Argentina es una fábrica de inocentes fiscales | Carta del corresponsal

Los argentinos llevan dos meses enganchados a la serie que protagoniza el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Cada semana, los testigos citados por la Fiscalía en la causa por presunto enriquecimiento ilícito abierta contra él revelan nuevos gastos: la compra de dos viviendas con préstamos por fuera del sistema bancario, un viaje en avión privado con la familia a Uruguay, unas vacaciones de lujo a la isla caribeña de Aruba, una estadía en el mejor hotel de Bariloche, obras de mejora en la casa de fin de semana que salieron más caras que lo desembolsado por la propiedad, compras de muebles que duplican su salario… Los distintos gastos, que superan con comodidad el medio millón de dólares, tienen algo en común: Adorni lo pagó casi todo en efectivo. A veces, sin factura.

Mientras el jefe de Gabinete prepara una declaración jurada que justifique su elevado nivel de vida y la Justicia investiga si hubo delito o no, el caso también revela la cotidianeidad —y ausencia de preguntas— con la que circulan grandes sumas de divisas estadounidenses en Argentina, un país en el que se estima que hay cerca de 170.000 millones de dólares fuera del sistema financiero formal.

En las últimas dos décadas, muchos argentinos escondieron ingresos al fisco sin demasiados problemas. Los que tuvieron que blanquearlos sólo necesitaron un poco de paciencia: cada nuevo presidente puso en marcha leyes de amnistía fiscal que perdonaban la evasión con una penalización mínima. Lo hizo Cristina Kirchner en 2009, Mauricio Macri en 2017, Alberto Fernández en 2021. El de Macri, el más exitoso, sacó a la luz más de 115.000 millones de dólares, entre bienes y divisas, en su mayoría en el exterior.

El Gobierno de Javier Milei siguió los pasos de sus predecesores. Puso en marcha un blanqueo de capitales que, en su primera fase, a finales de 2024, hizo aflorar 20.000 millones de dólares. La normativa preveía el pago de una alícuota del 5% para los que declarasen más de 100.000 dólares, pero había una forma de saltársela: mantener las divisas dentro del circuito formal al menos un año. Ese requisito ayudó a que los depósitos alcanzaran un récord de casi 37.000 millones a principios de 2026.

Milei, que se autoproclama un topo que quiere destruir el Estado desde dentro, ha llamado “héroes” a los evasores en público y no ha dejado de mandar señales que lo confirman. Desde febrero, cuando el Congreso aprobó la Ley de inocencia fiscal, se han cerrado más de 5.000 causas penales —el 80% del total— que estaban en trámite por el delito de evasión, al aumentar los umbrales por los que una persona puede ser perseguida. El mínimo son 100 millones de pesos, equivalentes a 71.000 dólares o a 275 salarios mínimos. Entre los beneficiados figuró incluso el empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Sin preguntas incómodas

La Ley de inocencia fiscal establece una amnistía fiscal permanente de facto. Contempla que los argentinos puedan ir a los bancos a ingresar dólares sin que nadie les pregunte de dónde los sacaron. La normativa, sin embargo, ha tenido un impacto mínimo, de menos de mil millones. Por un lado ha chocado con una realidad que excede las fronteras de Argentina: los bancos están obligados a cumplir estándares internacionales contra el lavado de activos que exigen saber de dónde proceden los fondos que van a depositarse. “Tiene que ser algo creíble para el banco lo que está presentando el cliente”, dice una fuente bancaria. “Se mira la actividad declarada, el comportamiento crediticio y un montón de cosas para hacer una evaluación integral”, agrega sobre los requisitos exigidos.

El otro problema es cultural: miles de familias argentinas perdieron sus ahorros en la crisis del corralito de 2001 y no quieren saber nada con los bancos. “Tuvimos que vender la casa. Ni loca volvería a confiar”, admite Marta Guzmán, jubilada. Los que sufrieron alguno de los numerosos cambios de reglas impuestos por los sucesivos gobiernos, tampoco se fían. “Este gobierno está bajando la presión fiscal, pero gobiernos anteriores lo han incrementado y no se sabe qué pasará en 2027, el temor de que vuelvan a hacerlo si cambia el Gobierno está”, opina el contador Marcelo Rodríguez. Los que dudan, prefieren mantener su dinero en el exterior, en cajas de seguridad, invertir en inmuebles, en un auto o, de tratarse de sumas pequeñas, bajo el colchón u otro escondite en casa.

El papeleo reclamado por los bancos enfureció a Milei y a su ministro de Economía, Luis Caputo. “Si en sus bancos les piden cosas de más, no pierdan el tiempo. Pueden ir al Banco Nación”, escribió el ministro de Economía en sus redes. Este banco público apeló al humor con un anuncio que iba en la misma línea: dos colchones se quejaban de dolor de espalda por el peso de los billetes guardados en su interior y lamentaban que en ningún banco se los querían recibir.

“Tienen los dólares en sus casas, perdiendo plata y el que más pierde es el país”, lamentó Caputo en marzo, durante una exposición pública ante empresarios. El ministro, uno de los más ricos del Gobierno de Milei, evitó decir que dos tercios de su fortuna está en el exterior, según su última declaración jurada. ¿Pueden confiar los argentinos si no lo hace su ministro de Economía? Por ahora son bastantes los que prefieren no arriesgarse. Hacen lo posible por moverse lejos del radar del fisco.

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