Las comunidades del PP piden aplazar la reunión sobre la reforma de la financiación autonómica | Economía

Nuevo giro en el culebrón que rodea la financiación autonómica. Las comunidades gobernadas por el PP han pedido suspender la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) prevista para este miércoles, en la que están llamadas a votar la propuesta de reforma del sistema, y aplazarla “hasta por lo menos el mes de septiembre”. Así lo han solicitado en una carta dirigida al responsable de Hacienda, Arcadi España, alegando que el modus operandi del ministerio “ha viciado por completo el proceso de propuesta de este nuevo modelo” y que no se les dio ni tiempo ni información suficiente para analizarla.

La misiva se envía en un contexto enrarecido. Desde que el Gobierno presentó su propuesta de reforma del sistema el pasado enero, todas las comunidades —salvo Cataluña— la rechazaron por considerar que nace con un pecado original: es fruto de una negociación bilateral del PSOE con ERC. El otro detalle llamativo es que la carta está fechada el mismo día, este lunes, en el que Canarias ha anunciado que apoyará el nuevo modelo de Hacienda, convirtiéndose así en el segundo territorio que respalda la iniciativa y en el primero en hacerlo que no está gobernado por los socialistas, pues el Ejecutivo lo comparten Coalición Canaria junto al PP y Agrupación Herreña Independiente.

Si el ministerio no aceptara la petición y la reunión se celebrase este miércoles, la propuesta saldría adelante de todas formas, pese al previsible rechazo de las comunidades del PP, que son mayoría: 11 regiones, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Eso se debe al mismo funcionamiento del CPFF: Hacienda solo necesita el voto de una comunidad para que las iniciativas que presenta en el órgano salgan adelante.

Los 11 consejeros de Hacienda del PP y los dos representantes de la rama de Ceuta y Melilla critican en la carta que la propuesta de Hacienda se ha “pactado con una sola parte y a espaldas de todas las demás”, pero reconocen que “existe un consenso generalizado entre las comunidades autónomas sobre la necesidad de reformular el sistema de financiación autonómica”, que lleva más de una década caducado. Sin embargo, matizan que “el procedimiento seguido hasta la fecha dista de responder a un verdadero mecanismo de negociación multilateral”.

Los firmantes lamentan que la propuesta llevada al CPFF no fue previamente analizada por el Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE) y que, cuando se le envió, no se proporcionó con antelación a las comunidades la información completa necesaria para su análisis. “Este proceder ha viciado por completo el proceso de propuesta de este nuevo modelo, sin que la convocatoria extemporánea y sin la documentación necesaria del CTPE el pasado día 14 [de julio] convalide todo lo mal hecho”.

Además de esta crítica “de fondo” al planteamiento de Hacienda, que ofrece 21.000 millones adicionales a las comunidades para el próximo año, los representantes autonómicos mencionan otras cuestiones, entre ellas la falta de “información imprescindible para analizar en profundidad la propuesta”. Pese a que en los últimos días el ministerio envió un nuevo borrador, critican que “continúan sin facilitarse las simulaciones completas y homogéneas que permitan verificar el impacto del modelo” en el conjunto del territorio, además de otros cálculos de reparto que han sido solicitados sin respuesta. Además, afean al ministerio que no ha habido tiempo suficiente para revisar la documentación completa de la reunión del comité técnico.

En último lugar, los consejeros del PP mencionan que la falta de presupuestos —siguen prorrogadas las cuentas de 2023— y de unos nuevos objetivos de estabilidad —el Congreso los ha tumbado dos veces— “priva al proceso de la seguridad y el rigor que un acuerdo de esta naturaleza exige”, ni cómo encaja la reforma en el marco presupuestario del conjunto de administraciones.

“Las comunidades autónomas firmantes no rehúyen la reforma del sistema de financiación; al contrario, la reclaman. Pero una reforma de esta envergadura ha de abordarse con todas las comunidades, con la información completa y con el tiempo indispensable para su estudio, y no puede resolverse sobre unas premisas y unos plazos que lo impiden”, concluyen los representantes autonómicos.