MasOrange y Vodafone se disputarán el contrato de las pulseras antimaltratadores | Economía

MasOrange y Vodafone España han quedado como los únicos licitadores en la pugna por el nuevo contrato del Sistema Cometa, el servicio integral de seguimiento telemático para víctimas de violencia de género, tras la confirmación de las alianzas estratégicas con sus respectivos socios tecnológicos y la retirada definitiva de Telefónica, informaron en fuentes conocedoras del proceso. La licitación convocada por el Ministerio de Igualdad, valorada en un máximo de 111 millones de euros, definirá la gestión de las pulseras de control para maltratadores durante los próximos cinco años tras los fallos detectados en el sistema desde al menos 2024 que ocasionaron la convocatoria de un nuevo concurso.

El proceso concursal ha cristalizado en dos bloques. Vodafone, actual adjudicatario del servicio, concurre al proceso junto a Securitas Seguridad España, filial del grupo sueco Securitas AB, con el objetivo de dar continuidad a la gestión iniciada en 2023 pese a los fallos detectados en su actual prestación. Por su parte, MasOrange ha formalizado una Unión Temporal de Empresas (UTE) con Securitas Direct, propiedad del fondo Hellman & Friedman (bajo la marca global Verisure).

La ausencia de Telefónica, que operó el sistema de forma ininterrumpida desde su creación en 2009 hasta la anterior legislatura, puede deberse a la elevada complejidad técnica de los nuevos pliegos y, sobre todo, a los riesgos reputacionales derivados de las posibles sanciones por fallos de red, señalan fuentes del sector, aunque la compañía ha declinado hacer comentarios oficiales. Además, en el escenario actual, los márgenes de beneficio se han visto reducidos por las crecientes exigencias de inversión en hardware y personal.

La pugna por el nuevo contrato se produce apenas semanas después de que el departamento que dirige Ana Redondo impusiera una sanción de 25.285 euros a Vodafone. La multa responde a una incidencia técnica registrada el pasado 11 de noviembre de 2025, cuando el sistema sufrió una caída de cobertura que afectó a la monitorización de los dispositivos durante trece horas consecutivas. La sanción se hará efectiva mediante la deducción de cantidades en los pagos corrientes del contrato, tras valorar la implicación de la empresa para estabilizar la plataforma.

No obstante, este incidente ha servido como catalizador para que el nuevo pliego incluya cláusulas de penalización mucho más estrictas en el futuro. El pliego actual exige a los licitadores la sustitución de cualquier terminal defectuoso en un plazo máximo de 24 horas y garantiza un stock permanente de 2.000 dispositivos listos para su envío inmediato a cualquier punto del territorio nacional.

La alianza de Vodafone con Securitas Seguridad España es la que ha operado junto a Vodafone en los últimos tres años, enfrentando el reto de la transición tecnológica que supuso relevar a Telefónica en 2023, un proceso que la Fiscalía General del Estado calificó de problemático en su última memoria anual debido a la pérdida temporal de datos de ubicación de algunos agresores monitorizados.

En el lado opuesto, MasOrange ha optado por aliarse con Securitas Direct, empresa líder en el mercado de alarmas domésticas y de negocios en España. La estrategia de esta UTE busca aprovechar la capilaridad de la red de Securitas Direct y su capacidad de respuesta rápida en la atención de alertas ciudadanas.

Nuevos requisitos

El nuevo contrato impone una renovación total del hardware disponible. Los pliegos técnicos estipulan que los nuevos dispositivos de seguimiento se colocarán obligatoriamente en el tobillo del agresor, abandonando el formato de muñeca utilizado mayoritariamente hasta la fecha. Esta decisión responde a las recomendaciones de los cuerpos policiales y de los juzgados de violencia sobre la mujer, que detectaron una alta tasa de manipulaciones y cortes en las correas de los dispositivos de muñeca anteriores.

Las especificaciones técnicas requeridas a Vodafone y MasOrange incluyen la integración de tecnología eSIM en todos los terminales. Los dispositivos deberán llevar tarjetas SIM no extraíbles para evitar la desactivación manual de la transmisión de datos por parte del portador. Asimismo, se exige el uso de materiales de alta resistencia a la tracción y al corte para minimizar las alertas por rotura accidental o deliberada. La autonomía extendida de las baterías es otro requisito fundamental, debiendo garantizar una operatividad significativamente mayor para reducir la dependencia de los cargadores portátiles.

El sistema deberá contar con geolocalización híbrida para mejorar la precisión del GPS mediante el apoyo de redes móviles y tecnología Bluetooth de baja energía en zonas con baja cobertura satelital o espacios interiores. El endurecimiento de estas condiciones administrativas llega tras un periodo de tensiones entre el Ministerio de Igualdad y el estamento judicial. Varios magistrados de violencia de género alertaron desde mediados de 2024 sobre disfunciones persistentes que impedían acreditar con seguridad jurídica el quebrantamiento de las medidas de alejamiento impuestas.

La Fiscalía General del Estado señaló en sus informes que los múltiples fallos del sistema vigente habían derivado en algunos casos en sentencias absolutorias, ante la imposibilidad de demostrar fehacientemente que el agresor se encontraba en el perímetro prohibido debido a errores de posicionamiento técnico.

La ministra Ana Redondo defendió durante la presentación del presupuesto que el objetivo de esta inversión de 111 millones de euros es dotar al sistema de una robustez que no deje margen a la duda judicial. El aumento del personal mínimo en el Centro Cometa hasta los 151 trabajadores es otra de las medidas incluidas para mejorar la gestión de las aproximadamente 17.660 unidades que se prevé adquirir durante la vigencia del contrato. Esta ampliación de plantilla busca mitigar las quejas de las trabajadoras del servicio, quienes han señalado tanto al Ministerio como a las empresas adjudicatarias por la carga de trabajo derivada de los fallos tecnológicos recurrentes.

El Ministerio de Igualdad se vio obligado a ampliar el plazo de presentación de ofertas hasta el 20 de marzo de 2026, alegando la extrema complejidad técnica de la propuesta y la necesidad de asegurar la concurrencia de ofertas solventes. El análisis de las memorias técnicas y las ofertas económicas por parte de la mesa de contratación determinará al ganador antes del mes de mayo, fecha en la que expira el contrato actual prorrogado. La resolución de este concurso marcará el estándar de protección para las víctimas de violencia machista en España hasta el año 2031.

La inversión total se desglosa en un presupuesto base de 71,3 millones de euros, al que se suman las posibles prórrogas y las modificaciones previstas para adaptar el sistema a nuevas necesidades legislativas o técnicas que puedan surgir durante el quinquenio. La transición hacia el modelo de tobillera obligatoria implicará un despliegue logístico coordinado con las fuerzas de seguridad para la sustitución progresiva de los terminales activos en la actualidad.

El Ministerio ha subrayado que, a pesar de los fallos puntuales detectados, el sistema funciona con normalidad y los servicios de emergencia como el botón del pánico permanecen operativos en todo momento para garantizar la respuesta inmediata ante situaciones de riesgo inminente.