Mejorar y reforzar el sector social de la discapacidad | Opinión

La integración laboral de las personas con discapacidad tiene firmes bases jurídicas europeas, constitucionales y legales, siendo un objetivo social que suscita amplios consensos políticos. Entre las herramientas de esta integración laboral destacan, desde hace décadas, los centros especiales de empleo, que ocupan, al menos, un 70% de su plantilla con personas con discapacidad y reciben apoyo público. Son empresas que desarrollan una actividad productiva y económica con esta singularidad, ofreciendo oportunidades laborales al colectivo de personas con discapacidad, a la vez que servicios de acompañamiento social, educativo y de rehabilitación constante, lo que exige contratar a personal cualificado del amplio sector de los cuidados.

La tipología de los centros especiales de empleo es variada. Hay dos factores que definen el sector social de la discapacidad, al que los poderes públicos deben prestar especial atención y ayuda financiera. Por un lado, la iniciativa social de estos centros especiales de empleo, definida en la vigente Ley general de discapacidad por la promoción o participación mayoritaria en su capital de entidades sin ánimo de lucro obligadas a reinvertir sus beneficios en la integración laboral del colectivo. Por otro lado, la contratación de personas con discapacidad con especiales dificultades, determinadas legalmente en la normativa vigente de incentivos económicos a los contratos de trabajo, como la discapacidad intelectual que supera el 33% o la física/sensorial que supera el 65%.

Son, precisamente, los centros especiales de iniciativa social, sin ánimo de lucro, los que suelen contratar en mayor medida a personas con discapacidad con especiales dificultades. La reciente reforma de la Ley de Economía Social menciona, entre las entidades de esta naturaleza jurídica, a los centros especiales de iniciativa social sin ánimo de lucro, lo que ofrece una excelente cobertura legal para políticas públicas, estatales, autonómicas y locales, dirigidas al sector social de la discapacidad.

Los centros especiales de iniciativa social tienen que contratar profesionales del sector cuidados, en muchas ocasiones especialmente cualificados, puesto que sus plantillas laborales tienen altos porcentajes de personas con discapacidad con especiales dificultades. La competencia con otros centros especiales, con ánimo de lucro y dotados de mayores recursos económicos, o con empresas del amplio sector del cuidado o la dependencia, en el doble ámbito privado y público, provoca migraciones de profesionales debido a las condiciones salariales y laborales.

Los poderes públicos deben ser conscientes de esta realidad e implementar políticas que permitan al específico sector social de la discapacidad pagar mejores salarios a sus profesionales del cuidado. Los conciertos públicos con estos centros especiales de iniciativa social, que se desen­vuelven dentro de las competencias autonómicas, tienen que tener un buen diseño con esta dirección, certeza en la fijación de precios públicos de los servicios prestados, y una atención específica a la variable de la mayor dificultad de inserción laboral del colectivo.

Las ayudas públicas deben mejorar y reforzar el sector social de la discapacidad, para evitar huidas de profesionales del cuidado, y, con esta finalidad, se debería aplicar una exención de cuotas de la Seguridad Social en los trabajadores sin discapacidad de este específico ámbito. La negociación colectiva –como ya hace en materia salarial, respecto a las personas con discapacidad, el vigente convenio general del sector– debe atender con una mayor flexibilidad laboral a estos centros especiales de iniciativa social. Corresponde a estas propias empresas, sin ánimo de lucro, gestionar, dentro de los márgenes, buenas políticas laborales de retención del talento profesional del cuidado, con implicación en sus finalidades sociales.

El impacto, por otro lado, en los últimos años, de los altos incrementos de salario mínimo interprofesional (SMI) en el sector social de la discapacidad ha sido muy alto y no ha ido acompañado de políticas específicas de ayuda económica pública. Esta falta de sintonía está provocando crisis de sostenibilidad financiera de centros especiales de iniciativa social de difícil explicación. La subida por el Gobierno del SMI ha sido en general positiva, pero en este sector social, con plantillas laborales mayoritarias de personas con discapacidad, no ha ido acompañada de incrementos en las ayudas públicas que favorezcan la sostenibilidad. Se debe, por ello, mejorar y reforzar el sector social de la discapacidad, con coherencia y determinación. Si suben los costes laborales de la plantilla con discapacidad, deben aumentar las ayudas públicas en sintonía.

El Ministerio de Trabajo ha presentado un proyecto de reglamento que reforma la relación laboral en los centros especiales de empleo, regulada desde hace décadas sin apenas modificaciones. Es una excelente oportunidad para enfocar esta regulación reglamentaria laboral desde esta óptica social. Estos centros especiales sin ánimo de lucro deben tener un marco laboral adecuado, con suficientes herramientas para compensar los desajustes de costes y la flexibilidad necesaria, teniendo en cuenta la presencia en sus plantillas laborales de personas con discapacidad con especiales dificultades. Debe ser una regulación laboral reglamentaria con esta sensibilidad social y que atienda con eficiencia la distinción entre centros especiales con o sin ánimo de lucro. Lo que ya hace la negociación colectiva del sector de la discapacidad debe hacerlo también la norma reglamentaria laboral.

El sector social de la discapacidad cumple, con fórmulas de colaboración público/privada, una función esencial en nuestra sociedad, puesto que favorece a personas que parten con desigualdad de oportunidades y necesitan estas herramientas de integración laboral. Hay que mejorar su regulación y reforzar su financiación, con una buena coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, y políticas eficientes acordes con esta función social.