Bruselas renuncia a recomendar el teletrabajo obligatorio en su lista de medidas contra la crisis energética | Economía

La Comisión Europea ha renunciado a recomendar un día semanal de teletrabajo obligatorio como medida de ahorro energético en su listado de respuestas ante la crisis desatada por la guerra en Oriente Próximo. El consejo figuraba en los primeros borradores, pero finalmente no está en la versión definitiva aprobada este miércoles por los comisarios. En el documento, que la presidenta Ursula von der Leyen presentará este jueves a los líderes en el Consejo Europeo informal que se celebra en Chipre, sí que aparece la relajación de las normas de ayudas de Estado prevista, así como medidas para impulsar la electricidad frente a los combustibles fósiles reduciendo la tributación de la primera. Hasta el momento, la crisis energética ha elevado la factura a pagar por los europeos en 24.000 millones de euros, según los cálculos del Ejecutivo de la UE.

La recomendación de “un día de teletrabajo obligatorio a la semana” se incluía en los anexos de varios de los borradores de la comunicación, uno de ellos adelantado por EL PAÍS, previos al documento definitivo aprobado este miércoles. La renuncia a esta recomendación se ha producido porque en las discusiones internas había reticencias a hablar de “obligatorio”, según señalan fuentes no oficiales de la Comisión, y también por la dificultad para recomendar esa medida con carácter general, para todos los sectores económicos. Otras fuentes comunitarias consultadas hablan de dudas legales sobre la implementación de una medida así.

El paquete energético en el que la Comisión ha estado trabajando durante más de un mes, presentado esta mañana en la sede de la Comisión Europea en Bruselas, se ha quedado finalmente en un conjunto de recomendaciones y medidas de coordinación. La parte más ambiciosa, desde un punto de vista regulatorio, es la relajación de las ayudas de Estado. Esta medida, cuyo desarrollo compete a la vicepresidenta Teresa Ribera, responde a las tres características que reclama el Ejecutivo de la UE ante esta crisis: “oportunas, específicas y temporales”.

Que la primera respuesta de la Comisión a las consecuencias económicas del conflicto Oriente Próximo tenga estas características obedece a varias lógicas. Una de ellas es no agotar todas las opciones posibles en un primer movimiento. Otras que suelen recordar en Bruselas es que la crisis actual está muy lejos de la vivida en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania provocando un cataclismo en el mercado de gas natural y de otros combustibles. Entonces hubo un riesgo altísimo de desabastecimiento y los precios se dispararon a niveles todavía lejanos de los actuales, pese al bloqueo del estrecho de Ormuz: el KW/h de gas se pagó por encima de los 300 euros, frente a los 40 euros de estos días.

Ahora, además, la crisis es mundial. En 2022, tuvo un carácter muy europeo, puesto que Rusia era el principal suministrador de gas natural y un gran proveedor de petróleo. Y a esto se suma que aunque el bloqueo de Ormuz se levantara de forma inmediata, la normalidad plena tardaría todavía entre dos y tres meses en volver a los mercados globales de materias primas: los cargueros bloqueados precisan tiempo para llegar a su destino; las infraestructuras destruidas tienen que ser reparadas; hay que volver a poner en funcionamiento los pozos de gas y petróleo, algo que no es instantáneo y requiere tiempo; y, por último, la materia prima tiene que llegar a las refinerías.

Uno de los ámbitos potencialmente más afectados es el de la aviación. Sobre este asunto, y ante las reclamaciones de los aeropuertos europeos, que advirtieron de posibles problemas de suministro de queroseno, la Comisión ha anunciado que va a analizar en profundidad la capacidad de refino en Europa y a evaluar sus necesidades en mayo. También reclama coordinación a la hora de reponer las reservas de gas, para no añadir mucha presión por el lado de la demanda y subir más los precios, y para liberar el petróleo almacenado.

Como ya se había anticipado, el paquete recoge una mención a las ganancias adicionales que las empresas energéticas están teniendo por el incremento de precios. “Los Estados miembros pueden también tomar medidas sobre los beneficios caídos del cielo para asegurar la equidad social”, señala el documento. Ribera, además, ha señalado en la presentación de las medidas que está dispuesta a “trabajar con los Estados que lo desarrollen”. Lo que no hay en esta comunicación es un anuncio de un mecanismo común que diera cobertura al desarrollo en cada país, como sí lo hubo en 2022, a pesar de la petición de cinco países europeos (España, Alemania, Italia, Portugal y Austria) de crear un marco comunitario para poder gravar esas ganancias extraordinarias. “Un impuesto común requiere unanimidad. No sería fácil llegar al consenso porque hay diferentes visiones sobre cómo abordar esta cuestión”, ha explicado la española.

En defensa de la iniciativa aprobada por los comisarios, Ribera ha apuntado: “Esta comunicación tiene por objeto reforzar la coordinación de la UE y proteger a los más vulnerables, al tiempo que se acelera el despliegue de energías limpias de origen propio y la electrificación para lograr un cambio real y duradero”, ha argumentado. La número dos de la Comisión ha incidido en la importancia de reforzar la aplicación de energías no contaminantes. “No hay alternativa al Pacto Verde en lo que respecta a la seguridad y la competitividad”, ha destacado Ribera, aprovechando que la crisis llega por el aumento del precio del petróleo y los combustibles fósiles, para defender su postura y su perfil de apuesta por una economía descarbonizada.

En una línea similar se ha manifestado el comisario de Energía, Dan Jorgensen: “Europa se enfrenta a una nueva crisis de las energías fósiles. Esto debe servirnos de llamada de atención y marcar un punto de inflexión: es el momento de que Europa abandone su dependencia de los combustibles fósiles y avance hacia la autonomía energética limpia”. Ambos, tanto Ribera como el comisario danés, forman parte de la familia socialdemócrata que defiende el Pacto Verde y aboga por no erosionarlo ante el terremoto geopolítico provocado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como una forma de reducir las dependencias europeas de las grandes potencias (China, Estados Unidos y Rusia).

Desde que comenzó el conflicto, también la presidenta Von der Leyen, conservadora alemana, ha reiterado en varias ocasiones que esta crisis demuestra que Europa debe apostar por fuentes energéticas que refuercen su autonomía, señalando explícitamente a las renovables y la nuclear. Las dos tienen la ventaja de que ahondan en la descarbonización de la economía.