Consumo calcula que el límite del 2% a las subidas de los alquileres ahorrará hasta 658 euros a los inquilinos | Vivienda | Economía

El real decreto que contempla que los inquilinos de viviendas cuyo contrato finalice entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 puedan acogerse a una prórroga de dos años con el mero gesto de enviar un burofax a sus caseros se votará el próximo 28 de abril. Junto con esta moratoria extraordinaria, el nuevo marco normativo que entró en vigor el 22 de marzo contempla también la limitación de la actualización anual de los contratos al 2%. Y en el contexto económico actual, con una inflación emergente como consecuencia de la guerra en Irán, este freno en las futuras alzas, de convalidarse, podría aliviar hasta en 658 euros de manera acumulada en los próximos dos años a los potenciales beneficiarios en el peor de los escenarios, según los cálculos que ha elaborado Sumar en un informe que ha dado a conocer este jueves.

Alargar las condiciones de los contratos de alquiler durante los dos próximos años pasa por ser el objetivo principal del real decreto que aprobó el Gobierno de coalición hace tres semanas, dentro del paquete de medidas destinado a paliar los efectos económicos provocados por la guerra de Irán. Según los primeros cálculos que realizó esta formación, cerca de un millón de hogares podrían reclamar esta prórroga, puesto que muchos de los contratos que se firmaron durante la pandemia estarían a punto de finalizar, teniendo en cuenta que la duración media de estos es de cinco años, según estimaciones del Ministerio de Consumo.

Sin embargo, este dato es una mera estimación, puesto que obvia otras realidades, como aquellos contratos que pudieron acabarse antes de su fecha de caducidad original por distintas razones, o aquellos que se firmaron con grandes tenedores, en cuyo caso, su vigencia sería de siete años, y quedarían fuera de las fechas que contempla la nueva norma.

En el estudio divulgado este jueves, el departamento que dirige Pablo Bustinduy ha contabilizado el impacto económico que supondría en los bolsillos de los inquilinos la limitación de las subidas anuales al 2%. Tomando este tope como punto de referencia, junto con los contratos de arrendamiento vigentes cuya revisión anual sigue sujeta a la evolución del IPC ―a diferencia de los nuevos contratos que pasen a regirse por el índice de referencia de arrendamiento de vivienda (IRAV) previsto en la Ley de Vivienda―, así como las proyecciones del Banco de España respecto a la evolución del IPC para los años 2026 y 2027, el informe contabiliza la cuantía de los distintos ahorros plausibles en distintos contextos inflacionarios.

Así, en un escenario adverso con la inflación en el 3,9% en 2026 y el 2% en 2027, “la indexación libre situaría la mensualidad mediana en 623,4 euros el primer año y rozaría los 636 euros el segundo”, indica el texto. “La aplicación ineludible del tope del 2% asegura un ahorro directo de 11,4 euros al mes en 2026 y de casi 12 euros mensuales en 2027″. En total, la norma retendría 276 euros.

Con unas proyecciones de encarecimiento del coste de la vida algo más reducidas, del 3% en 2026 y del 2,5% en 2027, la suma acumulada del ahorro, estiman desde Consumo, se situaría en 182,5 euros. Mientras que en un marco mucho más desfavorable, con las subidas más acusadas (del 5,9% en 2026 y 3,2% para 2027), el impacto del tope a las alzas sería el más elevado, 658 euros.

Mayor impacto

A partir de estos recortes generales, el informe de Consumo incide en que serían mucho más acusados y, por tanto, beneficiosos, en lugares donde la presión de la vivienda es más elevada. Es el caso de la Comunidad de Madrid, donde el “cortafuegos del 2%” provocaría un ahorro de 364 euros, 240 euros y 867 euros, en los tres escenarios inflacionarios señalados anteriormente. En Cataluña, otro de los polos más calientes del mercado del alquiler, este mismo cinturón llevaría a que los inquilinos tuvieran un ahorro de 331 euros, 219 euros y 790 euros, respectivamente, también bajo las mismas previsiones.

Desde que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el nuevo real decreto, Sumar ―que arrastró al PSOE a incluir estas dos medidas dentro del paquete general tras un plantón de varias horas que retrasó el inicio del Consejo de Ministros extraordinario― ha tratado de reunirse con las formaciones que son contrarias a su ratificación. Y es que esta medida no cuenta, de momento, con los apoyos parlamentarios suficientes para convalidarla, tras confirmarse los rechazos de PP, Vox, UPN y Junts, que forman mayoría. Eso supondría su derogación automática.

Sin embargo, incluso en el caso de que decaiga el real decreto, desde el Gobierno han venido trasladando el mensaje de que aquellos inquilinos que hubieran enviado el burofax mientras este nuevo marco estuviera vigente, podrán acogerse a la prórroga. Existe, pese a todo, controversia legal al respecto.

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