El elevado precio de un mal diagnóstico económico | Negocios

La política económica contemporánea no se equivoca tanto en lo que promete sino en cómo diagnostica la exigencia de una intervención. Un error cada vez más habitual no está en lo que se hace, algo que el votante descuenta, sino en lo que se acepta como punto de partida.

Dos ejemplos son el Brexit y los aranceles de Trump. La campaña sobre los célebres 350 millones de libras semanales para el servicio de salud británico (NHS) provocó una pérdida estimada del 4% de productividad a largo plazo. En cuanto a los aranceles, la idea de que “China pagaría los aranceles” no se corresponde con lo encontrado en varios estudios recientes. Así, por ejemplo, uno de estos trabajos estimó que el traslado a precios domésticos de los aranceles fue prácticamente completo, con un coste de 1.400 millones de dólares mensuales para los hogares estadounidenses.

Pero no hace falta cruzar el Atlántico ni el canal de la Mancha. Por ejemplo, tomemos el debate sobre la vivienda. Parte de la política española lleva años atrincherada en un diagnóstico cómodo porque tiene villanos identificables: especuladores, fondos buitre, propietarios rentistas, turistas. Vende bien porque convierte una cuestión técnica en un relato moral. Pero el Banco de España estima que faltan en torno a 700.000 viviendas para equilibrar el mercado, y el BBVA Research eleva la cifra a 800.000 para 2027, donde los cuellos de botella regulatorios aparecen como factor explicativo central. Sin oferta nueva, cualquier política que estimule la demanda tendrán efectos redistributivos puntuales, pero no resuelve el problema agregado, y en algunos casos lo agrava al elevar los precios. La narrativa, sin embargo, sigue mandando, porque “reformar la Ley del Suelo y agilizar licencias” no llena plazas y “echar a los fondos” sí. La factura llegará en forma de una generación que no podrá emanciparse cuando los políticos que sembraron el relato ya estén jubilados.

Tomemos otro caso más cotidiano: la formación de precios agrarios. Cada vez que el limón, el aceite o el pollo se encarecen en el supermercado, algunas organizaciones del sector salen al paso con una versión simplificada de la realidad en la que el producto viaja, casi por arte de magia, desde la granja hasta la cesta del consumidor sin transporte refrigerado, sin envasado, sin distribución, sin merma. La diferencia entre lo que cobra el productor y lo que paga el comprador se atribuye íntegramente a una “cadena especulativa” cuyo único propósito sería expoliar a ambos extremos. El relato funciona porque convierte una cuestión de microeconomía aplicada en un drama moral. El objetivo no es ganar elecciones, sino capturar rentas. Ayudas públicas, excepciones regulatorias, intervenciones en precios que se justifican mejor con un relato de victimismo que con un análisis riguroso de productividad.

Lo que comparten estos ejemplos es que la comunicación política en economía sufre fallos de mercado en el mercado de las ideas. Hay externalidades, porque los costes de la decisión los paga gente que no compró la narrativa. Hay información asimétrica, porque verificar el diagnóstico exige tiempo y conocimiento técnico. Hay un problema de agencia clásico, porque tanto el político como los grupos de interés organizados maximizan variables que no es el bienestar agregado. Y hay, sobre todo, una asimetría temporal perversa: el rédito de la narrativa es inmediato, el coste económico es diferido, y para cuando el diferido llega, quien la promovió ya no estará mientras el voto fue el que fue.

Como en cualquier fallo de mercado, la mano invisible del debate público no corrige las creencias erróneas, o las corrige tarde y mal. Hace falta infraestructura institucional, como un periodismo económico que acepte el coste de contradecir narrativas instaladas; organismos técnicos independientes, como es hasta ahora la AIRef, capaces de incomodar al gobierno que los financia; una academia que baje al barro de la divulgación cuando el barro lo exija; y una conversación cívica que aprenda a distinguir entre opinar sobre los valores, en el que todos estamos legitimados, de opinar de los hechos, donde no todos tenemos que estarlo.