La masificación turística tensa la cuerda en Baleares: “Se legisla contra nosotros” | Economía

El hartazgo de los residentes baleares por la presión turística es fácil de comprobar a través de las redes sociales este verano. La etiqueta con la expresión masificación turística arroja múltiples vídeos con episodios de saturación extrema. Una joven que protesta porque el autobús que tiene que coger para salir de su trabajo en Valldemossa, uno de los pueblos de postal más visitados de Mallorca, está sitiado por turistas que dejan fuera de la cola a quienes, como ella, dependen de él para volver a casa después de una jornada de trabajo. Un vídeo tomado por un turista en el que se puede observar, con cierto agobio, que la presión de visitantes en la fotografiada cala de Sa Calobra no permite casi caminar. Imágenes de un lunes en la playa de Cala Gat en la que es imposible clavar una sombrilla más en la arena, con toallas apelotonadas sin casi separación entre personas. Son algunos ejemplos recientes que se extienden habitualmente a otras zonas ampliamente viralizadas: la archiconocida Caló des Moro, el faro de Formentor, la pequeña Cala Deià o cualquier rincón del centro de Palma hasta en un día nublado.

El cansancio por la situación, que empeora exponencialmente en los meses de verano, estalló el 26 de julio con el respaldo masivo de miles de personas a la invitación de la plataforma Menys Turisme, Més Vida (menos turismo, más vida). Entonces, esta formación que aglutina a más de 60 entidades y organizaciones sociales convocó una manifestación en la capital balear. El motivo era protestar contra la masificación y la consecuente pérdida de calidad de vida en las islas, con la imposibilidad de acceder a una vivienda por los precios disparados y la saturación de los servicios e infraestructuras como eterno telón de fondo. Este sábado, una nueva protesta organizada por la plataforma en colaboración con Moviment Jove Sóller reunió, según los convocantes, a 2.500 personas en las calles de este municipio situado en el noroeste de Mallorca.

En una comunidad autónoma con un territorio limitado y en el que cuatro de cada diez euros del Producto Interior Bruto (PIB) proceden del sector turístico, la creciente imposibilidad de comprar o alquilar una casa, la constatación de que infraestructuras clave como las carreteras se han quedado pequeñas o de que es imposible disfrutar libremente de determinados lugares sin esperas o agobios, abrieron ya hace años un debate sobre el que prácticamente todos los estamentos, al fin, están de acuerdo: Baleares no puede crecer de forma ilimitada.

Sin embargo, la discusión toca muchas aristas y, mientras tanto, la reivindicación ha saltado a la calle en una comunidad que ya el año pasado machacó todos sus récords de visitantes: más de 19 millones de personas en un territorio de 1,2 millones de habitantes y apenas 5.000 kilómetros cuadrados repartidos en cuatro islas. El diagnóstico parece claro, pero las soluciones al problema no lo están tanto. “Los líderes políticos no pueden estar más tiempo sin dar una respuesta a unas reclamaciones y un malestar social que, por mucho que ellos lo intenten, va más allá de izquierdas y derechas, va del pueblo mallorquín y de que no podemos vivir más de esta manera”, dice Jaume Pujol, portavoz de la plataforma. “Queremos que se legisle para nosotros y no contra nosotros, que es lo que se ha hecho hasta ahora”. Mientras, las acciones de protesta aisladas, como las pegatinas reivindicativas en los coches de alquiler o el confeti que se esparció en las terrazas del puerto de Palma hace casi una década, han pasado a transformarse en un río de gente que en los últimos años ha inundado las calles en cada llamamiento a protestar.

“Detrás de la trituración de los récords hay una intensificación de las contradicciones que van ligadas a la producción turística. Entre esas, una de las más claras es la que gira en torno al eje de la vivienda. Hay un amplísimo consenso que se vio en la manifestación, donde había muchos perfiles, una amplitud de espectros, de generaciones, fue una protesta multicolor y era difícil atribuirla a una sola expresión política”, dice Ivan Murray, profesor titular de Geografía en la Universidad de las Islas Baleares y experto en sostenibilidad y turismo. Cree que en la manifestación se pudo constatar una confluencia entre los jóvenes que consideran que su proyecto de vida en las islas ha quedado cancelado y los más mayores, que ahora actúan en solidaridad con otras generaciones. “Es lo más interesante y dramático al mismo tiempo”, dice.

Giro de guion

Prueba de que la sensación de desazón ha calado en todas las capas sociales son las últimas declaraciones de la presidenta de la Confederación de Empresarios de las islas, Carmen Planas, que el pasado julio, a las puertas de la manifestación, reconoció que el archipiélago “no puede seguir creciendo de forma ilimitada”. Fue la primera vez que la patronal pareció sumarse a un mantra que el Gobierno autonómico, del PP, rechazó adoptar cuando estaba en la oposición y al que se ha tenido que rendir en los últimos tres años por el propio peso de la realidad a pie de calle. Ha pasado de prometer que derogarían la famosa ecotasa —impuesto que grava las estancias de los turistas en los alojamientos— implantada por el gobierno de la socialista Francina Armengol a la discusión sobre en cuánto incrementará su importe el año que viene. De las críticas a la moratoria de nuevas plazas turísticas a los intentos de prohibir definitivamente el alquiler vacacional en pisos. El Ejecutivo de Marga Prohens se ha rendido finalmente a la evidencia y en los últimos dos años ha virado su política turística tras detectar, incluso, el descontento también entre sus propias filas por la situación que se vive en la comunidad.

