Las azafatas de vuelo acarician el sueño de la jubilación anticipada que las igualaría a los pilotos | Empresas
La histórica reivindicación en el sector aéreo sobre la jubilación anticipada de los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP), defendida por los sindicatos por la penosidad de una profesión con amplia mayoría femenina y no respaldada hasta ahora por la patronal CEOE, ha encontrado un importante punto de apoyo en una sentencia del Tribunal Supremo firmada el 18 de febrero. También juegan a favor un fallo de este mes de un juzgado de primera instancia de Madrid y que el grupo Sumar haya presentado una proposición no de ley en el Congreso para que estos asistentes de vuelo puedan igualar sus condiciones a las de los pilotos en lo que se refiere a la jubilación anticipada. Para las fuerzas sindicales es un problema de pura discriminación de género.
Tras denuncia de CGT contra el Real decreto 402/2025 por el que se regulan los supuestos para anticipar la jubilación mediante la aplicación de coeficientes reductores, el Supremo estima que la propia norma contempla que las solicitudes puedan ser presentadas en solitario por los sindicatos o por las organizaciones empresariales. CGT no obtuvo una opinión más contundente del Supremo, pero sirve para que la profesión intente sacar adelante el reconocimiento independientemente del apoyo empresarial.
Sindicatos de TCP como UGT, USO, Stavla y Sitcpla habían fracasado durante años en el intento de que la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) y la CEOE avalaran la reivindicación. Por ello, Sitcpla tiene presentadas alegaciones para frenar un posible bloqueo del expediente que abrió en julio de 2025 ante Trabajo. El ministerio de Yolanda Díaz tiene constancia de que los representantes de los trabajadores no cuentan con el respaldo de la patronal y debe decidir si eleva el caso a valoración técnica, o no, pese a la anterior lectura de que el Real Decreto 402/2025 prioriza que trabajadores y empresas vayan de la mano. Un portavoz de ALA, asociación que agrupa a la práctica totalidad de aerolíneas con actividad en España, señala que “no tenemos posición al respecto”. Una especie de neutralidad que puede leerse como falta de acuerdo entre las compañías con más peso en el país.
En medio de ese proceso, UGT planteó el pasado viernes, en el seno del Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la modificación del Real Decreto 1995/1986 para que se incluya de manera expresa al colectivo de TCPs dentro del Real Decreto de Trabajos Aéreos. Con ello, se explica desde el sindicato, se evitaría la necesidad de abrir expedientes individuales o específicos para tratar la jubilación anticipada. “Tenemos mucha confianza en que CEOE y CC OO se sumen. Hay varias sentencias que avalan el reconocimiento a los TCP el mismo derecho que al resto de colectivos de vuelo [pilotos, mecánicos de vuelo o sanitarios de vuelo]. Lo contrario es claramente discriminatorio, y más teniendo en cuenta que el colectivo TCP está altamente feminizado”, considera José María Pérez Grande, secretario general del Sector Aéreo FeSMC-UGT.
Deben tomar posición de nuevo la asociación de líneas aéreas y la CEOE, donde la oposición se debe fundamentalmente al incremento de costes vía cotizaciones. Distintas fuentes consultadas explican que la mayor operadora española, Iberia, está dispuesta a coger esta bandera tras mantener posiciones más tibias en el pasado. Un portavoz oficial de la aerolínea ratifica que la posición es “a favor de la reivindicación de los TCP como una medida justa que ayudará a mejorar la vida del colectivo”.
Los tripulantes de cabina de pasajeros, plantilla formada en un 75% por mujeres, más de 8.000 en España, cuentan con informes sobre el desgaste que sufren por su exposición a radiación en altura o a la presurización de las cabinas de los aviones, ambos efectos relacionados con el envejecimiento celular. A ellos se suma la alteración de los ciclos del sueño por la alternancia horaria en los turnos de trabajo o por el propio jet lag. Algunos de esos informes hablan de la exposición de la mujer tripulante a padecer enfermedades oncológicas y fueron llevados ante la Comisión Europea por el sindicato Sitcpla.
Fue en 2023, cuando denunció a España ante la Comisión y Parlamento europeos por discriminación. Ese pulso propició la apertura de un proceso conocido como diálogo estructurado en busca de soluciones. Laura Gil Rodríguez, presidenta del Sitcpla ha afirmado en una entrevista concedida a Artículo14 que el momento es crucial: “Tenemos alegaciones jurídicas para evitar el bloqueo del expediente. Tras solicitar la inclusión de los TCP en julio de 2025, la Dirección General de Ordenación nos ha requerido que la petición de solicitud inicial sea conjunta con la asociación empresarial. Desde Sitcpla, hemos presentado un escrito formal de contestación donde acreditamos que, ante la imposibilidad material de lograr el acuerdo con la asociación empresarial, la Administración no puede paralizar nuestro derecho”.
Desde policías a toreros
El texto de la proposición no de ley presentado en febrero por la diputada de Sumar Aina Vidal, en defensa del colectivo de TCPs, toca la tecla de la igualdad de género al aseverar que la mayoría de las profesiones que cuentan con beneficios de jubilación anticipada, como la de mineros, maquinistas ferroviarios, profesionales taurinos, bomberos o policías locales, son copadas por hombres.
Considerado personal de vuelo por la Ley de Navegación Aérea de 1960, los y las TCPs lamentan estar sometidos exactamente a los mismos riesgos físicos que sus compañeros pilotos, pero no gozar del derecho de la jubilación anticipada con la aplicación de un coeficiente reductor por penosidad de 0,4 en los años de obligada cotización. Pese a un retiro temprano, la normativa garantiza que los comandantes y copilotos reciben la pensión completa. Una concesión que también alcanza a fotógrafos aéreos, mecánicos y sanitarios de vuelo.
Muy acostumbradas a defender sus derechos laborales desde años atrás por la eventualidad en la profesión, las azafatas y sus compañeros que prestan servicio junto a los viajeros acarician ahora una próxima solución para una patata caliente que se han ido pasando hasta 14 ministro de Trabajo y cinco presidentes del Gobierno.
