El Gobierno defiende que la ciberseguridad del Estado está garantizada pese a la suspensión del contrato | Economía

El Gobierno ha suspendido de forma indefinida la tramitación del Lote 3 del contrato CORA III, destinado a la ciberseguridad e interconexión de centros de datos de la Administración General del Estado, debido a una pérdida sobrevenida de la cobertura presupuestaria en una licitación que supera los 100 millones de euros, como ha adelantado este martes EL PAÍS. A pesar de la paralización financiera, fuentes del Ejecutivo aseguran que la prestación del servicio está garantizada y califican la suspensión como un mero trámite administrativo que se subsanará después del período estival.

La decisión, adoptada por la Mesa de Contratación de los Servicios Consolidados de Telecomunicaciones, se produjo inmediatamente después de que el órgano administrativo ejecutara una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) que obligaba a devolver la condición de adjudicataria a Telefónica. La resolución del tribunal desplazaba a la unión temporal de empresas (UTE) liderada por MasOrange, pero la falta de fondos actual ha congelado la firma definitiva del contrato.

No obstante, el Gobierno alega que el servicio de ciberseguridad e interconexión de datos de la Administración del Estado dependiente del Ministerio de Transformación Digital está plenamente garantizado y que la adjudicación del nuevo contrato sigue su curso. Según declararon fuentes gubernamentales a este diario, el 1 de junio “ha entrado en vigor un contrato negociado sin publicidad con Telefónica, lo que garantiza la prestación del servicio” y evita cualquier vacío operativo en los sistemas de defensa digital del sector público mientras se resuelve la situación presupuestaria, según fuentes del ministerio que dirige Óscar López

La falta de financiación actual se debe a la anulación de los documentos contables de Retención de Crédito por parte de los organismos cofinanciadores —el IMSERSO, el INGESA y la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC)— durante la pendencia del recurso especial. Desde el Ejecutivo se insiste en que esta situación responde a que las actuaciones regulatorias se han “prolongado en el tiempo como consecuencia de la presentación de los recursos que interpusieron por falta de planes de igualdad las empresas licitadoras”.

Las fuentes oficiales consultadas explicaron a este diario que la resolución judicial “implica la necesidad de autorizar de nuevo el gasto para este contrato, un mero trámite administrativo que se realizará a la mayor brevedad posible”. Posteriormente se abrirá un nuevo plazo para presentar alegaciones, “como obliga la normativa de contratos del Estado antes de proceder a la adjudicación definitiva a Telefónica del nuevo contrato, lo que se prevé para después del verano”. Mientras tanto, concluyen, “el servicio queda garantizado por Telefónica”.

Origen del conflicto legal

La licitación del Lote 3 acumulaba un retraso prolongado debido a los recursos interpuestos por la falta de planes de igualdad registrados en las empresas licitadoras. Inicialmente, el 10 de marzo de 2025, la UTE compuesta por MasOrange, TRC y Mnemo se declaró ganadora provisional al presentar una oferta de 55,26 millones de euros, frente a los 63,06 millones de Telefónica. Sin embargo, Telefónica impugnó el proceso al detectar que la firma Mnemo carecía de dicho plan sectorial, lo que provocó la descalificación automática de MasOrange en octubre de 2025.

Posteriormente, la Mesa de Contratación excluyó también a Telefónica en noviembre de 2025 al aplicar el mismo criterio sobre una de sus filiales, Govertis. Telefónica recurrió la decisión ante el TACRC argumentando que la falta del plan de una subcontrata menor no invalidaba la propuesta global y que la filial Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech (TCCT) asumía directamente las funciones técnicas. El tribunal estimó el recurso el pasado 30 de abril y ordenó retrotraer las actuaciones para devolver la condición de adjudicataria a la operadora española.

Según consta en el acta oficial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, fechada el 26 de mayo de 2026, la Mesa de Contratación acordó por unanimidad suspender el procedimiento hasta que obre en el expediente constancia fehaciente de que los créditos han sido nuevamente autorizados. Fuentes del sector de las telecomunicaciones vinculan esta parálisis contable a la prórroga presupuestaria actual y a la ausencia de un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Prórroga forzosa

Para mitigar el impacto de la paralización legal y financiera, el Ejecutivo aprobó a principios de mayo de 2026 una prórroga forzosa de nueve meses a los actuales prestadores, Telefónica e Indra, mediante un procedimiento negociado sin publicidad. Esta medida de contingencia mantiene la operatividad en ministerios y organismos públicos, aunque fuentes del proceso señalan que representa un encarecimiento respecto a los precios ofertados en la nueva licitación, dado que la propuesta de Telefónica rebajaba el importe de salida del concurso. La firma del contrato definitivo queda sujeta a la habilitación de las partidas económicas por parte de Hacienda y las entidades dependientes.