La IGAE: un siglo y medio de control silencioso | Opinión

En los últimos días diversos medios se han referido a un informe, emitido en el marco del llamado caso Koldo, relativo a presuntas irregularidades en varias adjudicaciones de contratos de obras públicas.

En dichas informaciones se cita a la autora del documento, la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) integrada en la Fiscalía Anticorrupción. Pero, más allá del contenido del informe, que se suma a otros que periódicamente alcanzan relevancia mediática, conviene detenerse en la propia IGAE, un organismo tan esencial como poco conocido.

Regulada en la Ley General Presupuestaria, la Intervención General de la Administración del Estado es, además de responsable de la contabilidad pública, la encargada de ejercer de forma permanente el control interno que vela por la adecuación de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia —es decir, por el buen uso de los recursos públicos—.

No estamos ante una institución coyuntural. La Intervención del Estado existe desde 1874. Un siglo y medio de evolución ha configurado un sistema de control interno profesionalizado, integrado en la propia gestión pública y adaptado a su creciente complejidad.

Así, la ciudadanía suele conocer la IGAE a través de episodios concretos como el citado, pero, al margen de su aparición puntual en los medios, es importante tomar conciencia de su actividad constante, silenciosa y estructural, compartida en Europa por órganos de control equivalentes. Una actuación que se desarrolla sobre toda la Administración del Estado de forma descentralizada, acercando la función de control a su objeto e incorporándola a la propia toma de decisiones públicas.

Ese control exige, lógicamente, un elevado rigor técnico. Sirvan como ejemplo pericias de la naturaleza del caso citado, vinculadas a la contratación de obra pública, donde la actuación de la Intervención debe abarcar no solo la identificación de posibles desviaciones, sino también, de forma previa, el análisis de los procedimientos de licitación, la formación de precios y la adecuación de los criterios aplicados a la normativa vigente, entre otros extremos.

Por todo ello, la entidad la integran en nuestro país profesionales altamente cualificados con un elevado grado de especialización jurídica y económica. Entre ellos destacan los técnicos de auditoría y contabilidad, que representan la mayor parte de los funcionarios del grupo A que desarrollan funciones de control del gasto público.

Sin embargo, su reconocimiento no siempre ha estado a la altura de la importancia de su función, algo que el propio legislador ya advirtió en 2006, cuando en la Ley de medidas para la prevención del fraude fiscal estableció un mandato para revisar el encaje de los cuerpos técnicos en la Administración. Una previsión que, dos décadas después, sigue pendiente de desarrollo efectivo en la IGAE, la AEAT y el conjunto del Ministerio de Hacienda.

Se trata de una cuestión de coherencia institucional: siendo la contabilidad pública y el sistema de control interno piezas clave del Estado, también debe serlo el adecuado reconocimiento y encaje organizativo de quienes lo hacen posible, garantizando el ejercicio de su labor con independencia y eficacia.

En un contexto en el que la gestión de fondos públicos —nacionales y europeos— adquiere una dimensión creciente y en que continúan apareciendo episodios de irregularidades en la gestión de los recursos públicos, reforzar y visibilizar los mecanismos de control resulta más necesario que nunca.

Y es que la confianza en lo público descansa, en gran medida, en la existencia de procedimientos sólidos, controles eficaces y profesionales independientes y valorados que los apliquen con rigor.