La Audiencia Nacional archiva de plano la querella de la banca contra la consultora que fichó a Begoña Villacís por estafa | Empresas

La Audiencia Nacional ha rechazado investigar la quiebra de BeDisruptive, la consultora en ciberseguridad conocida por fichar a personalidades como la ex vicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís o al experto en el sector Xavier Mitxelena. El Juzgado Central de Instrucción número 6, dirigido por el magistrado Antonio Piña, ha archivado de plano la querella que la banca presentó contra el exconsejero delegado la empresa, José Ángel Delgado; sus socios, los hermanos Beatriz y Julián López; y el administrador José Enrique Domínguez, al entender que no tiene la competencia para investigar el agujero superior a 85 millones de euros que la tecnológica dejó por el impago de varios créditos.

BeDisruptive se encuentra en concurso de acreedores desde noviembre del año pasado, debido al impago de los préstamos bancarios y el impago de nóminas, entre otros motivos. El pasado 10 de junio, el Juzgado de lo Mercantil número 19 de Madrid declaró la apertura de la fase de liquidación de la compañía, después de que acreedores y la consultora no hayan llegado a un acuerdo para satisfacer las deudas.

En paralelo, varias entidades financieras y fondos de inversión decidieron instar a la apertura de un procedimiento penal para denunciar que los responsables de BeDisruptive les engañaron para lograr su apoyo financiero. Así, acudieron a la Audiencia Nacional para presentar una querella por los delitos de estafa agravada, falsedad contable, frustración de la ejecución e insolvencia punible.

La querella, firmada por BBVA, Banco Santander, CaixaBank, Banco Sabadell, la sociedad público-privada especializada en la gestión de fondos estatales Cofides, o los fondos Iberian Direct, Triana (asesorado por Beka Credit) y Talde Gestión −estos dos últimos centrados en la inversión de pymes−, señala que la boutique de ciberseguridad consiguió financiación de estas entidades, entre 2020 y 2023, ocultando su verdadera situación económica, que se situaba al borde de la quiebra. Para ello, los socios de BeDisruptive facilitaron “datos contables, financieros y económicos falsos dirigidos a aparentar ser una empresa con gran capacidad económica y tener una solvencia que, en realidad, no tenía”, indicó.

Fuentes cercanas al procedimiento señalaron que ejemplo de la información que ofreció la compañía a las entidades fue asegurar que mantenía un saldo de 135 millones en un banco italiano y que estaba a la espera de una importante licitación del Gobierno de un país centroamericano.

BeDisruptive, nació en 2016, abrió sedes en Madrid, Roma y Ciudad de Panamá e implantó sus oficinas en el rascacielos Torre de Cristal, en pleno distrito financiero de la capital española. Durante esta época de supuesta bonanza, anunció sus planes de expansión en Milán y Washington y en 2023 fichó a la ex de Ciudadanos Begoña Villacís como directora global de Relaciones Internacionales, así como a Xavier Mitxelena, como director general, si bien ambos se marcharon a los 10 meses.

No afecta a la economía nacional

Tras pedir un informe a la Fiscalía sobre la competencia y pertinencia de investigar estos hechos, el juez Antonio Piña ha descartado abrir una causa, decisión que se ha declarado firme al no haber sido recurrida, según han indicado fuentes jurídicas. En un auto con fecha del pasado 1 de julio, al que ha tenido acceso este periódico, explica que no se dan los requisitos para que la Audiencia Nacional inicie unas pesquisas para aclarar si los socios de BeDisruptive estafaron a los bancos. Es decir, no ve que los hechos denunciados produzcan o puedan producir una grave repercusión en la economía nacional, ni un perjuicio patrimonial en una generalidad de persona en más de un territorio.

El magistrado no aprecia una afectación en la economía nacional, pese a que la cantidad de defraudación fijada en la jurisprudencia para considerar la competencia de la Audiencia Nacional se sitúa en entre más de siete y 21 millones de euros, y la denunciada por la banca superaría los 85 millones. En su resolución, apostilla que para que se cumpla dicha condición no se debe atender “al puro dato económico”, sino que se deben presentar otros factores de “naturaleza social o económica” que hagan la investigación sea compleja, ya sea porque el domicilio fiscal de la empresa querellada esté en un lugar diferente al de su sede social, en el extranjero, o exista un entramado societario que obligue a requerir el auxilio judicial de otros países para aclarar los hechos, según apuntó el Tribunal Supremo en varios autos.

Asimismo, el juez Piña tampoco ve que se cumpla el requisito de más de un territorio afectado. Según dice en su auto, solo afecta a las entidades que han presentado la querella conjunta. “No es suficiente la mera o eventual existencia de una pluralidad de perjudicados, si no va unido a otros presupuestos, como la extraordinaria trascendencia económica, la complejidad de las investigaciones, la intensidad o entidad de los efectos del delito, la existencia de razones especiales para asegurar los objetivos del proceso concentrando la investigación fuera de la jurisdicción que corresponde por aplicación del principio territorial y el de conexidad”, razona.