¿Por qué es muy mala idea gravar al sol? | Economía nacional e internacional

El sector eléctrico mundial atraviesa una transición estructural hacia la descarbonización y la descentralización de la energía. En este escenario, el autoconsumo fotovoltaico ha dejado de ser una promesa para consolidarse como un pilar fundamental del sistema. Gracias a la maduración de la tecnología solar y la caída constante de los costes, hoy hogares y empresas pueden generar buena parte de su propia energía limpia.

A pesar de los indudables beneficios que aporta a la sociedad, esta semana se ha vuelto a proponer gravar el autoconsumo, bajo la premisa de que no contribuye lo suficiente al sistema. Lo que en su punto de partida puede parecer un análisis certero corre el riesgo de derivar en propuestas equivocadas, que eleven los costes por encima de los beneficios buscados.

Y es que la teoría económica nos dice que una imposición al autoconsumo resultaría negativa por razones de eficiencia, pero también para una transición que debería avanzar cuanto antes y hacernos menos dependientes de unas importaciones energéticas de hondo calado geopolítico. Conviene, pues, analizar cómo las renovables y el autoconsumo benefician a toda la población (tienen efectos redistributivos), y por qué añadir sobrecostes por la vía impositiva nos perjudicaría a todos, no solo a quienes tuvieran que pagarlos.

Para apreciar el verdadero valor del autoconsumo hay que entender la formación de precios en el mercado mayorista diario, donde las tecnologías de generación se ordenan de la más barata a la más cara y el precio de cada hora lo fija la última central necesaria para cubrir la demanda. Como tanto el sol como el viento producen con costes operativos casi nulos, cuando los paneles generan a gran escala inyectan energía a coste cero que desplaza a las centrales más caras. Por eso los precios mayoristas son muy bajos en las horas de mayor insolación. Bajo esta premisa, además, el autoconsumo presiona a la baja por una doble vía, ya que reduce la demanda que acude al mercado y aporta energía extra cuando vierte sus excedentes a la red.

Este abaratamiento estructural trasciende la factura de las empresas y se convierte en una herramienta social profundamente progresiva. Las familias de menores ingresos dedican una proporción mucho mayor de su presupuesto a la luz, lo que las expone a la pobreza energética cuando los mercados se encarecen. Como las tarifas reguladas están indexadas al mercado mayorista, cualquier reducción del precio supone un alivio inmediato en su factura. Así, los paneles instalados en los tejados de las rentas medias y altas funcionan en la práctica como una transferencia de bienestar que protege de forma indirecta a millones de ciudadanos sin ahorros ni tejado propio. Es una mayor oferta abaratando el coste de uso de la electricidad.

Pero los beneficios de la generación distribuida van mucho más allá del precio. Así, al producir la electricidad donde se consume, reduce las pérdidas del transporte por las líneas de alta tensión; mientras la generación local diurna alivia el estrés térmico de los transformadores de barrio, alargando la vida de los equipos y permitiendo a las distribuidoras aplazar costosas ampliaciones de red. Diversos estudios concluyen que los pequeños productores solares prestan un servicio técnico que supera con creces el valor de los peajes que dejan de pagar.

Y ahora sí, vamos con esto último, punto de anclaje justificativo de la propuesta fiscal planteada. Algunas distribuidoras y reguladores insisten en que los usuarios de paneles no pagan la parte que les corresponde de la red. El razonamiento es que buena parte de los costes del sistema son fijos, pero se recaudan según la energía consumida, de manera que quien reduce su consumo gracias al sol evade esos peajes y obliga a subir la tarifa al resto. Es por lo que, bajo esta lógica, se proponen cargos por el mero hecho de estar conectado o tributos sobre la potencia instalada, reviviendo el espíritu paralizante del antiguo anunciado impuesto al sol. La premisa, sin embargo, es frágil, sobre todo en España, que ya soporta el término fijo de potencia más alto de la Unión Europea, y para la que la parte fija ronda el 40% de la factura, frente al 22% de media en nuestro entorno, herencia de las subidas de 2012 a 2015. Quien autoconsume no esquiva ese coste, porque la potencia se paga por estar conectado, se consuma o no de la red.

Desde la teoría económica más rigurosa, gravar el autoconsumo sería además un error regulatorio. Los impuestos correctivos existen para penalizar externalidades negativas, no positivas. Cuando una actividad privada genera beneficios sociales que superan el ahorro del individuo, lo óptimo es lo contrario, es subvencionarla para acelerar su adopción. Imponerle un gravamen equivale a encarecer la tecnología de forma artificial, ahuyentando la inversión y alejando a la economía de la eficiencia.

Conviene además desmontar el temor de fondo, la idea de que el autoconsumidor se desentiende del sistema. Y es que quien instala paneles es quien más probabilidades tiene de electrificar después el resto de su consumo, comprando un coche eléctrico, instalando una bomba de calor o, si es una empresa, sustituyendo sus procesos de gas por electricidad. Esa nueva demanda se nutre en buena parte de la red, de modo que el autoconsumidor no abandona el sistema, sino que con el tiempo se convierte en un cliente mayor, y el supuesto agujero de ingresos se cierra casi solo.

Y esto último no es una hipótesis. Así, esta misma primavera, España ha ganado la primera subasta europea para descarbonizar el calor industrial, con más proyectos seleccionados que ningún otro país —Francia incluida—, precisamente porque disponer de electricidad propia, barata y limpia ha permitido a sus empresas pedir el menor coste por tonelada de CO2 evitada. Gravar hoy el autoconsumo sería penalizar el mismo activo que nos está haciendo competitivos.

La solución a la financiación de las redes no pasa por la vía fácil de gravar el sol, sino por tarifas dinámicas, con discriminación horaria, que reflejen el coste marginal real de usar la infraestructura en las horas de saturación. Una tarificación inteligente animaría a instalar baterías para volcar los excedentes cuando la red más los necesita, convirtiendo a los ciudadanos en aliados de la estabilidad del sistema. Y si lo que preocupa es la desigualdad en el acceso al autoconsumo, la respuesta no son impuestos distorsionadores, sino un sistema fiscal progresivo sobre la renta y un gasto público bien dirigido, con subvenciones directas para llevar paneles a las familias vulnerables y apoyo a las comunidades energéticas, que mutualizan la inversión y reparten los beneficios sin paralizar la transición.

Estamos ante una oportunidad inmejorable para consolidar un paradigma energético más limpio y barato. El autoconsumo no es un capricho de unos pocos privilegiados, ya que hunde los precios mayoristas y despliega un paraguas protector sobre toda la población frente a las crisis de los fósiles. Imponerle cargos disuasorios para proteger el modelo de negocio de las viejas redes sería un error de diagnóstico monumental, que condenaría a la sociedad a un futuro eléctrico más caro y desigual. La política de los próximos años debe lograr que la energía solar llegue a todo el país, asumiendo de una vez que cobrar un peaje por la luz del sol carece de sentido económico y moral.