La CNMC autoriza el apagado de las redes de Silbö Telecom por impagos continuados | Empresas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido una resolución con fecha de 12 de marzo de 2026, a la que ha tenido acceso EL PAÏS/Cinco Días, que autoriza de manera definitiva a los proveedores mayoristas de telecomunicaciones a suspender el servicio técnico a la operadora Silbö Telecom. La decisión administrativa responde a un conflicto de acceso motivado por el impago reiterado de las facturas devengadas por el uso de las redes de fibra y telefonía móvil, lo que supone el cese efectivo de la actividad de la compañía apenas dos años después de su lanzamiento comercial en el mercado español.

El organismo regulador, tras instruir un procedimiento simplificado de conflicto de acceso, ha determinado que Aire Networks —empresa mayorista controlada por el fondo de capital riesgo francés Ardian— cuenta con el aval legal para retirar el acceso a sus infraestructuras a la operadora Silbö. Según consta en el expediente administrativo, el cese de la prestación de servicios mayoristas se ejecutará una vez transcurrido el plazo de un mes y quince días desde la notificación formal de la resolución. En el caso específico de las conexiones de fibra óptica (FTTH), la CNMC ha fijado el calendario de desconexión para el próximo 4 de mayo de 2026.

La crisis financiera de Silbö Telecom se precipitó en junio de 2025, momento en el que, según la documentación aportada por los mayoristas, la operadora comenzó a incurrir en impagos sistemáticos. Aire Networks, que provee cobertura móvil de Movistar y acceso a red de fibra, solicitó inicialmente medidas provisionales para mitigar el perjuicio económico, incluyendo la posibilidad de una migración forzada de los abonados hacia sus propias plataformas. No obstante, el regulador ha optado por autorizar la desconexión total, dejando bajo la responsabilidad de Silbö la comunicación a sus clientes y la gestión de sus derechos de portabilidad.

Silbö Telecom irrumpió en el mercado de las telecomunicaciones en marzo de 2024 bajo la dirección de Jorge Morán, antiguo directivo de la operadora Finetwork, y respaldada por un grupo de 11 socios fundadores que aportaron un capital inicial de 20 millones de euros. La estrategia de la compañía se centró en un crecimiento acelerado basado en la inversión publicitaria masiva y el patrocinio deportivo de alto perfil. Apenas tres meses después de su creación, la operadora alcanzó un acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para convertirse en patrocinador principal de la Selección Española de fútbol hasta el año 2028, una operación que supuso un desembolso de 1,6 millones de euros durante el ejercicio 2024, y que ha resultado fallida. Se da la circuntancia de que Finetwork, que también patrocinó a la selección, entró en concurso de acreedores por impago y fue absorbida por Vodafone.

Pese a que los objetivos fundacionales de la empresa pasaban por captar 1,2 millones de líneas en un periodo de cuatro años y abrir 250 establecimientos físicos, la realidad operativa mostró signos de agotamiento financiero a mediados de 2025. Los distribuidores de la compañía comenzaron a denunciar retrasos en los pagos de comisiones, coincidiendo con el inicio de los impagos a los proveedores de red.

En junio de 2025, Silbö anunció un acuerdo estratégico con Vodafone para migrar su base de clientes y transformarse en un Operador Móvil Virtual (OMV) completo mediante su división OpenFree, un movimiento que la dirección presentó como un salto cualitativo hacia la independencia técnica, pero que no logró estabilizar el flujo de caja.

También MasOrange

La resolución de la CNMC confirma que, además de Aire Networks, el mayorista Suma (perteneciente al Grupo MásOrange) también instó al regulador a permitir el corte de suministro por impagos acumulados desde septiembre de 2025. La falta de respuesta de Silbö a los requerimientos de información del regulador durante la fase de instrucción ha sido un factor determinante en la decisión final. La CNMC señala en sus fundamentos de derecho que no existe una obligación legal para los operadores de red de soportar una situación de impago prolongado, especialmente cuando el deudor no ofrece garantías de pago ni planes de viabilidad creíbles.

Aire Networks, la parte demandante en este conflicto, es uno de los principales habilitadores de telecomunicaciones en España. La compañía fue adquirida en 2022 por Ardian, una firma de inversión privada global, con el objetivo de consolidar un operador mayorista independiente capaz de competir con los grandes grupos integrados. La firmeza de Aire Networks en el conflicto regulatorio subraya la presión sobre los márgenes en el segmento mayorista ante el incremento de la morosidad en el sector de los operadores virtuales de bajo coste.

Desde el punto de vista legal, la CNMC se ampara en la Ley 11/2022 General de Telecomunicaciones para resolver estos conflictos, garantizando que el cese del servicio se realice de forma ordenada para minimizar el impacto sobre el interés general. La normativa exige que Silbö informe a sus clientes con al menos 30 días de antelación sobre el cese definitivo de la cobertura, permitiéndoles migrar sus números a otras operadoras sin coste adicional. En caso de que la operadora no cumpla con esta obligación de preaviso, la responsabilidad recaerá directamente sobre sus administradores, dado que los mayoristas ya han recibido el plácet administrativo para proceder al apagado de los circuitos.

La situación actual de Silbö Telecom es de práctica inactividad comercial. En diciembre de 2025, la compañía retiró de su portal web la oferta comercial diversificada de fibra y televisión, sustituyéndola por una única modalidad de pago anual para telefonía móvil, una medida interpretada por los analistas del sector como un intento desesperado de captar liquidez inmediata ante el cierre de las líneas de crédito mayoristas. La desaparición de Silbö del mercado pone de relieve la vulnerabilidad del modelo de smart cost cuando no se dispone de infraestructura propia ni de una estructura de costes equilibrada frente a las agresivas campañas de captación de clientes.

La resolución de la CNMC pone fin a la vía administrativa, aunque la operadora Silbö dispone de un plazo de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Sin embargo, dada la fecha de ejecución técnica prevista para mayo de 2026, los analistas consideran improbable que una medida cautelar judicial pueda revertir el proceso de desconexión antes de que los clientes abandonen la plataforma.