Trabajo encarga a Deloitte la evaluación de su estrategia de empleo y asesoramiento para diseñar sus políticas | Economía

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha contratado a Deloitte Consulting para que evalúe el Sistema Nacional de Empleo. Concretamente, el departamento que dirige la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha externalizado a favor de la mayor big four de España la supervisión de la Estrategia de Apoyo Activo al Empleo 2025-2028 para los próximos cuatro años por 1,45 millones de euros.

Desde el Gobierno justifican la externalización de este servicio con dos argumentos. El primero es, según las fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas, dar respuesta a lo que manda la Ley de Empleo de 28 de febrero de 2023. Esta norma indica que “la política de empleo será objeto de una evaluación continuada, planificada, dirigida en el seno del Sistema Nacional de Empleo y realizada con carácter externo e independiente, desarrollándose de manera adicional al conjunto de evaluaciones internas que se realicen dentro del Sistema Nacional de Empleo”. De hecho, insisten en que la evaluación externa no anula los análisis que se puedan hacer internamente.

La segunda justificación, incluida en el anuncio de esta licitación, es “la ausencia de una unidad técnica especializada en la materia dentro del SEPE, garantizando así la objetividad, imparcialidad y calidad de los resultados”, según consta en documentación oficial consultada por este medio.

Es más, según el mandato de la Ley de Empleo, Deloitte no se va a limitar a realizar la evaluación continua de los resultados de sus políticas de empleabilidad, sino que llevará también a cabo labores de asesoramiento y propuestas de mejora para políticas sucesivas de formación y empleo. En concreto, ha encargado a la consultora que diseñe “la mejora de la eficacia en la asignación de los recursos, la optimización del proceso de toma de decisiones, el fomento de la innovación en las actuaciones y el fortalecimiento del control de responsabilidades y la rendición de cuentas ante los agentes institucionales y la ciudadanía”.

De esta manera, Trabajo se apoya en la multinacional de la consultoría no solo para hacer la supervisión de sus políticas de empleo, sino que le pide que, una vez realizada la evaluación, formule sus recomendaciones para diseñar las futuras estrategias de empleo. “De todos los análisis realizados bajo el presente contrato, se requiere proporcionar conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones operativas que permitan la mejora de las PAE (políticas activas de empleo) y el diseño de futuras intervenciones”, señala Trabajo.

“Se requiere que la empresa adjudicataria del contrato dé soporte y asistencia técnica especializada al SEPE en la planificación, diseño, ejecución y comunicación de los procesos evaluativos; en la generación de conocimiento útil para el rediseño de políticas y el fortalecimiento institucional; y en los grupos de trabajo y jornadas que coordine el SEPE en materia de evaluación”, añade el departamento gubernamental a cargo de la cabeza más visible del Movimiento Sumar.

La contratación exige a Deloitte tener un responsable principal que sea el interlocutor con el SEPE. Entre sus responsabilidades, se le pide “liderar las tareas de evaluación pertinentes, definiendo las metodologías de trabajo en cada ámbito de actuación del proyecto, y tomando las decisiones oportunas en materia de Políticas Activas de Empleo que afecten al desarrollo del contrato”.

Los precedentes

No es la primera vez que Trabajo externaliza la evaluación de estas políticas y la elaboración de propuestas de mejora. Ya lo hizo con la convocatoria previa de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024 y los cuatro Planes Anuales de Empleo que la desarrollan. En esa primera ocasión, según recuerdan fuentes de Trabajo, la empresa adjudicataria fue NTT Data Spain, que se hizo con un contrato para estas tareas por casi 600.000 euros en aquella ocasión.

La contratación a Deloitte no ha sido tampoco discrecional, ya que responde a un proceso reglado de contratación pública. En este caso, el Gobierno destaca en la documentación de la adjudicación que la rebaja del 40% sobre el presupuesto de partida en esta licitación (2,42 millones de euros) ha sido “determinante”. Para este trabajo, además, también pujaron otras big four como KPMG, PwC o la pata de consultoría de Indra, empresa controlada por el Estado.

En este sentido, las fuentes ministeriales destacan que, al igual que con el primer contrato de externalización, el asignado este año “se adjudicó en concurso público, con total transparencia competitiva, a la empresa Deloitte que planteó una oferta de 1,2 millones de euros (1,45 incluyendo el IVA)”, por debajo del máximo de la licitación. En este punto, Trabajo ha asegurado que ”la oferta económica de las empresas corresponde plantearla a cada compañía. Y la Administración debe desestimar los casos en los que se ofrezca un contrato con una baja temeraria, que no ha sido el caso”.

No obstante, se da la circunstancia de que la inmensa mayoría del dinero de este contrato irá destinado a costear el trabajo de los consultores de Deloitte, una empresa a la que el ministerio que lidera Yolanda Díaz, a través de la Inspección de Trabajo, multó en 2023 por carecer de registro horario y someter a sus trabajadores a jornadas excesivas de más horas de las debidas, lo que se consideraba una práctica abusiva. Para esta sanción, Trabajo desplegó una macroinspección con registros en las sedes de estas corporaciones. En esa operación, la Inspección también multó a PwC, KPMG y EY. Pese a ello, fuentes del sector señalan que entre las grandes consultoras las jornadas maratonianas que sobrepasan la legalidad siguen siendo una práctica habitual.

Tampoco es la primera vez que Trabajo ha fichado a estas big four y otras consultoras para externalizar actividades, si bien es más común que lo haga para resolver cuestiones de corte tecnológico, al no disponer de medios especializados. Sin embargo, en este caso, los trabajos encargados a Deloitte, que se mantendrá hasta 2030 para dar este servicio, están mucho más relacionados con las políticas laborales que despliega el actual Ejecutivo.

La fiscalización de estas políticas también viene realizándose de forma externa e independiente por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), un ente público autónomo especializado en el análisis de partidas de gasto público, que ya ha evaluado los programas de políticas activas de empleo. Si bien, desde Trabajo precisan que el análisis de la Airef corresponde más a un estudio a posteriori, una vez se han ejecutado, mientras que las consultoras realizarán un seguimiento continuo en el momento en el que se ejecutan.

El Gobierno, además, seguirá confiando a la Airef esta evaluación a posteriori de las políticas de empleo, ya que Trabajo señala que el Consejo de Ministros del pasado 21 de abril aprobó la ampliación de dos nuevas áreas de análisis de evaluación de la Fase III del programa Spending Review 2022-2026 (de fiscalización del gasto público), que realiza habitualmente la Airef, que evaluarán específicamente las “políticas de empleo”.

Todo este seguimiento pretende mejorar los servicios de intermediación laboral del SEPE y el aumento en la eficacia de la formación de los trabajadores para mejorar su empleabilidad. En ambas cuestiones, los servicios públicos de empleo arrastran un déficit estructural a la hora de proporcionar un servicio adecuado a parados y desempleados. De hecho, es conocida la poca presencia de las oficinas públicas en la intermediación entre oferta y demanda de empleo, donde apenas intermedian en el 2% de los casos.