El Consejo Fiscal Europeo ve “muy cuestionable” permitir que los países gasten más para afrontar la crisis energética | Economía

Al Consejo Fiscal Europeo no le gusta nada la propuesta de la Comisión Europea de dar más margen presupuestario a los Estados para que puedan responder con gasto público a la crisis energética que ha desatado la guerra en Oriente Próximo. Este órgano de la UE, encargado de evaluar la situación de las cuentas públicas de toda la Unión, cree que este paso es “muy cuestionable”. “La nueva flexibilidad […] puede dar lugar a una expansión fiscal discrecional injustificada […] y la inflación se encuentra en una trayectoria ascendente”, apunta en el informe presentado este miércoles.

El Consejo Fiscal no duda en ser “crítico con la propuesta de la Comisión”, según ha admitido su presidente, el holandés Pieter Hasekamp, en la presentación del documento que analiza la orientación de la política fiscal para el futuro próximo. “Envía una señal errónea”, considera, sobre la oferta que lanzó el Ejecutivo de la UE a los Estados de dar margen para que pudieran gastar una cantidad equivalente al 0,3% de su PIB en medidas e inversiones que ayuden a reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

La propuesta concreta, que analizarán este jueves y viernes los ministros de Finanzas de la UE, consiste en que los Estados miembros puedan solicitar una excepción parcial de las reglas fiscales para tener ese espacio presupuestario de tres décimas. Esa cantidad tiene que estar incluida dentro de la suspensión parcial para la partida de defensa equivalente al 1,5% del PIB que ya se aprobó en 2025. Es decir, un Estado miembro puede incurrir en gasto por encima de lo pactado con Bruselas en su senda de ajuste fiscal en una cantidad equivalente o menor a ese 1,5% del producto interior bruto sin exponerse a expediente o sanción alguna siempre que el desembolso tenga estos dos destinos.

Y a pesar de que el margen planteado para responder a la crisis energética está incluido en el margen previo de defensa, para el Consejo Fiscal hay diferencias: “El año pasado había una motivación claramente geopolítica provocada por la necesidad de los países europeos de aumentar su gasto público en un periodo corto de tiempo. Como Consejo, lo entendimos. Por un determinado número de años esto puede ayudar a los Estados a hacer lo correcto. Ahora vemos otro tipo de gasto. Pero no son los efectos materiales lo que nos preocupa, sino la idea de que todo lo que ocurre en el mundo es motivo para mirar a las reglas [fiscales] y pensar si se puede gastar más”.

Este razonamiento lleva a Hasekamp a subrayar que “al aplicar otra excepción por segundo año consecutivo”, la consecuencia real es que puede verse afectada “la credibilidad misma de las reglas”. A este elemento, el informe añade otro: la posibilidad de que un incremento del gasto público eche gasolina a los precios y tire al alza de la inflación.

Las críticas del Consejo Fiscal por la reacción a la crisis energética no se quedan solo en la propuesta de la Comisión. También alcanzan a los Estados miembros por la reacción al encarecimiento de combustibles: “Las estimaciones actuales indican que alrededor de dos tercios del conjunto de medidas adoptadas no están dirigidas a un público específico, sino que, en su mayoría, reducen los precios de la energía de manera generalizada mediante la reducción de los impuestos indirectos sobre los combustibles”.

Esto supone que dos de cada tres euros gastados en la UE en amortiguar el impacto de la crisis no cumplen con alguna de las características que pedían la Comisión y otros organismos a la hora de diseñar la respuesta pública. Reclamaban bisturí en la reacción con medidas “temporales, selectivas y a medida” y esa rebaja de impuestos indirectos sobre los combustibles fósiles, como la aprobada por España, no se ajustan a las dos últimas características.

No obstante, el documento también apunta que “el volumen total” de medidas aprobadas “en el momento de redactar este informe es relativamente bajo y con plazos de vigencia claramente definidos”. Es decir, al menos, son temporales. En España, la rebaja del IVA a los hidrocarburos se acaba —salvo prórroga— el 30 de junio. “Por lo tanto, no se prevé que tengan repercusiones en las finanzas públicas para 2027 en el escenario de referencia”, continúa.