A pesar de todo ello, el debate se alarga y las medidas no terminan de llegar. La creación de la Mesa del Pacto Social y Político por la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental de Baleares, organismo llamado a ser el oráculo en el que se adoptarían las decisiones para poner freno a la masificación, ha resultado ser un fiasco del que se han descolgado buena parte de las entidades ecologistas y sociales que lo componían. Estas han acusado al Gobierno de Prohens de no avanzar en el muro de contención contra la saturación y de impulsar medidas descafeinadas que no han tenido un efecto palpable en la calle. “Las tímidas medidas aprobadas la pasada legislatura se han cambiado y ahora se han hecho actuaciones en sentido inverso: la más reciente sería la ley ómnibus (de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos), la desprotección del Parque Natural de Es Trenc o la posibilidad de alargar licencias turísticas en viviendas que tenían que decaer. Cuando empiezas a rascar ves que no se han hecho los deberes sino todo lo contrario”, censura Murray.

Aeropuertos sin control

Los intentos de pisar el freno no son pocos si se mira lo que se ha hecho en los últimos ocho años: los pisos turísticos están prohibidos en casi todo el archipiélago, Ibiza y Formentera han regulado la entrada de coches para evitar la saturación en sus carreteras, Mallorca tiene una norma similar pendiente de aprobar, las escalas de los cruceros están reguladas y tienen máximos en el puerto de Palma, los accesos en vehículo privado se han restringido en lugares de gran afluencia y se está estudiando cómo priorizar a los residentes en las islas a la hora de subir en determinadas líneas de autobús. Otra cosa son los resultados obtenidos.

Por eso, el Gobierno de Prohens focaliza ahora sus críticas en los aeropuertos, principales puertas de entrada a las islas, en los que la Administración autonómica no tiene ni voz ni voto. Las recientes obras de ampliación del aeropuerto de Son Sant Joan de Palma —a punto de concluir— y la futura gran obra para incrementar la capacidad del aeropuerto de Ibiza, que ha generado un rechazo unánime en todos los sectores sociales de la isla, ponen al gestor aeroportuario de mayoría estatal, Aena, en la diana por una estrategia diseñada desde Madrid que parece remar a contracorriente del sentir social balear.

“La política de Aena es colonial porque solo piensa en el beneficio de sus accionistas y en el reparto de dividendos. Es una gestión completamente contraria a los intereses de los isleños, planificando un crecimiento sin límites y operando por encima de la capacidad operativa de los propios aeropuertos”, afirma Ferran Rosa, diputado de la formación ecosoberanista Més per Mallorca. Este partido promovió una proposición de ley de cogestión aeroportuaria para que Baleares pueda entrar a gestionar su infraestructura más determinante. Y ha presentado ahora una proposición no de ley para pedir al Gobierno que imponga una limitación de los vuelos ante un crecimiento que consideran “insostenible”. Se espera que Mallorca traspase este año el umbral máximo de pasajeros que se fija en los 34 millones.

Intervenir en los aeropuertos es una de las medidas que el vicedecano de la facultad de Turismo de la Universidad de las Islas Baleares, Tolo Deyà, considera crucial para poner freno a la situación. Si en vez de tener la puerta de entrada a las islas abierta 24 horas solo se abre 16, la lógica dice que llegará menos gente. “Claro, lo que no podemos es hacer esa puerta más grande”, razona. A esta medida, Deyà también añadiría otras destinadas a erradicar la oferta de alojamiento ilegal que multiplica las plazas turísticas y satura los barrios. “Erradicar la vivienda vacacional en edificios plurifamiliares también tiene toda la lógica del mundo, porque no ofrece un valor añadido a la estancia y sí que permitiría reorientar la vivienda al mercado residencial”, explica.

¿Tiene esta gentrificación vuelta atrás? Para Murray queda esperanza, aunque cree que se experimenta en distintos grados según el lugar y pone de ejemplo su experiencia en Sóller, su pueblo y el escenario de la última protesta, donde dice que los jóvenes no se pueden plantear una vida que no pase por vivir con sus padres o marcharse a otras zonas de Mallorca o, directamente, abandonar la isla. “Tengo un vecino que apenas viene a pasar tres semanas al año. ¿Nos podemos permitir estas extravagancias en este contexto? Por su parte, Deyà cree que en temporada alta “sobran turistas”. La pregunta ahora es si el ciudadano considera que los visitantes se tienen que repartir en otras épocas del año. “Por lo que vimos en la manifestación del 26 de julio, parece que el residente tiene otra opinión”, concluye.