La reestructuración de Venezuela peca de un crudo optimismo | Opinión

Venezuela se asienta sobre las mayores reservas de petróleo del mundo, pero extrae una exigua fracción de ellas. Los acreedores podrían enfrentarse pronto a ese mismo potencial sin explotar. El país se prepara para reestructurar una descomunal carga de deuda que supera el doble de su producción nacional. Con una economía en ruinas, lastrada por unas instituciones débiles y una crisis humanitaria agravada por los recientes terremotos, unas exigencias agresivas por parte de los prestamistas podrían generar una espiral contraproducente.

Las autoridades en Caracas, asesoradas por el banco boutique Centerview Partners, prevén revelar en las próximas semanas un pasivo cercano a los 240.000 millones de dólares (unos 210.000 millones de euros), según el Financial Times. El relativo optimismo de los inversores ha impulsado el precio de los bonos soberanos, aunque solo hasta rondar los 50 centavos por dólar en el caso de los títulos que vencen el año próximo. Bajo la tutela efectiva de Estados Unidos desde el secuestro del presidente Nicolás Maduro en enero, una reestructuración ofrece la perspectiva de recuperar, al menos, una parte.

Un abarrotado registro de acreedores complica esas esperanzas. Además de los bonos emitidos por la república y la petrolera estatal PDVSA, existe una maraña de reclamaciones –desde indemnizaciones por activos nacionalizados por la fuerza hasta préstamos respaldados por petróleo procedentes de China y Rusia– repartida entre distintas jurisdicciones.

Esas cifras casi con toda seguridad estarán en disputa. Venezuela no ha presentado cuentas nacionales creíbles en años. El Fondo Monetario Internacional rompió lazos en 2019 por una disputa sobre quién representaba al país, y no retomó el contacto hasta el pasado abril.

Pero, más importante aún, la capacidad productiva para pagar la deuda está gravemente dañada. El PIB del país se sitúa ahora en torno a los 118.000 millones de dólares (unos 103.500 millones de euros), según datos del FMI, un 68% por debajo de su máximo de 2012. La economía descansa sobre la extracción de petróleo, pero la producción actual, de alrededor de 1 millón de barriles diarios, representa un tercio de la tasa registrada en su máximo de 1998. Además, cada barril reporta ahora menos ingresos para el Gobierno. Los recientes cambios en el código fiscal rebajan los gravámenes y dan a las operadoras más flexibilidad para impulsar la inversión petrolera.

Reactivar la producción no será tarea fácil. Mantener el nivel de producción actual costará unos 52.000 millones (45.600 millones) hasta 2040, calcula la consultora Rystad Energy. Elevar la producción por encima de 1,4 millones de barriles diarios exigirá hasta 9.000 millones (7.900 millones) anuales adicionales. Ir más allá encarecería el coste todavía más, y requeriría nuevas infraestructuras y mano de obra, que escasea, para abrir nuevos pozos. Semejante ambición dejaría en nada la contribución de 10.000 millones (8.800 millones) de PDVSA al presupuesto del año pasado.

Para la presidenta interina, Delcy Rodríguez, al frente de un Gobierno incierto y constreñido por Washington, alcanzar y cumplir cualquier acuerdo será difícil. Si los acreedores logran arrancar las condiciones más agresivas posibles, el coste del servicio de la deuda podría acabar bloqueando las inversiones necesarias para poder pagarla. Existe algo así como un trato demasiado duro.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías