de un 15%, y los depósitos bancarios, con otros 64.140 millones.

El peso de los inmuebles fue mucho menor, aunque representó casi un 18% del pastel. Los contribuyentes declararon propiedades por un valor conjunto de 173.872 millones de euros. De esta cantidad, alrededor de 27.600 millones correspondieron a la parte de los inmuebles que se considera exenta de tributar, ya que la normativa fiscal permite que los primeros 700.000 euros de la vivienda habitual no computen a ojos de Hacienda. A partir de aquí, 141.000 millones se atribuyeron a inmuebles no exentos, y otros 5.000 millones, a residencias de naturaleza rústica.

El resto de la tarta se reparte entre seguros y rentas, con unos 17.000 millones, entre bienes afectos a actividades económicas (casi 11.500 millones) y entre bienes suntuarios y obras de arte y antigüedades, que suman otros 2.318 millones. La última partida está conformada por otros bienes y derechos de contenido económico, donde se incluyen el saldo en monedas virtuales, los derechos derivados de la propiedad intelectual e industrial o las concesiones administrativas. Todas ellas aportaron unos 23.500 millones.

Más de 2.000 millones

El volumen de la riqueza declarada tiene una consecuencia directa sobre la recaudación pública. Y es aquí donde la evolución del patrimonio se cruza con una de las disputas fiscales más recientes entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Durante años, algunos territorios, con Madrid como principal ejemplo, aplicaron bonificaciones del 100% sobre el impuesto de patrimonio, de modo que sus contribuyentes más ricos lograban escapar del tributo. El escenario cambió en 2022, cuando el Gobierno creó el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, de diseño casi idéntico, pero de ámbito estatal. Su objetivo, declarado a los cuatro vientos por Hacienda, era gravar los patrimonios más elevados y atajar en la práctica el efecto de esos descuentos autonómicos, ya que el nuevo tributo estatal solo se paga en caso de no satisfacer el impuesto de patrimonio.

La nueva figura abrió una batalla por los ingresos. Comunidades como Madrid y Andalucía optaron por recuperar el impuesto de toda la vida para que el dinero permaneciera en las arcas autonómicas en lugar de ir a parar a la Administración central. El cambio se reflejó con rapidez en las cuentas públicas. Si en 2023 la recaudación conjunta aumentó más de un 50%, hasta los 1.926 millones de euros, en 2024 volvió a crecer y alcanzó un récord de 2.154 millones, un nivel histórico.

La mayor parte de esa cantidad vino de la mano de las grandísimas fortunas, que son aquellas que poseen una riqueza superior a los 30 millones de euros. En total, fueron 1.013 altos contribuyentes que abonaron en conjunto 575,5 millones de euros. A la hora de pagar, les siguieron los ricos con un patrimonio que osciló entre los seis y los 30 millones, un grupo compuesto por alrededor de 11.000 personas desembolsó casi 700 millones. Otros 53.000 contribuyentes con una riqueza neta de entre 1,5 y 6 millones pagaron 716 millones.