España reduce el déficit público al 2,2% en 2025, el mejor dato en 18 años | Economía

España ha vuelto a cumplir con los objetivos fiscales. El déficit público cerró 2025 en el 2,2% del PIB, por debajo de lo pactado con Bruselas, con quien el Gobierno se había comprometido a un desfase máximo del 2,5%. En términos absolutos, la cifra se corresponde a 36.780 millones, un descenso de casi 9.000 millones comparado con el ejercicio previo. Incluyendo el gasto asociado a la reconstrucción tras la dana, el desequilibrio sube al 2,4%, aun así por debajo del objetivo.

La ya exministra de Hacienda, María Jesús Montero, adelantó hace dos semanas que España había cumplido con el objetivo de déficit fijado para 2025. “Pocos podían imaginar que era posible lograr este hito sin aplicar ningún recorte cuando el déficit alcanzó el 10% en plena pandemia”, dijo en un encuentro informativo organizado pocos días antes de que abandonara sus cargos en el Gobierno —Arcadi España ha tomado las riendas del ministerio y Carlos Cuerpo de la vicepresidencia primera— para concurrir a las elecciones andaluzas del próximo mayo.

La pandemia dejó profundamente trastocadas las finanzas públicas españolas. La ratio de déficit sobre el PIB, es decir el saldo negativo entre gastos e ingresos públicos, se disparó de un plumazo en 2020 y llegó a rozar el 10%. El alza con respecto al año previo superó los seis puntos porcentuales, resultado del cañonazo de recursos desplegados para contener el impacto social y económico de la covid. A partir del año siguiente, el desfase se ha ido reduciendo a marchas forzadas, más bien gracias a la subida de los ingresos que al desahogo en el gasto.

Aunque los desembolsos han frenado su ritmo de crecimiento una vez contenida la emergencia sanitaria, el impulso a la corrección del desajuste se explica en mayor medida por el aumento de recursos registrado a lomos de una intensa recuperación económica y ayudados por la subida de la inflación. La recaudación por impuestos creció a tasas de doble dígito durante los años sucesivos a la pandemia, y siguió viento en popa incluso con la crisis energética de 2022 y la batería millonaria de rebajas fiscales aprobadas para hacerle frente.

Reglas fiscales

Hasta el año 2024, los socios comunitarios han podido manejar sus cuentas públicas con restricciones relativas, puesto que las reglas fiscales comunitarias, suspendidas con la irrupción de la pandemia en 2020, seguían congeladas. Pero el corsé presupuestario europeo vuelve a estar en vigor desde el año pasado. Y lo ha hecho con un marco renovado, menos exigente en el corto plazo, pero igual de condicionante.

Pese a seguir vigente la obligación de mantener el déficit a rajatabla, por debajo del fatídico umbral del 3% del PIB, la nueva variable de control ha pasado a ser el crecimiento del gasto público neto de medidas de ingresos. Es en este terreno donde los Estados miembros deben echar el freno: el objetivo final de las nuevas reglas fiscales de Bruselas es que la deuda pública de sus socios se sitúe en una trayectoria descendente.

Y es ahí donde España lo podría tener más difícil. La Autoridad Fiscal había avisado, antes de que se iniciara la guerra en Oriente Próximo, que harían falta ajustes a partir de 2027 para poder respetar los compromisos en materia de crecimiento del gasto asumidos con Bruselas. Pero la contienda ha alterado todas las previsiones. Según el organismo, el plan de ayudas de 5.000 millones que el Gobierno ha aprobado para mitigar el impacto del conflicto obligará ya este año a tomar medidas. Su calado dependerá de durante cuánto tiempo y con qué intensidad las hostilidades seguirán golpeando la economía mundial.