El Gobierno reactiva el nuevo examen a la sostenibilidad del sistema de pensiones que le reclamó Bruselas | Economía

El Consejo de Ministros ha satisfecho la petición de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y ha vuelto a solicitar una evaluación de la sostenibilidad del sistema de pensiones, esta vez con la fórmula que reclamaba el organismo supervisor. La vía por la que había optado inicialmente el Ejecutivo soliviantó a la Airef, hasta tal punto que anunció la parálisis de ese examen requerido por Bruselas. Esta decisión gubernamental desbloquea una evaluación muy polémica, tanto que la anterior presidenta, Cristina Herrero, catalogó el encargo como un “uso privativo” de los recursos de la institución por parte del Gobierno central y apreció una “merma” de la independencia de la Airef.

Este episodio arranca en julio de 2025, cuando el Gobierno pidió a la Airef un nuevo informe sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y que lo tuviera listo para junio de 2026, poco más de un año después del que el organismo ya publicó en marzo de 2025. Pese a conceder un aprobado raspado, ese análisis alertaba de que la salud de las cuentas estaba empeorando. Aunque con el calendario en la mano la Airef no debía volver a hacer esta revisión hasta tres años después, el Gobierno pidió ese nuevo diagnóstico por la presión de Bruselas: la Comisión Europea estaba molesta por el hecho de que el examen tomase en cuenta las transferencias de impuestos a la Seguridad Social, según fuentes conocedoras de la situación. Ante este escenario, la anterior presidenta de la Airef manifestó en repetidas ocasiones su oposición a ese nuevo encargo porque no veía sentido a repetir el examen. Y no solo era un rechazo de contenido, también formal.

Según la ley orgánica que regula el funcionamiento de la Airef, este organismo puede emitir tres tipos de documentos: informes, opiniones y estudios, cada uno con particularidades propias. El Gobierno pidió un informe, lo que chocó con el rechazo de la institución. “No puede ser un informe”, dijo en noviembre del año pasado Herrero, “porque nuestra ley orgánica dice que los informes no son más que los que la ley establece”. Y argumentó que la Abogacía del Estado, a la que consultaron al respecto, sostuvo esta interpretación. Así, la Airef interpretó que el encargo estaba mal planteado y que debería ser un estudio, que el organismo realizaría en el plazo que permitiesen sus recursos disponibles (dada las otras muchas peticiones y obligaciones respecto a otras administraciones, también autonómicas y locales) y con la metodología que eligiese el organismo.

Tal como pidió la Airef, el acuerdo del Gobierno de la semana pasada descarta la vía del “informe” y opta por reclamar un “estudio”. La actual presidenta del organismo, Inés Olóndriz, opinó la semana pasada sobre el desbloqueo de esta evaluación: “Es cierto que hubo fricciones con el Gobierno en el pasado porque Airef consideró que se estaba menoscabando la independencia de la institución e insistió en que eso no podía ser, que se tenía que actuar de otra manera. Y finalmente el Ministerio de Seguridad Social lo ha comprendido”. “Nos alegramos”, insistió Olóndriz, “de que finalmente hayan entendido que se tiene que preservar la independencia de la Airef. Ahora iniciaremos el plan de acción”. La nueva presidenta indicó que presentarán el estudio el 1 de junio, pese a lo ajustado de los plazos, tal como reclamaba el primer requerimiento de la Seguridad Social.

Olóndriz dio estas explicaciones la semana pasada en su primera rueda de prensa al frente de la Airef, tras ser ratificada por el Congreso el 25 de marzo. El nombramiento ha sido muy criticado por la oposición, dado que toma las riendas del supervisor tras ocupar un alto cargo en el Ministerio de Hacienda. Ponen en cuestión su imparcialidad porque hasta hace semanas era secretaria general de Financiación Autonómica y Local bajo las órdenes de María Jesús Montero. Olóndriz toma el relevo de Herrero, muy crítica con la forma de proceder del Ejecutivo.

Sistema en tensión

El Gobierno aprobó por los pelos el anterior examen del sistema de pensiones, por una sola décima de PIB. La Airef estimó en marzo un gasto neto del 13,2% del PIB en el promedio entre 2022 y 2050, justo una décima por debajo del umbral a partir del cual habría que aplicar un ajuste. Este aprobado raspado se logró tras un polémico cambio metodológico impuesto por el Gobierno en ese examen, por el que incluía las transferencias del Estado a la Seguridad Social (fondos que no proceden de las cotizaciones) pese a que originalmente no se contemplaban. La Airef solo contó las transferencias que consideraba legítimas (unas tres décimas de los 1,3 puntos de PIB que suponen), pero el cambio fue muy criticado por este organismo supervisor, enfado que se acrecentó tras conocerse el nuevo encargo.

El gasto en pensiones es una de las principales conversaciones del debate económico actual, en plena discusión intergeneracional. La jubilación de la pobladísima generación del baby boom, el aumento de la cuantía de las prestaciones, la revalorización de las pensiones conforme al IPC o la escasa natalidad son algunos de los factores que condicionan el escenario actual y futuro. Airef volverá a analizar la situación y entregará sus resultados en junio, esta vez bajo la presidencia de Olóndriz.